EL MUNDO – 05/02/16 – EDITORIAL
· El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó hace unos días que el proceso de desconexión con España ya ha comenzado y que eran unos ingenuos quienes creían que no iba en serio. Efectivamente el independentismo va en serio porque anteayer Junts pel Sí y la CUP registraron en la Mesa del Parlament una iniciativa para constituir tres ponencias para elaborar las leyes de la llamada Transitoriedad Jurídica y para la creación de una Agencia Tributaria y una Seguridad Social propias.
El mandato para estas tres leyes está expresamente definido en la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional. Los promotores de esta iniciativa han subrayado que las ponencias vienen a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en esa declaración. Y el mismo Puigdemont también enmarcó las tres normas dentro del proceso para crear un Estado independiente en 18 meses.
Ciudadanos, PSOE y PP ya han dicho que no van a formar parte de estas ponencias, pero eso no va ser obstáculo para los dos partidos independentistas, que han dejado claro que el Parlament tiene plena soberanía para hacer lo que quiera, diga lo que diga el Constitucional.
Es evidente que si la Mesa del Parlament da luz verde a esta iniciativa de Junts pel Sí y la CUP, como previsiblemente va a suceder en muy breve plazo, se estará colocando fuera de la ley. Y ello por la sencilla razón de que el Constitucional no sólo falló sino que además advirtió a la presidenta del Parlament, a la Mesa, al letrado jefe y a los grupos parlamentarios de que el desarrollo de esa declaración constituía un delito de desobediencia. Por tanto, los promotores de estas ponencias y la Mesa están a punto de cometer un delito que han anunciado y proclamado para que no pase desapercibido.
Ello obliga al Gobierno de la nación a reaccionar de forma inmediata el día en el que se consume esta violación de la legalidad y de las reglas del Estado de Derecho. Hay diferentes vías para hacerlo. El Gobierno podría pedir al Constitucional que actúe para garantizar que su sentencia se cumple. Y también podría impugnar la resolución de la Mesa, exigiendo la paralización de la iniciativa. E incluso el Fiscal General del Estado podría querellarse por un delito de desobediencia.
Eso lo tiene que decidir el Ejecutivo, pero lo que resulta ineludible es que haya una actuación rápida y eficaz que impida la creación de esas ponencias. No se puede dejar avanzar al independentismo al margen de la legalidad, fingiendo que sus acciones no tienen consecuencias.
Pero la reacción del Gobierno no puede ni debe limitarse a bloquear esas tres leyes. Tiene que ir acompañada de una respuesta política. Y esa respuesta pasa por dejar de seguir financiando a la Generalitat sus sueños independendistas y por vigilar que cada euro que sale del FLA para Cataluña sirva para costear servicios básicos. Lo que resulta surrealista es que el Estado siga poniendo cada año una suma cercana a los 10.000 millones de euros, mientras Oriol Junqueras, consejero de Economía, se jacta de la solvencia de una Hacienda catalana que está en quiebra y que no puede emitir ni siquiera bonos basura.
La gravedad de lo que está sucediendo en Cataluña corrobora la necesidad de llegar a un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para formar un Gobierno estable, que pueda dar una respuesta unitaria al reto del independentismo.
Sánchez exigió ayer a Rajoy que pacte cualquier medida respecto a Cataluña, lo que nos parece un error porque sugiere una eventual falta de acuerdo. Esas cosas no se dicen.
Hay que subrayar que la ley concede un amplio margen al Gobierno, aunque se encuentre en funciones, para responder a desafíos como éste. Puigdemont no debe albergar dudas de que habrá respuestas proporcionales a los pasos que vaya dando. La creación de estas ponencias no es sólo una provocación sino que además es una ilegalidad que exige una reacción ejemplificadora del Estado.
EL MUNDO – 05/02/16 – EDITORIAL