EL MUNDO 07/03/15
· La Generalitat asegura que comunicó oficialmente al Ejecutivo su intención de abrir nuevas ‘embajadas’
El Gobierno acordó ayer la presentación de un recurso contra varios preceptos de la ley catalana de acción exterior al Tribunal Constitucional (TC) y la petición de suspensión de la norma, por entender que invaden la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales que compete al Gobierno de la Nación.
Se recurren en concreto los artículos que consideran a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español (artículos 5 al 9), el relativo a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de las relaciones con la UE (el 26), así como los que regulan la representación de la acción exterior catalana (del 29 al 33) y la diplomacia catalana (del 34 al 38).
El Parlamento catalán aprobó en noviembre pasado el proyecto de ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que el Govern definió como un paso más en las «estructuras de Estado» en la hoja de ruta hacia la independencia.
El recurso apunta, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que la ley catalana conculca el principio de unidad de la acción exterior, «al invadir o, al menos, menoscabar» la competencia estatal para la puesta en ejecución de la política internacional.
La vicepresidenta anunció también la impugnación de los decretos del Gobierno catalán por los que se abrían delegaciones en Roma y Viena, al considerarlos contrarios a la Ley de Acción Exterior del Estado.
El Ejecutivo sostiene que la Generalitat comunicó la apertura de sus dos nuevas embajadas después de su anuncio en el DOGC –el BOE catalán– y que eso vulneraba la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. El Gobierno argumentó ayer que esa decisión unilateral es la que hizo saltar las alarmas en Exteriores y la que, a la postre, decantaría la decisión de recurrir ante el TC.
El Govern salió inmediatamente al paso de la decisión del Gobierno. La Generalitat alegó que el Ejecutivo conocía de antemano su intención de abrir nuevas embajadas porque así lo había comunicado oficialmente al Ministerio de Exteriores horas antes de publicar los decretos que activaban las delegaciones catalanas en Roma y Viena.
El Ejecutivo liderado por Artur Mas mostró de este modo su discrepancia con la determinación del Gobierno de acudir al Alto Tribunal para tumbar la ley con la que Cataluña quiere dotarse de una red diplomática propia de un Estado soberano.
En la misiva dirigida al Gobierno el 23 de diciembre del pasado año, el director general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Iban Rabasa, manifestaba que las embajadas del Govern en Roma y Viena tendrían las mismas funciones que las ya existentes: «El fomento de la proyección exterior de Cataluña y la defensa de sus intereses en el ámbito de sus competencias», es decir, en el marco del Estatut.