EL CORREO 13/04/14
· El Ejecutivo será «fiel» al compromiso de delegar en la ponencia parlamentaria la búsqueda de un acuerdo sobre el nuevo estatus
El gabinete de Iñigo Urkullu seguirá marcando diferencias con la vía catalana en su hoja de ruta hacia el nuevo estatus vasco, una reforma legal que, como desveló el lehendakari el viernes en el Parlamento, debería dar carta de naturaleza «por la vía de derecho» a una relación «en pie de igualdad» entre Euskadi y el Estado. Una bilateralidad efectiva en lo político que el Gobierno jeltzale espera lograr –ese es el camino teórico que seguirá, al menos, hasta las elecciones autonómicas de 2016– como fruto de un consenso labrado en primera instancia en la ponencia de autogobierno que se constituyó el pasado 20 de marzo en la Cámara vasca y pactado a posteriori con Madrid.
De hecho, y al margen de la evolución de los respectivos procesos soberanistas puestos en marcha en Escocia y Cataluña, el lehendakari Urkullu no tiene en mente –no en esta legislatura– emular a Artur Mas y exigir que se dé la palabra al pueblo vasco en una consulta.
Esa demanda, implícita en la reivindicación del «principio democrático» tal como lo interpretan los nacionalistas, no pasará al primer plano político de aquí a las autonómicas de 2016 pese a las presiones de Bildu, que insiste en que el Ejecutivo central jamás aceptará un pacto entre iguales y que es preciso pasar a la acción.
«El Gobierno vasco no va a incumplir el compromiso con el que el lehendakari se presentó a las elecciones», aseguran en el entorno de Urkullu, en referencia a la promesa contemplada en el programa electoral del PNV, a la que se mantendrá «fiel», de buscar un «gran acuerdo nacional» en el Parlamento vasco «que suponga el reconocimiento político y jurídico de la nación vasca, afirmando el derecho y la capacidad del pueblo vasco a decidir libre y democráticamente su futuro».
El Gobierno no tomará la iniciativa por lo tanto para promover una ley de consultas –la vía que ha emprendido Mas y que ya recorrió Ibarretxe con frustrantes resultados– y ni siquiera pondrá el foco sobre la necesidad de preguntar a la ciudadanía. Priorizará, en cambio, la necesidad de que sus representantes políticos se pongan de acuerdo y sean después los electores vascos los que se pronuncien para refrendar ese eventual acuerdo, «respetado» por Madrid.
Este esquema evita vincular el eventual referéndum con un órdago independentista y refuerza, en cambio, su carácter de herramienta jurídica necesaria para refrendar la «actualización» del autogobierno vasco. Apuntala también la idea del derecho a decidir «sujeto a pacto», que con el espejo del acuerdo entre Gran Bretaña y Escocia, defenderán el PNV y Urkullu cuando toque poner negro sobre blanco las conclusiones del debate.
De hecho, aquel compromiso electoral contemplaba también la necesidad –jurídicamente ineludible para refrendar cualquier reforma estatutaria– de que el hipotético acuerdo alcanzado entre las formaciones vascas se sometiera a «refrendo popular» pasado el ecuador de la legislatura, en 2015. No obstante, el Ejecutivo de Urkullu y el PNV han asumido –e incluso promovido– que el debate en ponencia será largo y parsimonioso y que las comparecencias de expertos, juristas y políticos solicitadas por los grupos se demorarán hasta bien entrado el próximo año.
Una normativa inclusiva
No en vano, el meollo del asunto –la redacción del texto articulado que vertebraría el nuevo Estatuto vasco– no se abordará hasta la recta final de la presente legislatura y el Gobierno no descarta en absoluto que la ‘patata caliente’ caiga en sus manos. El Ejecutivo jeltzale trabaja desde hace tiempo con la previsión de que los grupos le «encarguen» refundir las propuestas de cada uno de ellos en un texto jurídico que daría cuerpo a la futura norma superior vasca y que podría convertirse en banderín de enganche electoral en la campaña de Urkullu a la reelección en 2016.
En ese caso, el Gobierno vasco intentaría, según aseguran las fuentes consultadas, elaborar un texto estatutario «inclusivo» que «concilie las diferentes posturas» y no un Estatuto «de parte». Un camino que, una vez más, ya transitó Ibarretxe al elaborar el Nuevo Estatuto Político, conocido con su nombre, que se estrelló contra el muro de las Cortes españolas, donde fue despachado con un sonoro portazo similar al que recibieron el pasado martes las fuerzas catalanas que defienden la consulta del 9 de noviembre.
No obstante, en la práctica, parece ciertamente complicado que el Ejecutivo vasco pueda amalgamar en un solo texto las distantes posiciones de nacionalistas y no nacionalistas: mientras los primeros defienden que la legalidad debe amoldarse a la voluntad ciudadana mayoritariamente expresada, los segundos creen que la reforma del marco vigente debe plantearse siempre partiendo de las previsiones recogidas en la propia Carta de Gernika.
La enmienda de 2011
Por esa razón, el lehendakari, que ya el viernes abogó por dotar de «valor normativo relevante» a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía respetando los derechos «de
la mayoría y de las minorías», se mostrará especialmente combativo con la cortapisa que, a su juicio, pretenden poner el PP y el PSOE a la voluntad popular al remitir a catalanes y vascos a promover una reforma de la Constitución que saben de antemano condenada al fracaso.
De hecho, en el entorno de Urkullu recuerdan que el PNV ya planteó una enmienda a la reforma de la Constitución que pactaron los socialistas y los populares en agosto de 2011 en la que los jeltzales pedían la inclusión en la Carta Magna del derecho de autodeterminación. Sin embargo, tal enmienda fue directamente rechazada.