EL MUNDO 11/11/14
JORGE DE ESTEBAN, Catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo.
· El autor afirma que la consulta del domingo en Cataluña fue un espectáculo propio de una república bananera y repasa los errores políticos cometidos que han llevado a España a esta complicada situación.
UNA DE LAS objeciones que la gente de orden imputa a Podemos es que su proyecto político para España parece ser semejante al de Venezuela, en dónde se afirma que rige una falsa democracia. Pues bien, sin entrar en el fondo de la cuestión, lo que me interesa subrayar ahora es que esa defectuosa democracia del otro lado del Atlántico es una maravilla de pulcritud democrática si la comparamos con lo que anteayer sucedió en Cataluña.
Si bien se mira, en Venezuela, a buen seguro, no se hubiera atrevido el comandante Chávez a presidir una mesa de votación con ocasión de una consulta electoral. Pero, en cambio, en Cataluña es diferente: el propio Oriol Junqueras, el político que con sus sollozos pedía en la radio la independencia de Cataluña para ya mismo, presidió una de las mesas electorales del pueblo del que es alcalde. Basta con esta imagen para entender perfectamente lo que ha significado la votación del domingo pasado. Pero para mayor exactitud, creo que merece la pena exponer la ausencia de una serie de garantías electorales que convierten los actos del 9N en una parodia de democracia.
Todo se realizó sin que hubiese una convocatoria oficial, lo que supone que no era un acto jurídico, con el fin de eludir las dos resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían la consulta, o como se la quiera denominar. Por supuesto, no había un censo electoral fiable, sino que se recurrió a una lista de datos privados de los ciudadanos para utilizarlos en la ilegal consulta. Lógicamente no hubo, como señala el artículo 26 de la Loreg, un sorteo previo para nombrar a los presidentes y vocales de las diferentes mesas. En lugar de seguir lo establecido en la ley, se utilizaron a 45.000 voluntarios, naturalmente todos independentistas. No hace falta decir que no concurrieron interventores de los diversos partidos para dar fe de la imparcialidad de las votaciones. No existió tampoco una campaña electoral a favor y en contra de la propuesta. Lo mismo se puede mantener de los medios de comunicación, cuya casi totalidad estaban a favor de la independencia, siendo, por tanto, meros órganos de propaganda. Los votos de los catalanes en el extranjero, concretamente en cuatro o cinco ciudades importantes, se ejercieron en las delegaciones de la Generalitat y hasta hubo algún caso exótico de un catalán votando en Hong-Kong no se sabe dónde. Otra novedad es la de que se ha aplicado la doctrina del voto en diferido, puesto que se puede votar hasta 15 días después del 9 de noviembre. Por lo demás, no pudieron votar los catalanes residentes en el resto de España, pero sí cualquier extranjero empadronado en Cataluña. Del mismo modo, se permitió votar a menores de 18 años, catalanes y no catalanes, que fuesen mayores de 16 años, aunque también se ha llegado a ver a niños introduciendo papeletas en las urnas, acompañando a sus padres. Pero, no es extraño, la familia que vota unida, permanece unida. También es posible que algunos con adicción al voto, hayan votado varias veces en mesas diferentes.
