EL CORREO – 14/08/14
· Jonan Fernández, que anuncia que ha impulsado ya 17 de las 18 iniciativas del plan de convivencia, pide «no obsesionarse» con los obstáculos.
ALGUNAS INICIATIVAS
· Vulneraciones de derechos humanos. Programa de prioridades en materia de memoria histórica, en fase de elaboración.
· Víctimas del terrorismo. Programa ‘Gertu’ (120 entrevistas ya realizadas), informe sobre sus preocupaciones, consejo vasco de participación de las víctimas, impulso al mapa de la memoria.
· Víctimas policiales. Se prepara un segundo decreto para reconocer a las víctimas desde 1978.
· Tortura. Informe 1960-2010.
· Reinserción. Propuesta en otoño.
· Internacional. Se han mantenido contactos con la UE y se gestiona la firma de un memorándum en colaboración con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
· Universidades. Convenio.
· Ertzaintza. Curso de Amnistía Internacional.
El Gobierno vasco compareció ayer, en pleno parón vacacional de agosto, para sacar pecho por el «positivo balance» de ejecución del Plan de Paz y Convivencia y para trasladar a la opinión pública la idea de que «las voluntades sociales mayoritarias» hacen «irreversible» el «proceso» de normalización en Euskadi, aunque, según reconoció Jonan Fernández, es «imperfecto» y discurre «más lento de lo que nos gustaría». «Una involución es hoy inviable», ratificó.
El secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu presentó el informe de seguimiento del plan de paz durante el primer semestre de este año y aprovechó para poner en valor la labor del Gobierno, pese a la sensación de compás de espera que puede haber calado en la sociedad vasca. No en vano, ETA sigue demorando el momento de cerrar definitivamente la persiana –anunció en julio pasado el «desmantelamiento» de sus estructuras logísiticas y el futuro «sellado verificado» de sus arsenales, aunque sin renunciar a reconvertirse en agente político– y la ponencia de paz del Parlamento vasco continúa en ‘stand by’, sin perspectivas de reanudar sus sesiones, ante la negativa del PSE y PP a compartir foro con una izquierda abertzale que sigue sin hacer autocrítica explícita de la justificación del terrorismo que asumió en el pasado. El Gobierno vasco reclama además un cambio en la política penitenciaria, pero Mariano Rajoy, que previsiblemente recibirá al lehendakari tras el verano, no moverá ficha con los presos si no hay pasos signitificativos por parte de ETA.
Pese a esa situación de bloqueo, Fernández quiso lanzar ayer un mensaje de optimismo porque, vino a decir, aunque los distintos actores interpelados por el Ejecutivo sigan resistiéndose a hacer movimientos, la «voluntad social mayoritaria» siempre acaba por tener «peso normativo en la realidad». Fernández echó mano de la teoría de la inercia y se mostró convencido de que, más tarde o más temprano, todo caerá por su propio peso, independientemente de las resistencias que se encuentren por el camino. «No sabemos cuándo, pero el desarme llegará, el cambio de política penitenciaria llegará, la ponencia de paz se constituirá con ese nombre u otro y la autocrítica también llegará», dijo, en referencia al emplazamiento que la Lehendakaritza ha hecho a Bildu para que reconozca el daño «injusto» causado.
Esos son los cuatro principales «obstáculos» que el gabinete de Urkullu identifica en el camino para culminar un proceso en el que, insistió Fernández, «ya estamos inmersos, ya está aquí y no tiene vuelta atrás». Por eso, aconsejó «no obsesionarse» con las dificultades y se limitó a recalcar que el Gobierno vasco continúa trabajando para «crear condiciones favorables» que permitan acelerar la paz definitiva. Fernández prefirió no hacer emplazamientos directos a nadie –ni a ETA ni a La Moncloa ni a los partidos de la oposición– porque, aseguró, «estamos en el tiempo de la unilateralidad». Es decir, según su filosofía, más que «interpelar al otro» cada uno de los actores concernidos debería «aportar lo que le toca» sin mirar de reojo a nadie porque, si no, se «quedará atrás».
Hechos en vez de polémicas
Para lograrlo, el alto cargo de la Lehendakaritza propuso un «cambio de actitud» en una doble vertiente: asumir la paz y la convivencia como una «causa común» ajena a la «confrontación partidaria» y dejar a un lado la «política declarativa» para demostrar los avances con «hechos». «Sobran polémicas», zanjó Fernández, que aconsejó a los partidos fijarse más en las «oportunidades» y menos en las barreras. En esa política de «titulares» enmarcó el secretario de Paz y Convivencia el reproche que la izquierda abertzale ha hecho a Urkullu, a quien acusa de dar un «cheque en blanco» al presidente del Gobierno para mantener la actual política penitenciaria.
Fernández, que se mostró mucho más crítico con la decisión «rechazable» del Ejecutivo central de retirar ayudas a víctimas de los GAL basándose en «conjeturas» sobre su vinculación con ETA, anunció en ese sentido que el Gobierno vasco planteará en otoño una «propuesta» para la reinserción de presos enmarcada dentro del programa ‘Hitzeman’ incluido en el plan de paz. Fernández reconoció que para llevar a la práctica cualquier iniciativa orientada a la «reintegración social» de los reclusos etarras es necesario el «consenso» con el Gobierno central –competente en esa materia– y admitió también que está lejos de lograrlo.
Esa iniciativa para impulsar una política penitenciaria más flexible, por más que sea meramente testimonial, es una de las 17 que, según el balance de Fernández, están ya «en marcha» de las 18 recogidas en el documento. La única que permanece en barbecho es el proyecto de memorial de las víctimas del terrorismo, competencia directa del Ministerio del Interior, a la espera de que se concrete su posible ubicación en Vitoria. Entre los objetivos inmediatos para el segundo semestre del año, el Gobierno vasco se plantea dar un nuevo empujón al Instituto de la Memoria, aún a la espera de que el Parlamento retome el debate, la «renovación» de las políticas públicas de reparación a las víctimas, la definición de proyectos de colaboración en el ámbito internacional y la creación de un consejo consultivo para el plan de paz.
Además, Fernández dio detalles sobre el programa Gertu que el Ejecutivo presentó en mayo como una vía para «reforzar» la atención a las víctimas. Los técnicos gubernamentales se han puesto ya en contacto directo, sea en persona o por teléfono, con 120 familias de un total de 350 entrevistas proyectadas, con una respuesta que no solo ha sido positiva, según Fernández, sino que ha servido para que algunos de los damnificados puedan reclamar indemnizaciones sobre las que desconocían tener derecho. A todas ellas se les ha ofrecido, o se les planteará, la posibilidad de grabar su testimonio para incorporarlo al futuro Instituto de la Memoria. Además, Amnistía Internacional ha impartido a la Ertzaintza un curso para reforzar su «compromiso» con los derechos humanos y se ha creado un grupo de trabajo en el seno de la Policía autónoma para gestionar sus aportaciones al plan.
EL CORREO – 14/08/14