José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 16/7/2011
El chivatazo se perpetró el 4 de mayo de 2006, en pleno “proceso de paz”, y aunque el magistrado no se pronuncia sobre el móvil de semejante comportamiento, no hace falta especular demasiado para considerarlo como una connivencia con los etarras para no dificultar el curso de las negociaciones.
“Soy militante del PSOE pero no simpatizante”
Felipe González
“Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Eso dicen que reza la famosa Ley de Murphy de 1949 aunque, en realidad, esa expresión sea una destilación libre de la teorización del ingeniero Edward Murphy, según la cual el error tiene más posibilidades que el acierto. O en otras palabras: si la tostada se cae al suelo, lo hará siempre por el lado de la mantequilla. Pues bien: esta ley de sumo pesimismo se ha ensañado con un Gobierno que esta semana ha quedado desencuadernado y su candidato en las próximas elecciones cuestionado desde el punto de vista político.
Tanto en el Gobierno como en el PSOE había una cierta complacencia sobre la “extraordinaria” gestión antiterrorista. El “proceso de paz” emprendido en 2006 por Rodríguez Zapatero habría sido una “jugada maestra” que debilitó a ETA de manera irreversible. En línea con esta versión, los etarras eran poco menos que una pandilla de desarrapados en huida abierta por el norte de Europa y algunos países latinoamericanos.
Esta tesis dejó de ser creíble cuando Bildu franqueó la ley de partidos y, en palabras de la propia ETA, la izquierda abertzale ganó con la coalición la “batalla política e ideológica de la ilegalización”. Efectivamente: el deseo indisimulado del presidente del Gobierno de que las listas de Bildu fuesen legalizadas, la connivencia del PNV, la falta de criterio del lehendakari López y el exceso de jurisdicción del Tribunal Constitucional, ofrecieron a ETA la victoria que por vía terrorista no podía ya obtener. Hace mucho tiempo que los pistoleros se sabían derrotados en el terreno “operativo”, pero aspiraban a un triunfo político que los partidos nacionales evitaron, impulsados en 2001 por el Gobierno de Aznar, prohibiendo la legalidad institucional del entorno civil de ETA.
¿Alguien puede dudar de la concurrencia de responsabilidad política?, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar que el candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, no queda erosionado con esta decisión judicial?
Ahora Bildu -un clon de Batasuna- está, no sólo en la legalidad, sino también en el poder de las dos principales instituciones de Guipúzcoa (Ayuntamiento de San Sebastián y Diputación Foral), siendo Donostia “premiada” con la capitalidad cultural europea en una de las decisiones más desatinadas que se conocen, y que será investigada, no tanto por su designación, como por la motivación que la justifica y la rentabilización política que permite a la coalición abertzale. Que ETA se jacte de todo ello en el comunicado publicado íntegramente por el diario Gara el pasado miércoles, echa por tierra las supuestas virtualidades del “proceso de paz” de 2006.
Por si fuera poco, el tal proceso se ha sumido, no ya en el descrédito, sino en la peor de las sospechas con el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz -zarandeado por Jáuregui y Rubalcaba- contra el ex director general de la Policía, el jefe superior del País Vasco y un inspector por la posible comisión de un delito de colaboración con banda armada o encubrimiento de ésta y otro de revelación de secretos. Atribuye a los tres, en grados diferentes, la alerta a Joseba Elosúa en el bar Faisán de Irún sobre una inminente acción policial que daría con él y otros responsables del aparato de extorsión de ETA en la cárcel.
El chivatazo se perpetró el 4 de mayo de 2006, en pleno “proceso de paz”, y aunque el magistrado no se pronuncia sobre el móvil de semejante comportamiento, no hace falta especular demasiado para considerarlo como una connivencia con los etarras para no dificultar el curso de las negociaciones. Y como a este Gobierno si algo le puede salir mal, le sale mal indefectiblemente, en ejemplo evidente de cómo la ley de Murphy se cumple de forma sañuda, el auto de procesamiento y el comunicado de ETA (que mantiene su existencia y sigue reclamando la negociación para llegar a la independencia de Euskadi) se producen simultáneamente a la renuncia al cargo de ministro del Interior por el candidato Rubalcaba y la toma de posesión como nuevo ministro del que el 4 de mayo de 2006 era Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
Ni contra uno ni contra otro hay, ni indiciariamente, reproche penal. Pero, ¿alguien puede dudar de la concurrencia de responsabilidad política?, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar que el candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, no queda erosionado con esta decisión judicial? Ni siquiera los más acreditados hooligans del socialismo podrían no interiorizar estas noticias como durísimos reveses para un Gobierno que se ha refugiado en la lucha antiterrorista como un nicho –quizás el único– de su excelencia política. Si alguien llegó a pensar tal cosa, este pequeño crédito se ha convertido esta semana en un saldo por completo negativo.
