Desacato antitaurino al TC | Fundación para la Libertad

EL MUNDO 21/10/16

· Ada Colau, apoyada por el PSC, asegura que hará «todo lo posible» para no cumplir con la sentencia
· El Govern sostiene que las corridas «no volverán a Cataluña, diga lo que diga» el Alto Tribunal

La respuesta que ofreció Colau al TC fue la más simbólica de las que se acumularon ayer entre los sectores contrarios a que los toros regresen a Cataluña. En concreto, porque la Monumental, única plaza en manos privadas y activa cuando se aprobó el veto, fue el epicentro de la polémica. En el ruedo barcelonés, propiedad del Grupo Balañá, el torero Serafín Marín protagonizó la última faena bajo manto legal en 2011.

Consciente de la importancia de Barcelona en el debate, la alcaldesa quiso escenificar el apoyo mayoritario con el que cuenta el veto acompañándose durante su comparecencia de representantes de varios grupos municipales. Ciudadanos y PP, favorables al fin de la prohibición, rechazaron la invitación de Colau.

Flanqueada por Xavier Trias (CiU), Jaume Collboni (PSC), Alfred Bosch (ERC) y Maria Ortega (CUP), Colau aseguró que Barcelona hará «todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia». Sin concretar qué medidas legales pondrá en marcha, dijo que los servicios jurídicos municipales llevan días estudiando su respuesta. La primera, en todo caso, será esgrimir la ordenanza municipal en vigor que impide infringir sufrimiento a los animales y que fue pionera en toda España. «Si no se pueden poner banderillas a un perro en plena calle, tampoco a un toro [en un ruedo]», equiparó.

El líder del PSC de Barcelona y socio de Colau en el Gobierno municipal, Jaume Collboni, fue el único que admitió que la sentencia del TC debe cumplirse. El teniente de alcalde de Cultura añadió, sin embargo, que su partido está a favor de «estudiar las vías legales [necesarias] para mantener aquello que el Parlament y Barcelona acordaron en su día: que no haya más corridas de toros ni en Cataluña ni en Barcelona». El PSC gobernaba en Barcelona cuando la ciudad fue declarada antitaurina en 2004.

Desligados de la gestión municipal, los portavoces de ERC y la CUP demostraron mayor contundencia. Los republicanos compararon la decisión del TC con «épocas oscuras de la Inquisición» y la izquierda anticapitalista vinculó la sentencia con un «ataque a la soberanía de Cataluña y a la municipal».

Por su parte, el PP de Barcelona evitó ayer cualquier gesto de euforia pese al triunfo de su recurso contra la Ley catalana de Protección de los Animales. Su líder municipal, Alberto Fernández, se limitó a defender «la libertad frente a la prohibición». Algo menos contenido se mostró el líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, que celebró el «golpe» a lo que consideró una mera reivindicación independentista.

Como Colau, el Govern de Carles Puigdemont tampoco fue capaz ayer de especificar qué obstáculos legales presentará para frenar la sentencia del TC. El conseller de Territorio, Josep Rull, prometió que «los toros no volverán a Cataluña, diga lo que diga el TC». Para evitarlo auguró el despliegue de «todos los mecanismos operativos y normativos» de que disponga el Govern. No mencionó ninguno en concreto. Fuentes de su departamento aseguraron ayer a este diario que sus servicios jurídicos están esperando a conocer el contenido de la sentencia para saber en qué dirección actuar.

Todos los grupos del Parlament, de nuevo a excepción de Ciudadanos y PP, mostraron su apoyo al Govern de Junts pel Sí frente a la sentencia. El portavoz socialista, Jordi Terrades, abogó por buscar «vías legales» para sostener el veto a los toros. Una postura que apoyó Catalunya Sí que es Pot –la marca catalana de Podemos– y que llevó más lejos la CUP. Los antisistema, como en el caso de Barcelona, abogaron por no acatar la sentencia para reforzar su postura de desobediencia general a cualquier institución española.

El único atisbo concreto de hacia dónde podrían dirigirse los recursos legales lo esgrimió el Colegio de Abogados de Barcelona. Su comisión de protección de los derechos de los animales recordó ayer que la ley que permitió la prohibición recibió el aval del Consell de Garanties Estatutàries, considerado como el Tribunal Constitucional catalán. El dictamen de dicho órgano consideró en 2010 válida la normativa al basarse en las competencias exclusivas que la Generalitat tiene sobre los espectáculos públicos y la protección de animales. También denuncian que el TC contraviene su propia jurisprudencia al utilizar leyes posteriores para anular una anterior, en referencia a la que considera las corridas de toros como patrimonio cultural de todos los españoles.

Contactado por este diario, el Grupo Balañá declinó hacer ningún tipo de declaración sobre la sentencia.

«preservar el patrimonio cultural común»

La Generalitat de Cataluña no puede ir en contra de las leyes dictadas por el Estado en materia de protección del «patrimonio cultural común». Esa es la tesis esencial de la sentencia con la que ayer el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que en 2010 prohibió las corridas de toros. La estimación del recurso del PP no fue unánime: ocho magistrados la apoyaron, pero otros tres emitirán un voto particular.

La sentencia reconoce que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para la protección de animales, lo que en principio le permitiría prohibir las corridas. Pero al mismo tiempo, y en el ejercicio de sus propias competencias sobre Cultura, el Estado ha legislado declarando la tauromaquia como patrimonio cultural. Y a juicio de la mayoría de los magistrados, la Generalitat ha «menoscabado» la competencia del Estado para la «preservación del patrimonio cultural común» y «conservar esa tradición cultural».

La sentencia indica que es posible que el legislador catalán, como reflejo de la sociedad a la que representa, tenga un criterio opuesto al Estado sobre qué expresiones culturales deben protegerse. Pero eso no le exonera de tener que «respetar» lo que el Estado establezca en el ejercicio de sus propias competencias.

El TC ve «incontrovertido» que «la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que, como «una expresión más de carácter cultural», las corridas de toros «pueden formar parte del patrimonio cultural común que permite una intervención del Estado dirigida a su preservación». Y eso es precisamente lo que ha hecho el Estado: preservarlo dictando leyes a través de las cuales «ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». Ya había legislación en 1991, si bien las leyes más rotundas – regulación de la tauromaquia (2013) y salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2015) – se dictaron tras la prohibición de la Generalitat.

El TC añadirá en su sentencia – que no se conocerá íntegramente hasta dentro de unos días – que «el respeto y la protección de la diversidad cultural ‘de los pueblos de España’» que deriva de la Constitución «parte precisamente de la imposibilidad de prohibir, en una parte del territorio español, una celebración, festejo, o en general, una manifestación de una arraigada tradición cultural, si su contenido no es ilícito o no atenta contra otros derechos fundamentales».

Los votos particulares creen que no se han ponderado suficientemente las competencias autonómicas en materia de protección de animales y de defensa de los valores culturales de Cataluña.