Cristian Campos-El Español
 

Imagino que cuando Torcuato Fernández-Miranda acuñó la frase que ha acabado convirtiéndose en símbolo de la Transición, «de la ley a la ley a través de la ley», no previó que casi cincuenta años después el Tribunal Constitucional se la tomaría al pie de la letra, pero para desandar lo andado y volver al punto de partida.

Que la democracia española es un carril de doble sentido quedó probado cuando Pedro Sánchez reformó el Código Penal para beneficiar a un puñado de delincuentes que resultaron tener los votos que él necesitaba para anclarse a la Moncloa.

Y ni siquiera para ejercer el poder, sino sólo para adherirse a él. Porque hace muchos meses que España carece de gobierno y este apenas tiene margen para generar conflictos diplomáticos, mantear al rey y amenazar con una ley de asfixia de la prensa libre. Sánchez no tiene mucho espacio para moverse, pero el poco que tiene lo utiliza con liberalidad para recordarnos que el verdadero poder es directamente proporcional al terror que puedas provocar en aquellos que se interponen en tu camino.

Que España ha vuelto a las andadas lo hemos intuido algunos ahora que el Tribunal Constitucional va a indultar de facto a los socialistas de los ERE por la vía de okupar la jurisdicción que el artículo 123 de la Constitución encomienda al Tribunal Supremo.

Me gustaría saber la opinión de María Peral, que es la que dio la noticia, y que por cierto es la mejor periodista de tribunales de este país. Yo intuyo que ella es positivista, pero lo que está ocurriendo en el Constitucional haría dudar al más convencido.

Los iuspositivistas defienden la separación de moral y derecho. Según ellos, una norma moralmente malvada debe ser obedecida siempre que haya sido dictada por un procedimiento formalmente válido. Y nadie puede negar que el Tribunal Constitucional ha dictado sus resoluciones siguiendo de forma estricta el procedimiento. La justicia sólo se interponía en el camino y ellos la han apartado de un manotazo, como por otra parte era fácil de prever que acabaría pasando cuando se crea un tribunal político en el que sus magistrados ni siquiera necesitan ser jueces, sólo recordar quién les ha puesto ahí.

El iuspositivismo fue, por cierto, el pretexto utilizado por los altos cargos del nazismo en los juicios de Núremberg. «La norma podía ser injusta, pero era legal, y nosotros obedecimos la ley». Acabaron colgados de una horca, claro.

A los iuspositivistas se oponen los iusnaturalistas, que creen en la existencia de unos derechos naturales anteriores y superiores al derecho positivo. A un iusnaturalista no se la cuelas con el rollo nazi, porque te responderá que la ley natural prohibe el asesinato aunque las leyes positivas lo toleren, pero queda inerme frente a un ayatolá.

A la frase «las mujeres son seres inferiores porque lo dice el Corán» un iusnaturalista sólo puede responder «Alahu Akbar». Un iuspositivista, en cambio, no tragará jamás con eso.

O no tragará, mejor dicho, mientras exista una norma que defienda la igualdad de hombres y mujeres. Si esa norma no existe, ya saben: «Alahu Akbar».

Lo de España y el Tribunal Constitucional es otra cosa. Una mezcla de los peores defectos del positivismo y de los peores del naturalismo, pero sin ninguna de sus virtudes.

Porque lo que están haciendo los magistrados del Constitucional es aplicar un derecho natural anterior al derecho positivo (el derecho del PSOE a prevaricar y malversar) pero manteniendo la apariencia de respeto al derecho positivo («la Constitución dice claramente esto, pero si le retuerzo el cuello a la gallina constitucional puedo hacerle cantar el Nessun Dorma«). Es una cosa muy coqueta y socialdemócrata eso de entregarse a la mojiganga sexual mientras se finge castidad.

Esa labor de contorsión del derecho para hacerle decir a la norma lo que necesitamos que diga en beneficio del PSOE me recuerda, salvando todas las distancias, a la lucha diaria que libramos en EL ESPAÑOL para encajar los titulares de las noticias en una extensión prefijada de cuatro líneas. Esa extensión es azarosa, podrían ser tres o cinco líneas, como la mayoría de edad son 18 años, aunque también podrían ser 17, 19 o 51.

Pero lo importante es que, por razones largas de explicar en esta columna, esa extensión es y debe ser de cuatro líneas.

Así que, cada día, los redactores de EL ESPAÑOL pasamos un buen rato ajustando los titulares para que quepan en esas cuatro líneas. Sustituimos comillas dobles por simples, buscamos sinónimos, eliminamos palabras redundantes, volteamos el titular, eliminamos gerundios. Al final, el titular «natural» es reemplazado por uno metódicamente construido para ajustarse a unas reglas prefijadas y artificiales. Las de la civilización.

El resultado tiene algo de artificial, pero también es una obra maestra del ingenio. El titular original es un jardín británico, asalvajado, caótico y espontáneo. El resultado final es un jardín francés, racionalista, ordenado y cartesiano.

Si han visto alguna vez un girasol natural, que es poco más que un hierbajo, y lo comparan con los girasoles mutados mediante selección artificial a lo largo de generaciones, entenderán la diferencia entre los titulares originales y los modificados.

En el Tribunal Constitucional hacen algo similar con el Derecho. Sólo que en dirección contraria, desde la civilización al hierbajo. En el Constitucional cogen el Derecho y lo martillean y lo sacuden, lo calientan y lo contorsionan, lo soban y lo zarandean, lo aporrean y lo trituran, hasta que el pobre desgraciado acaba encajando, retorcido como un guiñapo, en un resultado prefijado: el que le conviene al PSOE.

¡Pero cómo van a prevaricar y malversar, si son socialistas! ¡Pero cómo van a dar un golpe de Estado, si tienen los votos que necesita el PSOE! ¡Pero cómo va a ser inconstitucional la amnistía, si beneficia a Sánchez!

Sólo hay que encontrar la manera de justificarlo «jurídicamente». Dentro de poco, ni siquiera se molestarán en eso.

Es lo mismo que el CIS hace con la demoscopia, el Tribunal de Cuentas con los datos económicos, EFE con la información y el PSOE con la democracia. Machacar, recortar, majar y pulverizar leyes, datos y sentido común hasta que la bola de hojalata resultante es presentada a los ciudadanos como si fuera un diamante. «Tomad, el progreso». Y te sueltan la chatarrita a los pies, para que la recojas del suelo y te la tragues.

Y todo ello, siguiendo los procedimientos legalmente previstos por la norma. Que nadie diga que la cosa no se ajusta a Derecho. El resultado final será monstruoso, pero el proceso es impecablemente legal. Muy en la línea de esos beatos que, como ironizaba este lunes Víctor Núñez, creen que Milei no es un verdadero liberal porque chilla y dice tacos, todavía hay en España quienes dicen que «la decisión del Constitucional será injustificable, pero es legal». La estética convertida en el fondo. La democracia al final era hablar bajito.

Las leyes son, en fin, lo que le convenga al PSOE. Habrá que inventar una nueva escuela filosófica del Derecho para definirlo. El iussanchismo, o algo así.