EL MUNDO – 12/03/15
· La decisión del Supremo de que ingresara en prisión trascendió a las 12:40, pero los agentes no recibieron la orden de detener al etarra hasta las 17:30.
Una filtración en el ámbito jurídico de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo y las limitaciones del insuficiente dispositivo de vigilancia encubierta puesto en marcha por la Policía y la Guardia Civil posibilitaron, el martes por la tarde, la fuga del etarra Alberto Plazaola, para quien el Alto Tribunal acababa de anular la excarcelación decretada en diciembre por la Audiencia Nacional, en una decisión previsible desde el 13 de enero. Al cierre de esta edición, las Fuerzas de Seguridad trataban de localizar al terrorista, que se encuentra en paradero desconocido.
El martes se sucedieron los despropósitos alrededor de un caso especialmente desafortunado y que ya de por sí lleva semanas creando controversia.
Plazaola es uno de los dos terroristas –el otro es Santiago Arróspide, Santi Potros– que se vieron beneficiados el pasado 4 de diciembre por el criterio aplicado por la Audiencia Nacional, según el cual las condenas cumplidas en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea debían ser restadas a las impuestas en España.
Tanto Plazaola como Santi Potros salieron de prisión, pero mientras el segundo tuvo que regresar el 19 de enero por su relación con otros dos atentados, Plazaola continuaba en libertad en tanto se dirimía el recurso presentado por la Fiscalía ante el Supremo contra su excarcelación. Una sentencia hecha pública por este tribunal el pasado 13 de enero en contra del criterio de la Audiencia Nacional presagiaba, en cualquier caso, que la decisión implicaría el regreso a la cárcel del etarra afectado y, en previsión de esta circunstancia, las Fuerzas de Seguridad pusieron en marcha durante semanas –desde el reingreso en prisión de Santiago Arróspide–, de forma extraoficial, un dispositivo de vigilancia encubierta.
Este tipo de dispositivos ofrecen la posibilidad de detectar los movimientos de la persona controlada, pero no están habilitados para su arresto hasta que los agentes reciben la orden de detención por parte de las autoridades judiciales. A menos que se detecte, claro está, un intento de fuga flagrante.
Hacia las 12.40 horas del martes, la decisión del Supremo de anular la excarcelación del etarra trascendía públicamente. Resultó baldío que los miembros de la Sala tomaran la precaución de no comunicarla al Departamento de prensa precisamente para evitar que, con su difusión, se incrementase el riesgo de fuga. Según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, en casos similares –tras las sentencias del Supremo contra Batasuna o contra organizaciones como Jarrai– los agentes recibieron de manera inmediata, antes de que la decisión fuese puesta en conocimiento de las partes, las órdenes de detención procedentes de la Audiencia Nacional, que es la institución competente para emitirlas. Pero en este caso, esa orden no llegó a las oficinas de la Policía y la Guardia Civil hasta las 17.30 horas.
En ese periodo de tiempo, decenas de manifestantes proetarras se congregaron en las puertas de la casa de Plazaola en Oñate formando lo que la izquierda abertzale denomina un muro popular, un procedimiento desplegado en ocasiones anteriores y cuya finalidad es impedir la detención de los condenados.
El último despropósito tuvo lugar al atardecer, cuando los agentes solicitaron una orden de registro para poder entrar en el domicilio del terrorista y comprobar si se hallaba escondido. La orden llegó alrededor de las 21.00 horas, pero no pudo hacerse efectiva hasta las 23.00 horas porque hasta entonces no llegó un representante de los juzgados de Bergara.
Plazaola cumplía una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza en 1987 y otra de 10 años por un delito de estragos. En Francia fue sentenciado a una pena de siete años que cumplió y que fue la que se acumuló a las condenas españolas.
EL MUNDO – 12/03/15