ABC 31/10/14
· El Consejo de Ministros aportará hoy las pruebas acumuladas para pedir al TC la suspensión inmediata del «nuevo» 9-N
Desde la página 1 La maquinaria del Estado ha vuelto a ponerse en marcha un mes después para impugnar el segundo intento de Artur Mas de celebrar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña el próximo 9 de noviembre. El Gobierno volverá a apelar hoy a la defensa de la soberanía nacional para impugnar una «pseudoconsulta» con la que los nacionalistas catalanes pretenden preguntar sobre el futuro político de Cataluña, y por tanto del conjunto de España, algo que, según la Constitución, concierne a todo el pueblo español y no solo a una parte. Ese será precisamente el principal argumento que volverá a emplear el Consejo de Ministros para aprobar una nueva impugnación ante el Tribunal Constitucional, con la petición expresa de que la «nueva» consulta prevista para el 9 de noviembre quede suspendida.
El Gobierno llevaba dos semanas acumulando pruebas para preparar un minucioso recurso, incluidos el edicto donde se crea un registro de participantes el 9-N, las misivas enviadas a los ayuntamientos y las anunciadas preguntas sobre la independencia, idénticas a las que iban a formularse en el referéndum original, ya suspendido.
El presidente Mariano Rajoy defendió ayer la actitud «prudente» que ha tenido el Gobierno durante estas semanas, sin dejar de vigilar la obligación del cumplimiento de la ley. Cuando ha tenido pruebas suficientes y contundentes para actuar contra la «pseudoconsulta», lo ha hecho. Rajoy destacó sobre todo la falta de condiciones democráticas en la que Mas pretende celebrar esa consulta, y el ataque a la soberanía nacional, ya que «plantea una cuestión que afecta al conjunto de los españoles».
«No sirve para nada»
Rajoy acusó al presidente de la Generalitat de generar tensión con algo «que no sirve para nada», y confirmó que este viernes el Consejo de Ministros debatirá el informe del Consejo de Estado que tiene sobre la mesa desde ayer, y tomará la decisión «que mejor convenga al interés general, para garantizar el cumplimiento de la ley». Esa decisión no será otra que la impugnación de la consulta, que quedará suspendida de forma automática si no hay defectos formales en el escrito del Ejecutivo. Rajoy expresó su confianza en que la respuesta de Mas será «el acatamiento a la ley democrática».
El procedimiento ha sido parecido al de la primera vez, aunque en este caso no ha hecho falta un Consejo de Ministros extraordinario, con unos efectos idénticos. El pasado lunes 29 de septiembre, Rajoy convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para impugnar la ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria que había firmado Artur Mas el sábado anterior. Por la vía de urgencia, había pedido un informe al Consejo de Estado, como ahora. El martes 30, el Pleno del Tribunal Constitucional se reunía también con carácter extraordinario y urgente, admitía la impugnación del Gobierno y dejaba en suspenso la ley de Consultas y el decreto.
El 13 de octubre, Artur Mas aceptaba que no habría referéndum, y Rajoy calificaba de «excelente» la noticia. Sin embargo, al día siguiente el presidente de la Generalitat convocaba a los medios de comunicación para anunciar que actuaría con «astucia» y mantenía su propósito de convocar una consulta alternativa, pero sin decreto para dificultar la acción del Ejecutivo y del TC. Su propósito seguía siendo el mismo, pero aún con menos garantías democráticas: preguntar a los catalanes por la independencia de su Comunidad.
Ahora, como en la vez anterior, los servicios jurídicos del Estado argumentan ante el Tribunal Constitucional que lo que Mas llama proceso de participación ciudadana no es otra cosa que una burla a la suspensión del primer referéndum ilegal, por lo que esta consulta constituye un fraude de