El caso del chivatazo policial a ETA del bar Faisán sigue vivo. Ayer, el juez de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional interrogó a los policías que elaboraron el informe desaparecido sobre la delación perpetrada en 2006. Los agentes desvelaron que durante sus pesquisas se investigó el tráfico de llamadas telefónicas del que fuera jefe de la lucha antiterrorista durante el Gobierno de Zapatero, el comisario Telesforo Rubio.
El magistrado tomó declaración a la comisaria jefa de la Brigada de Revisión de Casos (Barc) y a uno de los dos agentes que participaron en la elaboración del informe que no aparece en los archivos de Interior.
Ambos coincidieron en que durante las pesquisas estuvieron revisando el cruce de llamadas de los policías condenados y otros mandos que aparecían entre las pesquisas policiales. Y detectaron que muchos de los investigados cruzaron llamadas en los días calientes, tanto previos como posteriores al chivatazo, con el que entonces estaba al frente de la Comisaría General de Información, Telesforo Rubio. Entonces, solicitaron a sus superiores, en concreto a la Unidad de Asuntos Internos, si les podían proporcionar los movimientos telefónicos del propio Telesforo Rubio.
Este material, que los agentes apuntaron que desconocían cómo se obtuvo, llegó a manos de los investigadores y fue utilizado en la elaboración del informe que sigue sin aparecer.
Tras apuntar esta línea, la acusación –representada por Dignidad y Justicia– trató de recabar datos sobre las conclusiones del informe. Pero los agentes se enrocaron y aseguraron que no eran capaces de dar más detalles, que no recordaban más. Sí insistieron en que las conclusiones del informe avalaban las investigaciones oficiales y que los autores eran los condenados. «A grandes rasgos, las conclusiones coincidían con las de los investigadores». «Había puntos en los que diferían», dijeron, pero no pudieron concretarlos porque no se acordaban.
Tanto la comisaria como el otro agente que participó en la elaboración del informe dejaron claro –como ya explicó la Policía en el informe que remitió al juez– que únicamente se realizaron tres copias, cada una con unas marcas de agua diferentes. Dos de ellas fueron entregadas al entonces director adjunto de la Policía, Eugenio Pino. La tercera, al entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas, según estos mandos.
Los investigadores entregaron las copias a Pino delante del director general de la Policía, entonces Ignacio Cosidó, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Los agentes les explicaron, incluso, las conclusiones.
Tanto Pino como Martín Blas ya comparecieron ante este juez y dijeron que no tenían en su poder ninguna de las copias del informe que les entregaron.
El instructor, tras tomar declaración a los dos mandos policiales, ha dictado una nueva providencia y ha citado otra vez a declarar a los comisarios ya jubilados Pino y Martín Blas. El magistrado está decidido a averiguar qué paso con el desaparecido informe. Los testigos de ayer aportaron copia del oficio de remisión de los informes tanto al director adjunto como a Asuntos Internos.
Otro de los datos que los agentes pusieron sobre la mesa durante su declaración fue que todo el material que iban analizando y sus conclusiones lo iban recogiendo en un disco duro. Cuando la acusación les preguntó dónde está ese disco duro, aseguraron que les ordenaron destruirlo tras imprimir las tres copias.
El informe sigue sin aparecer en Interior. Fue entregado el 22 de enero de 2013 y el juicio comenzó en septiembre de ese año.