Por supuesto, todo esto ha sido posible porque no ha habido una Junta Electoral imparcial que supervisase el proceso. Del mismo modo, nadie se ha preocupado de establecer cuál era el quórum de participación mínimo para la validez de la consulta, así como tampoco el que debe regir para la victoria del sí o del no. Claro que lo importante no era eso, sino mostrar el mayor índice de participación posible, con independencia de lo que luego se votase, puesto que ya se tenía la certeza de que prácticamente todos los que fuesen a votar serían partidarios del sí. La enorme facilidad que los nacionalistas catalanes tienen para tergiversar la Historia y los conceptos que utilizan, se ha visto enriquecida con lo que acaba de suceder en relación con las dos preguntas que redactaron y que se han sometido a la consulta. En efecto, se debe recordar, como señala el constitucionalista británico J.F.S. Ross, que una condición necesaria para que todo referéndum –o similar– sea válido, es la de plantear bien la pregunta que se somete al pueblo. Afirma así este autor que siendo, por tanto, la esencia del referéndum el planteamiento de una pregunta al cuerpo electoral, es evidente que cualquier necio puede formularla, pero plantear la pregunta correcta y hacerlo de la forma más adecuada es otro cantar. Un referéndum que propone una pregunta compleja o compuesta puede confundir al elector. De este modo, en aras de su simplificación, lo normal es que se haga una sola pregunta a la que se pueda responder «sí» o «no». Sin embargo, con frecuencia los gobernantes que plantean una consulta popular complican las cosas de tal manera que en lugar de una sola pregunta hacen dos, lo cual implica entrar en el terreno resbaladizo de la confusión o incluso de la manipulación, como, por ejemplo, ocurrió hace años en Puerto Rico, en donde se hicieron varias preguntas que confundieron a los electores, los cuales no sabían cómo contestar.
Algo semejante es lo que ocurrió el domingo en Cataluña, en donde se preguntaba primero si Cataluña debe ser un Estado y después si este Estado debe ser independiente. Ahora bien, hablar de un Estado independiente es un pleonasmo, pues no hay Estado que no sea independiente. En consecuencia, no hay más remedio que concluir, según lo que piensan estos iluminados, que hay dos clases de Estado: el dependiente y el independiente. De este modo, si se responde que sí a la primera pregunta no hay más remedio que contestar sí también a la segunda. Sea lo que fuere, es muy probable que gran parte del electorado no supiese en qué consistía esa sibilina diferenciación.
EN DEFINITIVA, lo que ha sucedido el domingo en Cataluña nos confirma dos cosas. La primera es que cerca del 30% de los catalanes parecen desear la independencia. Y la segunda que este grupo está dispuesto incluso a infringir la ley para lograr su objetivo. En cualquier caso, no hacen más que seguir las directrices de los dirigentes nacionalistas que o subordinan la legalidad constitucional a la legitimidad democrática. Lo cual es un falso dilema, porque la democracia sin estar sujeta a una ley no es democracia. Por consiguiente, una parte de los catalanes que viven en Cataluña y que se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo, se han visto desamparados por el Estado. Lo cual nos lleva a preguntarnos cómo se podía haber evitado no solo este desamparo de los que se sienten españoles, además de catalanes, sino también por qué ha aumentado en el término de unos años la cifra de los independentistas. ¿Cómo se podía haber evitado esta situación? Un primer error de nuestros gobiernos fue la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, especialmente en lo que se refiere a los estatutos de autonomía, porque era un disparate que no hubiese más remedio que recurrir el Estatuto catalán de 2006 ante el Tribunal Constitucional, cuándo ya se había aprobado en referéndum del pueblo. Igualmente ha sido un gran error no haber reformado el Título VIII de la Constitución para haberla acabado de una vez, estableciendo los límites a las competencias de las comunidades autónomas, previa distinción entre las regiones y las nacionalidades. Un tercer error fue también suprimir la reforma del Código Penal que establecía en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis la prohibición de convocar referéndums en las comunidades autónomas, señalándose, en caso de convocarse, las penas de prisión de tres a cinco años y la inhabilitación absoluta por un tiempo superior en tres a cinco años a la pena impuesta. Algo que fue igualmente una enorme equivocación es que se apoyase la creación de un nuevo Estatuto de Cataluña cuando prácticamente no lo revindicaban los ciudadanos. En conclusión, todo eso se pudo hacer, pero no se hizo con las consecuencias que estamos viendo.
Sin embargo, lo que sí se ha podido hacer – aunque no sé si todavía es posible– es aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas adecuadas para salvaguardar el interés general de España. Lo peor que puede pasar, ciertamente, es disponer de las armas legales para evitar la secesión de una parte de España y no haber querido utilizarlas, pero claro cuándo no se sabe a dónde ir, ningún viento es favorable.