El final del encuentro del 78

EDUARDO TEO URIARTE – 20/11/14

Eduardo Uriarte Romero

Eduardo Uriarte Romero

· El abandono de la escena política por parte de Alfonso Guerra ha sido considerado por algunos comentaristas como el momento simbólico que demuestra el final de una etapa. El último protagonista de la Transición en ejercicio, el diputado que ha estado presente en la Cámara desde las primeras elecciones democráticas, se marcha a su casa.

Está bien buscar referencias visibles a la hora de ir analizando los acontecimientos, pero si lo que se quiere mostrar destacando la desaparición de Guerra es la desaparición del sistema que nos otorgó la democracia quizás resulte inexacto y tardío, porque él mismo fue protagonista tiempo atrás de algunos hechos, como el paso del nuevo Estatuto catalán por el Congreso,  que estaban desmontando el sistema constitucional pactado en el año setenta y ocho. Aunque Guerra se marche ahora, su época, la política que le acompañó,  la Constitución que él ayudo a erigir, estaba siendo demolida en sus fundamentos desde el momento en el que Zapatero accedió a la secretaría general del PSOE y, muy especialmente, en su paso por la presidencia del Gobierno. Su época pasó cuando firmó como presidente de la comisión institucional el proyecto de nuevo Estatuto catalán.

La marcha de Guerra coincide con la llegada del emergente partido Podemos, con la posibilidad de que éste elimine el bipartidismo, y coincide con el ataque frontal al sistema por parte de uno de los promotores de la Constitución, CiU, al potenciar éste la agresiva escalada secesionista en Cataluña. Podríamos quedarnos aquí y encontrar las causas de esta situación de inestabilidad traumática en el hecho de que CiU abandona el espacio político común y en el fenómeno populista de izquierdas que amenaza la estabilidad, pero este deterioro tiene su causa previa en el abandono por parte de los dos grandes partidos de la política, sustituyéndola por la mera gestión del poder, pero sobre todo, en el alejamiento del espacio constitucional por parte del PSOE. Ante el vacío político provocado por estos partidos, y la erosión del sistema iniciada por Zapatero, era evidente que el hueco de la política iba a ser ocupado por otros que, evidentemente, se esforzarían en alejarse de todos los fundamentos políticos e ideológicos que habían sustentado el sistema, porque ya uno de los principales promotores, el PSOE, los había estado abandonando. El sistema se ha caído desde dentro y muy concretamente tras peligrosas iniciativas promovidas desde el socialismo.

Es evidente que el envejecimiento de los partidos, especialmente cuando han gozado de un importante poder, les transforma en un fin en sí mismo alejándolos del papel de representación y servicio público que ofrecieron en sus inicios. A la vez, se abandona la política (que exige un marco común constitucional para ser tal) y se sustituye por el mero ejercicio de la gestión del poder, que es a la postre lo que interesa, intentando hacernos creer que sus peleas de patio de zarzuela, sus descalificaciones, sus gestos oportunistas, tienen algo que ver con ella. Desde ese momento, desde la desaparición de la política, cualquier marco común es un estorbo, dando paso al pragmatismo más burdo, a la desideologización, al encono sectario, lo que favorece todas las tramas corruptas justificadas por la consecución del poder a cualquier precio. Precio que no duda, en el proceso de distanciamiento entre los dos grandes partidos, en distanciarse incluso del marco común constitucional, creyendo infantilmente que el sistema lo aguanta todo. Ni siquiera ese espacio de encuentro político se respeta, y las consecuencias empiezan a ser caóticas, empezando por el fin del partido más insistente en dicho distanciamiento: el PSOE.

Así llegamos a lo actual. CiU deserta, le organiza al Estado una quiebra legal de enormes consecuencias, amenaza Podemos con hacerlo quebrar también, después de que el PSOE por su parte, desde tiempo atrás, mostrara su abandono constitucional con sus reticencias a la Monarquía, con sus ansías de reforma constitucional huera clamando por un federalismo mágico que desconoce en qué consiste, escapando de cualquier acuerdo de estado con el PP, de cualquier atisbo de apoyo al Gobierno en el contencioso catalán, y presentando ideas descabelladas como la desaparición del Ministerio de Defensa. La reclamación de reforma federal por su parte, amén de provocar mayor radicalización y alejamiento de los nacionalistas (salvo que lo que se plantee sea una reforma confederal), constituye otro despropósito digno de ZP, pues plantear dicha reforma en una dinámica sostenida de enfrentamiento con el PP, sin el imprescindible ambiente dialógico, es utilizar la Constitución para el enfrentamiento –lo último que nos quedaba por ver-, es “desconstitucionalizarla” como marco de encuentro. Es otra maniobra sin escrúpulo ni responsabilidad.

