EA no ha incluido en sus listas a personas independientes, sino que ha suscrito un pacto de igual a igual con Batasuna.
El Gobierno debe impugnar todas las listas o pedir la ilegalización de la coalición, recurriendo a todos los medios para evitar que se consume la farsa y Batasuna vuelva a las instituciones.
LA CARACTERÍSTICA esencial de un Estado de Derecho es el respeto a la legalidad vigente. Pero esa legalidad es utilizada con frecuencia por quienes buscan eludir la ley para conseguir sus fines. Esto es lo que han venido haciendo desde hace muchos años ETA y Batasuna, su brazo político, que se han beneficiado del garantismo jurídico de nuestro sistema democrático.
Ese garantismo fue el que permitió a Antón Troitiño salir de la cárcel la semana pasada tras haber cumplido una pena de tan sólo 24 años de cárcel por 22 asesinatos. Un tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Alfonso Guevara, realizó una interpretación equivocada del cómputo de la prisión preventiva que permitió a Troitiño abandonar la cárcel seis años antes de los 30 que tenía que cumplir de forma efectiva.
El Tribunal Supremo falló ayer sobre un recurso en el que despeja todas las dudas sobre este asunto y establece que el descuento de la prisión preventiva tiene que hacerse no sobre los 30 años de cumplimiento sino sobre el total de la pena. En el caso de Troitiño, casi 2.500 años. Ello significa que tendrá que volver a la cárcel a saldar los seis años que le faltan.
La resolución del Supremo evidencia no sólo que la Audiencia ha aplicado un criterio incorrecto a este etarra, sino que además actuó con una gran falta de previsión al no haber evitado su puesta en libertad. La Audiencia sabía que había muchos terroristas en situación similar y, por tanto, el Pleno de la Sala de lo Penal para unificar doctrina tenía que haberse celebrado antes.
El Pleno se va a reunir el lunes, pero nada garantiza que Troitiño -que según la Fiscalía es un hombre libre- no se haya ocultado o fugado ya de España. Si huye, será responsabilidad de la Audiencia Nacional, que no ha sabido estar a la altura de sus obligaciones.
Lo lógico y lo coherente es que la Sala de lo Penal adoptara hoy mismo todas las medidas procesales para poder reunir el Pleno cuanto antes -mañana mismo, una vez concluido el plazo para la presentación del escrito de la defensa- y aplicar la doctrina del Supremo, que comporta el inmediato ingreso en prisión del sanguinario etarra.
Aplazar esa decisión hasta el lunes próximo ha sido una grave negligencia. Si Troitiño no vuelve a la cárcel habrá dos responsables: Alfonso Guevara, por aplicar un criterio equivocado, y Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal, por no haber previsto lo que ha sucedido y por aplazar la celebración de ese Pleno hasta después de las vacaciones.
El mismo garantismo legal del que se ha beneficiado Troitiño puede favorecer ahora a la coalición formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y Batasuna, que presentó ayer sus listas ante la Junta Electoral.
EL MUNDO publica hoy un documento de las Fuerzas de Seguridad del Estado que ya obra en poder de la Justicia. Se trata de un acta de estrategia política de la coalición Bildu en la que se habla de forma reiterada de los «tres partidos» que integran el acuerdo y de la elaboración de las listas en función de los resultados electorales previos de cada uno. Ello demuestra que no se trata de que EA haya dado cabida en sus listas a personas independientes, aunque próximas a la izquierda abertzale, sino que ha suscrito un pacto de igual a igual con Batasuna y la testimonial Alternatiba.
Ello obliga al Gobierno a impugnar todas las listas o a pedir la ilegalización de la coalición como tal, una vía no contemplada expresamente en la Ley de Partidos y que suscita dudas jurídicas por la presencia de dos formaciones legales. Sea como fuere y a la luz de este informe, el Gobierno debe recurrir a todos los medios del Estado de Derecho para evitar que se consume la farsa y Batasuna vuelva a colarse en las instituciones.
Editorial en EL MUNDO, 19/4/2011