El problema del lehendakari no es tanto su gestión y su capacidad futura para seguir gobernando con regularidad -que siguen garantizadas por los populares-, como ése que gráficamente se describe como el asunto de ‘la foto’: una mayoría muy elevada del electorado actual es claramente opuesta a su Gobierno.
Las elecciones nos han dejado, entre otras muchas cosas llamativas, la estampa de dos presidentes del Gobierno en situación de cojera traumática y permanente. Aunque las causas no son idénticas, ni lo son las cuestiones implicadas en su próximo futuro, tanto Rodríguez Zapatero como Patxi López se despertaron el pasado lunes con un serio problema de legitimidad.
Naturalmente, ya sabemos que las elecciones eran las que eran y que allí no se votaba para los respectivos parlamentos y derivadamente para los correspondientes gobiernos. Esto es formalmente cierto, pero democráticamente insuficiente. Porque un gobierno no puede depender sólo de la legalidad de su elección, sino que tiene también que estar atento a la conservación de su legitimidad. Dicho de otra forma, existe la legitimidad de origen y existe la legitimidad de ejercicio, y los resultados del domingo han puesto en cuestión la segunda para ambos presidentes. Para uno, el español, porque la votación se planteó de manera plebiscitaria (es la factura que pasa el bipartidismo estructural). Para el otro, el vasco, porque ha cambiado el tamaño del universo democrático de referencia.
El caso de Rodríguez Zapatero es, aunque en una primera visión parezca lo contrario, un caso de cojera de pronóstico más leve que el de nuestro lehendakari. Aunque sólo sea porque, en último término, adelantar o no las elecciones generales en España es una decisión que implica en último término una diferencia temporal muy pequeña. Ningún adelanto, si se decidiera, podría tener lugar antes del otoño, lo que comparado con la fecha normal supone unos tres o cuatro meses de diferencia. Por el contrario, en el caso del inquilino de Ajuria Enea hablamos de un par de años.
El problema de Rodríguez Zapatero, desde un punto de vista democrático, consiste en determinar el coste que puede suponer para el país en su conjunto el hecho de que se niegue a convocar elecciones anticipadas a pesar de la deslegitimación del proyecto político socialista. Anteponer a esa consideración el balance de coste/beneficio para el propio Partido Socialista y su futuro inmediato, como probablemente se esté haciendo, demuestra sólo la hondura que tiene el mal del partidismo en nuestra práctica política. Lo que habría que analizar con seriedad son otras cuestiones, tales como: el impacto de la imagen de un gobierno deslegitimado y sin fuerza en el crédito exterior de España; si convocar elecciones anticipadas -cosa normal en el mundo europeo democrático en situaciones como la nuestra- nos va causar perjuicio o beneficio en nuestra reputación (vivimos tiempos de administración de una confianza escasa); si el presidente va a ser capaz de gobernar con la rotundidad que exige el tiempo de reformas imprescindibles cuando su partido está pensando en las próximas elecciones y en recuperarse por la izquierda, lo que deja poco espacio a reforma alguna; si el precio de los pactos parlamentarios para sacar adelante sus medidas de gobierno y sus presupuestos sería soportable por la estructura del Estado, porque esos precios van a ser elevados -de nuevo, la confianza cotiza cara-.
El caso del lehendakari es distinto, porque el problema no es tanto su gestión de gobierno y su capacidad futura para seguir gobernando con regularidad -que siguen garantizadas por los populares-, como ése que gráficamente se describe como el asunto de ‘la foto’. Sucede que su legitimidad de origen ha dejado de coincidir con la legitimidad que se deriva inapelablemente de la ampliación del campo de la representación política y que tal modificación del universo total de votantes ha traído consigo un dato novedoso: una mayoría muy elevada del electorado actual es claramente opuesta a su Gobierno. Cierto que si los nuevos votantes no estuvieron antes es por su culpa (podían haber renunciado a la violencia años antes), pero el hecho político actual se impone en democracia a su explicación histórica: ahora están, el Parlamento Vasco no es ya una foto mínimamente válida de la sociedad vasca.
Apelar al formalismo, como se hace desde las filas socialistas y populares, no hará sino socavar día a día, como una gota malaya, su imagen democrática ante la sociedad. No hay argumento formal que justifique una desviación tan grave en la representación política durante un tiempo tan largo como dos años. La democracia es también capacidad de escucha y de respuesta en tiempo real por parte de los gobernantes ante las demandas sociales. Y al igual que el lehendakari se manifestaba dispuesto a recibir y a escuchar a los voceros del 15M, debería oír el mensaje que la sociedad ha enviado el domingo. No hacerlo nos perjudicará a todos, a la larga también a su partido.
José María Ruiz Soroa, EL DIARIO VASCO, 26/5/2011