EL CORREO 10/11/14
· El ministro de Justicia dice que la cita con las urnas ha «exacerbado» la división en Cataluña y evidencia el «fracaso» del presidente de la Generalitat
Una hora después de que cerrasen los colegios electorales en Cataluña, y en una comparecencia que apenas se prolongó un minuto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fijó la oposición del Gobierno central y echó un jarro de agua fría a quienes esperaban algún tipo de movimiento por parte de La Moncloa. Porque para el Ejecutivo, lo que se vivió ayer en Cataluña fue «pura propaganda política carente de cualquier calidad democrática».
La asistencia de más de dos millones de personas a las urnas colocadas por varios miles de voluntarios no parece modificar ni una coma el guión sobre el que se ha movido el PP durante los últimos meses. Es decir, que el sucedáneo vivido ayer tras el veto del Tribunal Constitucional a la consulta impulsada en un primer momento por Artur Mas, es un acto «sin validez, inútil y estéril».
Catalá, de hecho, se esforzó en restar cualquier tipo de credibilidad al proceso. Según el ministro, cualquier tipo de consulta que quiera hacerse en España debe regirse «por unas normas» que no se han cumplido en el denominado «proceso participativo». El titular de Justicia destacó que la convocatoria de ayer fue organizada por «partidarios de la independencia» y que no cumplió ningún requisito de «imparcialidad». O lo que es lo mismo, que sus impulsores actuaron como «juez y parte», lo que invalida la consulta ante cualquier organismo.
Es más, Catalá insinuó que el aparente ambiente festivo que reinó en buena parte de la jornada no sería del todo real. Más bien al contrario. El sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia recalcó que la propuesta lanzada por Mas y por varios colectivos ciudadanos sólo ha servido para «exacerbar la división» en la sociedad catalana y para evidenciar el «fracaso» del presidente de la Generalitat al no poder convocar la consulta inicial.
Pero más allá de las críticas, Catalá también lanzó un aviso después de que desde diversos sectores se haya reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy el haber permitido que se desarrollase la pseudoconsulta. El ministro advirtió de que la Fiscalía sigue recabando datos para averiguar si se desprenden responsabilidades penales. La duda que intenta resolver el Ministerio Público es saber si la jornada de ayer estuvo impulsada por la Generalitat, lo que podría suponer un grave problema para Mas, o por colectivos ciudadanos sin vinculación con el Govern.
Aun así, parece que el nivel de tensión entre el Gobierno central y CiU ha vuelto a elevarse varios grados tras unos días en los que parecía que había descendido. Fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia Efe subrayaron ayer que la postura adoptada por Mas «dificulta el futuro», la búsqueda de una salida pactada para celebrar algún tipo de referéndum con todas las garantías legales. Al parecer, en La Moncloa no ha gustado nada que Mas reiterase que se hace responsable del 9-N y lamentase que el Gobierno central ordenase actuar a la Fiscalía. Ahora habrá que esperar a ver qué respuesta da Rajoy a la carta que Mas prometió enviarle a partir de hoy.