Ni el enjuiciamiento de Camps ayuda al Gobierno.
Todos los demás, también lo son. Porque el rebrote de la crisis económica para el que el presidente del Gobierno, ante el mismísimo Herman van Rompuy en la escalinata de la Moncloa, no encontraba explicación, sí la tenía: en la comunidad castellano-manchega el Gobierno del PP anunciaba que el déficit superaba el 4% (más de dos puntos del reconocido por el ex presidente Barreda) y que estaban pendientes de pago facturas por importe de 1.700 millones de euros; por otra parte, varias de nuestras entidades financieras no han superado los test de estrés conocidos la tarde de ayer, al margen de que la metodología aplicada por la EBA pueda ser discutible. Pero como Murphy es implacable y Zapatero parece abonado a su estricto cumplimiento, el presidente se permitió el lujo de amonestar a Alemania, sin cuestionarse ni por un momento que todas sus reformas –con la excepción parcial de la de las pensiones—son insuficientes (las laborales) o equivocadas (la de cajas de ahorro) y que sus medidas de recorte resultan meramente coyunturales y no estructurales.
A mayor abundamiento, el pasado martes, después de lograr por los pelos la aprobación del techo de gasto (-3,8% respecto de los presupuestos de 2011), la vicepresidenta primera, Elena Salgado, anunciaba que habría que revisarlo en el mismo proyecto de Presupuestos. Falta ahora que los nuevos gobernantes populares en Aragón, Extremadura o Baleares confirmen o desmientan los déficits declarados por sus predecesores. Sin olvidarse de lo que pueda decir al respecto el desde ayer nuevo presidente de la Junta asturiana, Francisco Álvarez Cascos.
La comprobación de que la gestión de la crisis ha resultado ineficaz; el testimonio aplastante de la desafección del electorado al PSOE (22-M) y la bofetada que representa para la política antiterrorista del Gobierno la declaración de ETA que se perpetua y se proyecta en Bildu y la confirmación de indicios racionales de criminalidad en dos funcionarios policiales y un cargo político que entraron en presunta connivencia con los terroristas el 4 de mayo de 2006, son todas circunstancias que erigen a este Gobierno en víctima del ensañamiento de la ley de Murphy porque todo cuanto podía salirle mal le ha salido. Debido, claro es, a una irresponsabilidad política sólo pareja a la técnica y, en determinados casos, a un analfabetismo ético indignante. Del que no le rescata ni la apertura de juicio oral a un torpe y marrullero Francisco Camps, y tres más, acusado de un delito de cohecho impropio que juzgará un jurado popular, asunto que podría ofrecer un poco de combustible para un deprimido PSOE. Algún peaje deberá pagar el Partido Popular por haber permitido que el presidente valenciano y otros imputados, con grave desconsideración a la ciudanía y a la estima al servicio público, se presentasen a las elecciones el 22-M.
Dada la situación, debe ser un mínimo consuelo para el PSOE que su candidato se declare preparado “urbi et orbi” para acudir a la cita electoral en cualquier momento, que seguramente será en Noviembre. Y sería lo mejor que pudiera ocurrir una vez la semana que viene se apruebe la reforma de las pensiones y ya convalidado el Decreto ley de regla de gasto y amparo a los hipotecados. Se sabe que cuando rige la vigencia de la ley de Murphy es inútil recurrir a aplazamientos porque todo aquello que el Gobierno intente que no sea la decisión de hacer mutis por el foro, le saldrá mal. Que se lo cuente, sino, al nuevo y flamante portavoz del Gobierno, José Blanco, que confundió al jugador Ibaka por la multinacional Ikea. ¡Es Murphy!
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 16/7/2011