Mientras tanto el PP, en plena crisis política, además de afectado por la corrupción que comparte con el PSOE y CiU, carece de discurso político, pues cree que lo suyo es sólo gestionar el poder  existente tras el paso de Zapatero.  Cuando más falta hace la iniciativa y el discurso político, porque la crisis es de unas enormes dimensiones políticas, el PP no sabe lo que es eso de la deliberación política (tampoco lo sabe el PSOE) y se escuda ante el reto del nacionalismo catalán en el chiquero de la legalidad. Una inadecuada y vulnerable línea roja ajena a la política.

Cómo llegamos a esto.

La última operación política con responsabilidad de Estado, celosa de la estabilidad constitucional frente al terrorismo de ETA y la secesión promovida por  Ibarretxe, fue la encabezada por Jaime Mayor y Nicolás Redondo, PP y PSOE, en el año 2001. Dicho encuentro, que podía finalizar en un Gobierno de coalición en Euskadi, implicaba medidas represivas frente al terrorismo y un acuerdo político frente al secesionismo nacionalista. Pero empezaba en las filas socialistas a ser visto con fobia cualquier acercamiento al PP por razonable que fuera el motivo. Incluso  era visto como mucho más pernicioso y grave este acercamiento al PP, en unos momentos en que militantes de la derecha y  socialistas caían bajo las mismas balas  ante la indiferencia del nacionalismo moderado, que las relaciones que se habían mantenido, en muchas ocasiones servilmente, con un PNV en la línea de salida hacia el soberanismo.

Aquella operación fracasó en las elecciones autonómicas por veinticinco mil votos, votos prestados desde el lado del nacionalismo radical a Ibarretxe. A las pocas semanas Nicolás Redondo fue defenestrado por los socialistas, y la política de enfrentamiento total con el PP centró la actuación de su partido abandonando cualquier escrúpulo ante el riesgo de quebrar la estabilidad política. Por lo visto, la de Redondo era una política –era política- a favor de la legalidad constitucional pasada de moda. Desde aquel momento, el único discurso que va a unir a las bases del PSOE es su crítica y condena absoluta de la derecha. Posteriormente llegaron los sucesivos ataques al marco constitucional hasta alcanzar el más grave con el reciente simulacro de referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ensayo más o menos festivo, como suele darse en política, anterior al definitivo acto trágico de la ruptura, que sucederá muy pronto (y se extenderá a Euskadi) si el PP y el PSOE no son capaces de recomponer el núcleo constitucional. Es casi imposible que el PP pueda superar la crisis política sin el apoyo del PSOE. Si el PSOE otorgara su apoyo a la defensa del marco constitucional la crisis estaría desactivada.

CiU supo que la época constitucional había pasado cuando el PSC le arrebató el gobern pactando con los independentistas. Pudo observar que el poder lo justificaba todo, que valía todo,  y que se olvidaban las formas sobrevenidas del pacto entre las fuerzas constitucionales (hecho que se repetiría en Euskadi en el acercamiento del PSE a Batasuna durante el proceso de negociación que podría arrebatar al PNV su centralidad política). Este hecho, junto a la radicalización nacionalista del PSC, le arrastró a CiU a su radicalización. El intento de colar un estatuto contrario a la Constitución por iniciativa del PSC, compartida por el PSOE, era la prueba irrefutable de que nada se mantenía sagrado. Cuando CiU, perjudicada por aquellos gobiernos tripartitos, volvió a la escena política lo hizo libre de cualquier compromiso del pasado, y más radicalizada que nunca. Posiblemente podamos descubrir que ya desde entonces el PSOE en vez de ser parte de la solución catalana empezaba a ser origen y parte del problema, no sólo porque radicalizaba a CiU, sino porque le enseñaba el camino a seguir con aquel Estatuto: el soberanismo.

En este proceso el Pacto Antiterrorista puede considerarse una excepción en su enfrentamiento radical con la derecha –sin embargo, bien vale recordar que aunque se gestó a petición de Zapatero duró el tiempo necesario para hacer pública su negociación con ETA, pues cuando el pacto se firmó ya existían conversaciones con Otegi encaminadas a ese fin- porque lo principal en el socialismo era la estrategia de acoso al PP. Actitud que se vio reafirmada con su comportamiento en la bochornosa víspera de su victoria electoral del 2004, que no tuvo escrúpulo alguno en sacar a los militantes a la calle para culpar al PP de los atentados del 11 M  como causa de la participación en Irak -cuando no lo era-, en una conducta incívica, inaudita, sin precedente en la Europa democrática. Pero ya estábamos en que lo importante era el poder por encima de todo. La política se saltaba saltándose los buenos usos de ésta, olvidando para qué un partido está en el juego político.

