El fiscal investiga a un diputado de Bildu

EL MUNDO 29/10/14

· Quiere saber si Casanova ha liquidado su condena de inhabilitación

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, no lo tiene claro y quiere que la Audiencia Nacional le remita toda la información sobre la liquidación de la condena de Iker Casanova, el nuevo diputado vasco de Bildu. El fiscal ha movido pieza después de que la asociación Dignidad y Justicia, liderada por Daniel Portero, advirtiera de que el nombramiento de Casanova no se ajusta a ley porque, a su entender, no había cumplido su sentencia por pertenencia a organización terrorista cuando tomó posesión como parlamentario vasco. La extinción de la pena se producirá en noviembre de 2016.

El escrito de la letrada de Dignidad y Justicia, Vanessa de Santiago, asegura que, cuando tomó posesión, Casanova habría quebrantado la pena de inhabilitación que le fue impuesta por la Justicia. Por ello, el fiscal pide al registro central de Antecedentes Penales la hoja del diputado vasco. Además, oficia a la Audiencia Nacional para que le remita copia de las sentencias (de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo) y la liquidación de la condena de la pena de inhabilitación para ejercer empleo y cargo público.

La asociación de Portero considera que, aunque Casanova ha cumplido con la pena privativa de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por integración en organización terrorista, no ha saldado sus cuentas en el caso de la inhabilitación especial para desempeñar cargo público.

Casanova fue condenado por la Audiencia a 11 años de prisión y a inhabilitación especial por el mismo periodo. El Supremo rebajó la pena a siete años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo. La acusación entiende que, al haberse impuesto como principales, las penas de prisión y de inhabilitación no computan de forma «vinculada». «Una vez extinguida la pena privativa de libertad impuesta, la de inhabilitación especial deberá seguir cumpliéndose hasta el límite máximo impuesto en la sentencia», apunta el escrito.

Entiende que el tiempo que Casanova pasó en prisión provisional «ha tenido que ser exclusivamente compensado respecto del cómputo de la pena de prisión y no de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta, la cual comienza a tener efecto desde el mismo momento de la firmeza de la sentencia».

La asociación recuerda que la sentencia del Alto Tribunal es del 22 de mayo de 2009 y constata que la fecha de inicio de la condena, según se desprende de la liquidación de la pena, fue el 1 de junio de 2009. Tomando como referencia la fecha de la condena, el 22 de mayo de 2009, la acusación contra Casanova entiende que el parlamentario vasco debería estar inhabilitado para ostentar cargo o empleo público hasta el 22 de noviembre de 2016.