EL MUNDO 09/07/14
· Recurrirá la sentencia del sitio al Parlament porque se trata de «hechos muy graves»
La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo la absolución de los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament en junio de 2011. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó ayer que respeta la sentencia pero que está en «absoluto desacuerdo» con la decisión de la Sección 1ª de la Sala Penal. Por eso, Torres-Dulce, que se encontraba en Barcelona, donde se reunió el
Consejo Fiscal, apuntó que «las afirmaciones de doctrina sobre el tipo penal» que hace esta sentencia absolutoria «merecen una revisión por el más alto tribunal para que fije en casos similares».
Torres-Dulce destacó que estos incidentes, por los que se pedían hasta cinco años de cárcel para los procesados, son «hechos realmente muy graves que afectan a la soberanía democrática de un parlamento». Además, añadió que a él personalmente este asunto le parece «grave» y le «preocupa», por lo que instó al Supremo a que «debata y decida quién tiene la razón jurídica». El fiscal general se reunió ayer con el president catalán, Artur Mas, aunque la conversación giró sobre colaboración en la administración de Justicia.
La Generalitat y el Gobierno también se pusieron de acuerdo para rechazar la absolución por los incidentes producidos durante el asedio. El portavoz del Govern, Francesc Homs, dijo que recurrirán esta resolución, ya que le «sorprenden» algunas conclusiones. «Es una sentencia que, más allá de afirmar que la acatamos, desde el punto de vista de contenidos hay aspectos que no compartimos y se tiene que poder decir con todo el respeto a los tribunales y a la Audiencia Nacional», explicó Homs.
El portavoz cree que hay una diferencia entre las imágenes del sitio y las conclusiones de la sentencia. «La sorpresa que expresamos es el contraste con lo que todo el mundo vio y cómo los hechos se consideran no probados», destacó. Además, defendió la actuación de los Mossos d’Esquadra y añadió que «la responsabilidad de los excesos es de aquellos que los cometen».
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, calificó la decisión como una «barbaridad jurídica» que «deja indefensas a muchas instituciones». Duran afirmó que es «evidente» que hubo una «limitación» a los diputados que querían acceder al Parlament para poder «cumplir su deber» en representación de la «soberanía popular» y «esto tiene una gran repercusión en el futuro». «Espero que sea apelada y espero, también, que sea corregida en una instancia superior», destacó el líder de Unió.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó por su parte que está «en radical y absoluto desacuerdo con lo que han decidido por mayoría estos jueces». «Estoy de acuerdo con la Fiscalía y estoy de acuerdo con el magistrado Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala Penal de la Audiencia, que ha manifestado un voto discrepante en relación con esta sentencia», añadió. Además, recordó que los manifestantes impidieron «de manera violenta, con amenazas, con coacciones, con insultos y con todo tipo de vejaciones» que los diputados «pudieran acceder con normalidad a cumplir con su deber».
El sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación popular en esta causa, también anunció que recurrirá la sentencia, al considerarla «manifiestamente injusta», rozando «el límite de la prevaricación».
Las asociaciones judiciales defendieron que la sentencia es «correcta jurídicamente» y pidieron no exacerbar las peticiones de pena en busca de sentencias «ejemplarizantes». La Francisco de Vitoria pidió moderación y advirtió de que «no hace falta acudir al precepto del Código Penal más grave» para convencer al tribunal. Por su parte, Jueces para la Democracia defendió que la sentencia no ampara las agresiones e indicó que los cargos públicos «igual tienen que soportar incomodidades», siempre que no constituyan delitos.