El ex presidente de la Generalitat Artur Mas se convirtió ayer en el primer condenado por desobedecer al Constitucional en el proceso soberanista. Su actuación como máximo responsable del Govern tras la providencia del Alto Tribunal del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta del 9-N, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a concluir que cometió un delito de desobediencia por el que le impone dos años de inhabilitación para ejercer u optar a cargo público, además de 36.500 euros de multa. Podrá ser candidato en 2019 si el Govern agota la legislatura.
Junto a él también han sido condenadas la ex vicepresidenta Joana Ortega, a 21 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que la ex consejera Irene Rigau lo ha sido a un año y seis meses de inhabilitación y al pago de 24.000 euros.
La sentencia establece que dentro de sus funciones como presidente, Mas «no sólo no dictó ningún tipo de resolución ni efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre sino que, conjuntamente con las acusadas Ortega y Rigau, cada una de ellas dentro de su ámbito de responsabilidad institucional, conscientes de que con ello se contravenía lo dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional, observaron las siguientes conductas que permitieron la efectiva realización de las votaciones, llegado el día previsto, en todo el territorio de Cataluña».
Entre estas conductas está el mantenimiento de la página web participa2014.cat; la campaña de publicidad institucional y el reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro de urnas, sobres y papeletas para votar; la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación, y la instalación de un centro de prensa.
El tribunal, unánime, absuelve a los tres condenados por el delito de prevaricación por el que fueron juzgados. Los magistrados consideran que convocar y no suspender las votaciones fueron actos ilegales «por desborde competencial», pero como los procesados actuaron bajo la ley catalana de consultas populares no refrendarias que fue anulada semanas más tarde, en ese momento «no puede descartarse un juicio interpretativo, en todo caso erróneo, que se represente la posible legalidad del proceso de participación en los términos en que se produjo».
La resolución también afirma que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron «consciente y deliberadamente» el mandato del TC al mantener el 9-N. El tribunal ha reiterado que no se ha juzgado «ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el president de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014». Además, la sentencia es muy crítica con el argumento de los condenados de que las votaciones quedó en manos de los voluntarios tras la suspensión del Constitucional. «Esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat», indica el TSJC, que añade que esta explicación «no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa». «Toda la generosidad de los voluntarios resultaría inútil si no hubieren dispuesto de centros de votación abiertos, del material preciso para el desenvolvimiento de las votaciones y de los equipos tecnológicos», remarca la sentencia de la que ha sido ponente el presidente del TSJC Jesús María Barrientos.
Para el tribunal, la providencia del Constitucional «encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa orientada a la realización del proceso participativo», por lo que considera que Mas, como autor, y Ortega y Rigau, como cooperadoras necesarias, cometieron la desobediencia de permitir las votaciones. Por eso, detallan que la providencia «resultaba de una claridad meridiana para cualquier inteligencia media, cuanto si más para el president de la Generalitat y para los miembros del Consell de Govern de la Generalitat, asesorados como estaban por un equipo de juristas».
El TSJC cree que Mas «pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio de poderes» al tomar la decisión entre cumplir el mandato del Parlament de convocar el 9-N o una providencia del TC. Por eso la sentencia cree que Mas «hizo quebrar una regla básica imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Tras conocerse la sentencia, Mas, Ortega y Rigau anunciaron que agotarán los recursos ante el Supremo, el Constitucional y «hasta las últimas instancias de la justicia europea, si hace falta, que hará», como el Tribunal de Estrasburgo. Es en esta justicia europea es en la que Mas tiene más confianza. «No tenemos esperanzas, el Supremo actuará con dureza absoluta, pero recurriremos también al Constitucional, para llegar a los tribunales de Estrasburgo», añadió Mas, y aseguró que «mientras Cataluña esté en la jurisdicción española», respetará su ordenamiento legal. También afirmó que, «si el pueblo catalán llega a nuestra soberanía, estaremos bajo una jurisdicción catalana y cumpliremos, si llega el caso, con esa jurisdicción», por lo que, preguntado si tiene alguna esperanza en ser candidato del PDeCAT para las próximas elecciones, dijo: «Según la legislación española, no».
Mas compareció acompañado de las otras dos condenadas, el presidente Puigdemont y otros miembros de su partido, aseguró que la sentencia demuestra que «en el Estado español, la ley no es igual para todos», porque el Gobierno «se ha hartado» de incumplir sentencias del TC «y no le ha pasado nada», añadió que, «en el Estado español se persigue a gente, por sus ideas» y lanzó un mensaje al resto de independentistas: «No os dejéis impresionar por estas sentencias».
«Sabíamos que entrábamos en un terreno desconocido y arriesgado, también a nivel personal. No lo rehuimos, porque quisimos estar a la altura de lo que el pueblo de Cataluña nos pidió que hiciéramos. Ahora los condenados pedimos a toda esta gente que siga en esta línea, que nadie tenga miedo. Hagamos las cosas bien y con la cara bien alta, nos querían arrodillados y condenados, pero nunca estaremos arrodillados. Mirando al futuro con ilusión y con esperanza», concluyó.