SANTIAGO TRANCÓN – CRONICAGLOBAL.COM – 24/07/14
· El «derecho a decidir» no es ningún derecho. Para serlo, hay que especificar quién decide y qué. No existen derechos abstractos. Si no se concreta un derecho, es porque se sobreentiende y, en caso de duda, se aclara. Por ejemplo, el «derecho a votar». Nuestra Constitución especifica quién puede votar, qué se puede someter a votación e incluso cada cuánto tiempo. No todos los ciudadanos pueden votar, ni se puede votar todo ni en cualquier momento.
Así que no existe el «derecho a decidir», sino el derecho a decidir algo. Sin un quién, un qué y un cuándo, no existe ningún derecho a decidir. Los independentistas, sin embargo, afirman machacona y provocativamente que «tienen derecho a decidir», así, en abstracto, y añaden que es un derecho «democrático irrenunciable». Ni especifican ni discuten el contenido de ese derecho, ni quiénes lo pueden ejercer, ni cada cuánto tiempo. Todo se sobreentiende. Mejor dejarlo sin definir, para poder interpretarlo en cada caso según convenga.
El proceso independentista se basa en una maniobra profundamente antidemocrática que atenta contra la democracia española, contra el Estado de derecho, contra el derecho a decidir de todos los españoles sobre el marco constitucional que fundamenta nuestra sociedad
Hoy ya nadie duda de que con el «derecho a decidir» lo que se quiere decir (y ocultar) es el «derecho a decidir la independencia», y que los sujetos de ese derecho son «los catalanes», o sea, únicamente los ciudadanos empadronados y censados en Cataluña. Así que cuando alguien (sea catalanista, izquierdista, batasuno, socialista, comunista, populista, republicano…, que todos repiten la misma serenata, incluidos algunos del PP) defiende el «derecho a decidir», lo que está afirmando es que los catalanes, ellos solos, tienen derecho a decidir la independencia de Cataluña. Los más patéticos son los que se ponen a matizar: que si doble referéndum, que si federalismo asimétrico, que si reforma de la Constitución… Se niegan a encarar la única verdad: la invención de un derecho inexistente urdido para alcanzar de forma totalitaria y antidemocrática la independencia.
Que se trata de una maniobra antidemocrática, de confusión y manipulación ideológica y mental, es algo que podemos descubrir nada más preguntarnos por quién se ha inventado ese derecho a decidir de forma unilateral y exclusiva la independencia. La respuesta es clara: los independentistas, los que quieren la independencia. O sea, que primero digo que tengo derecho a la independencia, y luego exijo que se me reconozca. Desplazo el problema hacia donde no está: exijo que los demás reconozcan un derecho que yo mismo me he otorgado. Si no me lo reconocen, son antidemócratas, fascistas, centralistas, ocupantes.
El proceso independentista y secesionista (no le llamemos soberanista, otra argucia lingüística), se basa en una maniobra profundamente antidemocrática que atenta contra la democracia española, contra el Estado de derecho, contra el derecho a decidir de todos los españoles sobre el marco constitucional que fundamenta nuestra sociedad, contra un proceso histórico de siglos de unidad y convivencia, contra un entramado fecundo de relaciones familiares, sociales y culturales, contra las estructuras económicas compartidas, contra un orden de intercambios y equilibrios de todo tipo (territoriales, nacionales, europeos, mundiales) elaborado durante muchos años, tanto en el terreno cultural, como defensivo, tecnológico y de comunicaciones, etc. Frente a todo eso no puede prevalecer el interés egoista de una minoría que busca aumentar su poder mediante la maniobra independentista y guiada por la ambición, el rencor, el desprecio, la autosuficiencia y una patológica necesidad de revancha de no se sabe qué milenarios agravios.
El «derecho a decidir» es, por tanto, no solo una patraña y una descarada manipulación ideológica, sino una peligrosa provocación antidemocrática que nadie debiera dejar pasar sin rebatir y desenmascarar, porque en realidad no es otra cosa que el «derecho a decidir lo que me da la gana». ¿Qué otra cosa ha hecho el Parlamento catalán, sino decidir por su cuenta qué se puede o no decidir, quiénes pueden y no pueden decidir y cuándo han de decidir? La democracia es todo lo contrario del derecho a decidir lo que me da la gana. Para decidir lo que me sale de abajo no necesito ningún derecho, basta con imponerme con amenazas y enredos, que es lo que ha hecho durante casi 40 años el independentismo con total impunidad y alevosía.
El «derecho a decidir», repito, no es ningún derecho. El «derecho a decidir la independencia de Cataluña» tampoco es hoy ningún derecho, porque no existe como tal en nuestro Estado de derecho. Para que lo fuera no bastaría «reformar la Constitución», como empiezan a repetir hoy estúpidamente casi todos los políticos. Lo que habría que hacer primero era abolir la Constitución y proclamar la desaparición del actual Estado; luego, inventarse otro Estado y otra Constitución. ¿Reformar la Constitución? Sí, pero no para hacer lo que pretenden los reformistas federalistas de última hora, sino para dotarnos de un Estado más democrático y asegurar una verdadera igualdad entre todos los ciudadanos. Para ello habría que empezar por desactivar y revisar todas las leyes confusas que han permitido la constitución de embriones de estados independientes al margen del Estado, abocado a la autodisolución si no se establece un orden más justo e igualitario.
La democracia es el establecimiento de la ley para lograr el bienestar y el bien común. La democracia es radicalmente incompatible con el derecho a decidir lo que le da la gana, no sólo a un individuo, sino a un banco, un partido, un grupo de presión, un colectivo, un parlamento, un gobierno, una mafia, una organización terrorista, independentista, religiosa, deportiva, mediática… Podemos y debemos reformar nuestra Constitución para que el derecho a decidir lo que les da la gana, otorgado a muchas instituciones, organismos y poderes fácticos (desde el gobierno a los banqueros, de los jueces a los alcaldes, etc.) se convierta en un derecho democrático regulado y controlado por la mayoría de los ciudadanos. No es esto lo que piden los neofederalistas, incapaces de enfrentarse al verdadero problema de nuestro país: la falta de definición y establecimiento de un verdadero Estado Democrático, basado en el imperio de la ley frente al derecho a decidir lo que a cada uno le da la gana. No hay más que dos caminos, o democracia o totalitarismo, o leyes comunes e igualitarias, o sometimiento a la imposición del más fuerte, representado hoy por el independentismo destructivo y desintegrador.
SANTIAGO TRANCÓN – CRONICAGLOBAL.COM – 24/07/14