Existe material probatorio suficiente sobre las conexiones entre ETA y las FARC que se desarrollan en Venezuela con la tolerancia de aquel Gobierno. A Chávez le corresponde elegir entre el interés de su país, que pasa por tener buenas relaciones con España, o las simpatías ideológicas hacia un grupo terrorista.
El conflicto abierto con Venezuela por la tolerancia del Gobierno de Hugo Chávez hacia los miembros de ETA residentes en el país no termina de solucionarse. El comunicado conjunto de las autoridades españolas y venezolanas, presentado como gesto de distensión, queda prácticamente en agua de borrajas con las declaraciones posteriores del ministro de Asuntos Exteriores de Caracas.
Está claro que el Gobierno de Caracas no está dispuesto a rebajar el nivel de agresividad dialéctica, por lo que sólo deja abierta una estrecha puerta para que el conflicto pueda canalizarse. El viaje del director general de la Policía y la Guardia Civil a Venezuela va a ser el test definitivo para conocer si hay alguna voluntad de cambiar de política hacia ETA. Van a ser los hechos los que demuestren si Hugo Chávez, por encima de la verborrea victimista desplegada, está dispuesto a dar un giro efectivo.
Hasta ahora, el Gobierno de Venezuela se niega a reconocer ninguna responsabilidad en las consecuencias de su política de tolerancia hacia los etarras que entran y salen de su país y que aprovechan las facilidades de movimientos para relacionarse con las FARC, perfeccionar artefactos explosivos y mejorar su adiestramiento. Esas actividades son una amenaza para la seguridad en España. Si Chávez no es capaz de comprender eso y sacar consecuencias, es poco probable que esté dispuesto a cambiar de política, aunque fuera sin anunciarlo públicamente.
Las autoridades de Venezuela niegan todas las informaciones y pretenden hacer creer a la opinión pública que los datos sobre esas relaciones terroristas proceden del ordenador del dirigente de las FARC Raúl Reyes y que su contenido fue manipulado. Esto último es falso. Un informe pericial de Interpol acreditó que no se habían borrado, modificado ni creado archivos de usuario después de la incautación de los ordenadores. Pero es que, además, esas relaciones están acreditadas por numerosos documentos incautados a ETA en Francia, aparte de los testimonios de los desmovilizados de las FARC cuya validez tendrá que ser acreditada en sede judicial.
Existe por tanto material probatorio suficiente sobre las conexiones entre los dos grupos terroristas que se desarrollan en Venezuela con miembros de ETA y de las FARC instalados en ese país con la tolerancia de su gobierno. A las autoridades de Caracas les corresponde elegir entre el interés del país, que pasa por tener buenas relaciones con España, o las simpatías ideológicas hacia un grupo terrorista.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 9/3/2010