Si un presidente del Parlamento vasco como Atutxa desafió al Supremo negándose a disolver el grupo de SA, qué no harán no ya los alcaldes del PNV y de EA, sino los 40 de ANV con una orden para disolver su propio grupo. Claro que el Gobierno no está en la actitud de hace dos años, aunque falta saber si estaría dispuesto a aplicar la Ley para disolver los ayuntamientos.
El Tribunal Supremo emitió ayer una sentencia por la cual ordena la disolución de los grupos municipales de ANV en 125 ayuntamientos del País Vasco y Navarra, así como del grupo que dicho partido tenía en la Diputación General de Álava. Los junteros de la cosa resultante pasarán al Grupo Mixto y los concejales serán considerados no adscritos. La cuestión tiene su importancia porque en el primer caso cobran, y en el segundo, no. Bienaventurados los mixtos, porque ellos tendrán un pasar.
Recordarán ustedes el extravagante proceso en el que el Gobierno y la Fiscalía se empeñaron en dar carta de naturaleza a parte de un partido político que, según todas las trazas, era una marca blanca de la ilegalizada Batasuna. Eran los tiempos del proceso de paz y sus patrocinadores sostenían que ANV era un partido fundado en la República y refundado en 1977, con unos estatutos que rechazaban la violencia, lo cual era rigurosamente cierto. Tanto como que al año siguiente participó en la Mesa de Alsasua y fue uno de los cuatro partidos fundadores de HB, a partir de lo cual jamás condenó un solo asesinato de ETA y fue languideciendo organizativamente hasta quedar convertido en una bella durmiente de Herri Batasuna.
Una vez despertada por el beso del príncipe Arnaldo, justo a tiempo de participar en las municipales de 2007, se produjo aquella extraña segregación por la cual el partido era legal en un municipio e ilegal en el de al lado. Acertaron a legalizarlos donde más opciones tenían, porque se convirtieron en el tercer partido en las elecciones locales de 2007: 437 concejales y 40 alcaldes entre las comunidades autónomas vasca y navarra.
Aún entonces, los más voluntariosos del Gobierno pronosticaban que si ETA volvía a las andadas, alcaldes y concejales de la marca blanca dimitirían, espantados por el goterón rojo de la sangre. No hubo tal, y la iniciativa parlamentaria de UpyD para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV mediante la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas.
Pero el cartero siempre llama dos veces, tal como sentenció James Mc Cain, y la sentencia del Supremo abre una posibilidad interesante, aunque problemática. Si un presidente del Parlamento vasco como Atutxa, del PNV, desafió a dicho tribunal al negarse a acatar su orden de disolver el grupo de SA, qué no harán no ya los alcaldes del PNV y de EA, sino los 40 de ANV con una orden para disolver su propio grupo. Claro que el Gobierno no está en la actitud de hace dos años, aunque hace falta saber si estaría dispuesto a aplicar el citado artículo 61 de la citada Ley de Bases, que faculta al Consejo de Ministros para disolver los ayuntamientos en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales (61.1), especificando en el 61.2 que tendrán tal consideración los acuerdos municipales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, qué quieren que les diga.
Santiago González, EL MUNDO, 24/7/2009