El Departamento de Gobernación de la Generalitat lanzará en breve una licitación para la adquisición de 8.000 urnas destinadas al referéndum soberanista. Según fuentes del Govern, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, han acordado que en fechas próximas la convocatoria pública para la adquisición de estas 8.000 urnas se publique en el Boletín Oficial de la Generalitat.
Según las mismas fuentes, a pesar de que el Govern no descarta aún celebrar un referéndum pactado con el Gobierno central –con lo que las urnas para la consulta serían suministradas por el Ministerio del Interior, como es habitual en todas las convocatorias electorales–, se trataría de saber qué empresas podrían asumir el encargo en caso de que el referéndum sea unilateral. En este sentido, el Govern señala que se trata de una licitación para hacer una primera selección de empresas que estarían ya homologadas para producir y entregar las urnas.
En el caso del referéndum, que Junts pel Sí y la CUP quieren celebrar el próximo mes de septiembre, la fórmula de la convocatoria de un concurso público dista mucho de la que se utilizó para la consulta del 9-N. En aquella ocasión, en 2014, la Generalitat recurrió a urnas de cartón que se encargaron al Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire), que depende de la prisión de Lérida. Fueron 6.000 cajas producidas por los reclusos con un precio de dos euros, que es un coste mucho más reducido del que tienen las tradicionales urnas de plástico, que valen 35 euros.
La iniciativa de licitar las urnas contraviene la suspensión acordada hace un mes por el Tribunal Constitucional de la parte del Presupuesto de Cataluña destinada a celebrar un referéndum ilegal. En esa resolución se apercibía expresamente a los dos protagonistas del acuerdo político, Puigdemont y Junqueras, de que incurrirían en responsabilidades penales si decidían obviarla, así como a todos los demás consellers, al secretario del Govern, al secretario general de Vicepresidencia y de Economía, a la interventora general de la Generalitat, a la directora general de Contratación Pública y a la directora general de Presupuestos.
A todos ellos, el tribunal les advertía de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». «En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras […] con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum».
«Especialmente», proseguía el TC, «de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalidad instrumentales para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas […] así como, en general, cualquier otra medida presupuestaria acordada con el aludido fin».