Si bien “la alianza de civilizaciones” se orientó a ofrecer una imagen de entendimiento con el mundo árabe, “la memoria histórica” estuvo encaminada a desenterrar el enfrentamiento civil del pasado y excavar un foso político frente a la derecha. Es decir, es la declaración de la ruptura de la Transición y del espacio común, pues la derecha se convierte en los sucesores del franquismo. Esa enfermiza nostalgia del abuelo fusilado por los fascistas unida a la actitud condenatoria de la derecha no la trajo Podemos, la trajo Zapatero. Se abrió desde dentro del sistema, desde el socialismo, el portón para el acceso del populismo rupturista de izquierdas, y así Podemos pudo sostener sin demasiada contradicción y debate con el resto de la izquierda la consideración de traición que le merece la Transición y el pacto constitucional (y alabar a ETA por haberlo rechazado). En este discurso Podemos poseía todas las ventajas catapultada por los excesos radicales del socialismo.  Es más, no hubiera surgido tan brillantemente a la vida política si ZP no inventa lo de la memoria histórica. Es decir, los despropósitos del socialismos han sido aprovechados por otros, por Podemos en el terreno de la izquierda, y por CiU en el  soberanismo catalán, constituyendo ambos una formidable alternativa destructora del sistema.

De la labor realizada por el socialismo en estos últimos años él no sacará ningún beneficio. Iniciado el proceso de ruptura, habiendo abandonado los fundamentos democráticos de la socialdemocracia, ha acabado por dejarse seducir por la política de ruptura que procedía del nacionalismo, y ahora lo hace, también, por la que procede de Podemos, tras haber sido él el que iniciara a los encargados de devorarle el camino a seguir hasta sus últimas consecuencias. Zapatero se encargó de destapar todas las cajas de Pandora.

El refugio de la legalidad.

Menos mal que Rajoy tiene la mayoría absoluta, que de no tenerla hubiera hecho lo de Amadeo de Saboya. Si el gran defecto político de nuestra izquierda es su gran dosis de emotividad, evitando el racionalismo en su política, evitando a la postre tener su propia política y adoptando la demagogia de moda, en nuestra burguesía, históricamente, cuando la situación se le ha complicado delegaba en el Ejército la solución del problema. Nuestra timorata derecha no ha dejado de ser tecnócrata (abundan los abogados del Estado y otros burócratas), y, por ello, cuando el panorama político se le complica es delegacionista. Antes cedía el protagonismo al Ejército, pero en él, afortunadamente, se han producido grandes cambios tras dejar atrás la dictadura, asume su papel constitucional sin meterse en política. Ahora, el PP, no tiene otro sitio donde delegar los retos políticos que en la Justicia, pero la respuesta de ésta  puede resultar insuficiente.

El encastillamiento del PP en la Justicia ante el contencioso del separatismo catalán tiene el enorme defecto de dejar todo el campo político al contrincante. Confirma y acelera la cultura y vocación defensiva de la derecha y sus nauseas al ejercicio de la política. Por un lado, la convierte en inútil, por el otro, favorece con este comportamiento al adversario al que cede todo el espacio. A un adversario, tanto el nacionalista como el socialpopulista, que disponen de un discurso político para la movilización, de prepotente osadía y coherencia. Un aparente gran discurso porque, entre otras razones, apenas existe en los viejos partidos (e incluso en la prensa) quien rebata sus argumentos, porque desde hace muchos años abandonaron la política. Sin embargo, la política es deliberación, la democracia se basa en la deliberación, no en la amenaza del ejercicio de la ley, porque en un momento dado, e históricamente está demostrado, ante la inexistencia de argumentación democrática, suele ocurrir que la Justicia no actúe superada por la movilización de las masas. Ante los procesos dirigidos por formaciones de vocación fáctica la Justicia desaparece. No hay más que repasar los numerosos ejemplos de la primera mitad del siglo pasado.

A medio plazo la estabilidad constitucional se verá superada por los que de forma tan brava, pues son nacionalistas, con su enorme nivel de presión y hasta coerción social, pues son nacionalistas, realizan. Reto ante el que cualquier juez se considera impotente, máxime cuando es el Ejecutivo presidido por Zapatero el que promueve la abolición del artículo del código penal que prohíbe referendos por administraciones no competentes, y que el Gobierno del PP es incapaz de rectificar disponiendo de mayoría absoluta a pesar de divisar el reto nacionalista que le venía encima. La defensa de la legalidad en el espacio político la tienen que hacer los partidos políticos constitucionalistas. El problema es que ya no son políticos, el problema es que hace mucho tiempo se vino abajo el núcleo constitucional formado por el PSOE y el PP. De haber existido éste no estaríamos hablando del reto nacionalista ni del populista.

La secesión en Cataluña se producirá mediante la fuerza de los hechos. No sólo porque le es imposible al nacionalismo catalán ejercitar por la vía legal en la Europa Occidental la autodeterminación, sino porque una ruptura de tal trascendencia no se hace por procedimientos democráticos ya que la democracia desde sus orígenes es para concitar el encuentro, para sumar, no para separar. Por ello, y porque el nacionalismo es una concepción política decisionista (Carl Schmitt) lo hará por la fuerza. Máxime cuando tras la bananera jornada del 9N considera  semejante montaje el modelo a seguir, pues para un nacionalista es el modelo democrático a seguir, sin atisbo de duda alguna, pues lo consideran libre y participativo, porque tiene la gran ventaja de que los partidarios de la unión, a pesar de que sea una jornada en libertad, han dejado de existir en Cataluña. Que es a la postre el fin de este tipo de ideologías, la abolición del disentimiento.

Y aún así el secesionismo el 9N sólo consiguió un tercio del electorado. Pero ojo, un tercio de gente tan osada y decidida puede llevarse por delante a todo un Estado si enfrente no hay quien los rebata.  Un tercio del electorado tuvo Hitler, no todos en Italia eran camisas negras, y la rebelión del 36 no se inició precisamente en las zonas más pobladas. Lo que interesa a los nacionalistas es que los otros desaparezcan, así ni siquiera necesitan ganar, y eso lo consiguen por la fuerza de sus actos, la inhibición de los demócratas, y la del Estado.

Los demócratas debía haber promovido grandes debates sobre el asunto, pero se prefirió no crispar, no frustrar, no provocar, actuando pasivamente frente a los que usaban todos los medios políticos y agitativos, otorgando todas las ventajas al secesionismo. Se olvidó que fue precisamente en el debate en la Cortes donde se rebatió a Ibarretxe, donde se deliberó en profundidad en aquel momento frente a la secesión (¡gran discurso de Rubalcaba!), y, sobre todo, el rechazo argumental ganó en calidad por coincidir las ideas utilizadas por los portavoces de los dos grandes partidos constitucionales. Esa tarde se hicieron útiles a la democracia y pudimos descubrir que aún les quedaba un resto de discurso político compartido. ¿Por qué no se ha presentado en las Cortes un debate sobre el proyecto secesionista de Cataluña cuando se pierde el tiempo con Monago, con Chaves y Griñán, Gurtel, etc., que son, precisamente, los temas que debe gestionar la Justicia? No se presentó posiblemente porque el desencuentro entre los fundadores del sistema político podía levantar su acta de defunción, como estuvo a punto de provocarla la abdicación del rey.

Si se hubiera aceptado el debate hubiera existido argumentos y liderazgo para los demócratas opuestos a la secesión. Y visto lo ocurrido, si se hubiera propuesto por el Gobierno un proceso plebiscitario siguiendo el modelo de la Ley de la Claridad aplicado en Québec, bajo control del Estado y garantías democráticas, la situación en Cataluña no hubiera llegado tan lejos. El debate y argumentación hubieran permitido que los que no son nada ni nadie, los dos tercios de catalanes que se abstuvieron en la manifestación separatista del 9N, tuviesen unas referencias políticas que abogasen por la unidad democrática, hubieran existido políticamente porque los partidos constitucionales rebatían a los secesionistas. Ahora los españoles, o los que le parece que la secesión es una locura, están desaparecidos, y la justicia hecha un trapo sin autoridad ante los desmanes políticos. Es curioso contemplar que en Cataluña los únicos que han hecho política eran los que estaban en pro de la ruptura, y en contra de la legalidad, y enfrente muy pocos. Parece que el Gobierno y el PP no deseba se le complicara la situación, por el contrario, parecía minimizar el problema mandándolo al fiscal. Lo suyo es otra cosa, como contestar las tonterías demagógicas que el PSE le presenta en el Congreso de los diputados. Y eso no es política, es farsa.

Es la opinión de Juaristi: “Y no se debía consentir que se celebrase [el referéndum], es verdad, pero, en mi opinión, habría sido preferible un referéndum con la presencia del Estado asegurando el orden que este recuento triunfalista de las filas independentistas movilizables, un gigantesco gesto de intimidación hacia los excluidos de toda comunidad, hacia los parias de Cataluña, dos tercios o más del censo electoral, ni pueblo constitutivo ni clase revolucionaria, sino muchedumbre agazapada tras el repliegue de un Estado que dejó de garantizar sus derechos hace mucho tiempo”.

Pero todo podría solucionarse con un milagro: el reencuentro constitucional del PSOE y el PP. Pero es un milagro. Entonces, sólo resta esperar que lleguen las turbas .

Eduardo Uriarte Romero