EL CORREO – 15/08/14
· El segundo decreto, que abarca vulneraciones de derechos humanos por motivación política desde 1978, va con retraso a expensas de una decisión judicial pendiente.
El reconocimiento a las víctimas de abusos policiales va a trompicones, pero va. El recurso interpuesto hace unos meses por la Abogacía del Estado contra el decreto modificado del Gobierno vasco que busca reparar a estos afectados por violencia generada por motivaciones políticas está dilatando los plazos, no solo de los casos ocurridos entre 1960 y 1978, sino también de los que dependerán del segundo decreto en elaboración que amparará a las víctimas de los últimos 35 años.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu continúa la labor emprendida en la legislatura anterior, y hasta la fecha ha resuelto 68 expedientes, un tercio de los 230 que tiene sobre la mesa. Hay 68 personas y familias que han visto reconocida su condición de víctima de la violencia y que han recibido o recibirán, en los casos que corresponda, la pertinente indemnización.
Es el propósito del equipo de la secretaría de Paz y Convivencia, que espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a finales de año sobre la viabilidad legal de estos reconocimientos. Pero, «ocurra lo que ocurra» –advierten en el Ejecutivo–, su determinación es buscar una vía legal para «ejercer nuestra obligación como Administración pública» de reparar a estas víctimas, que también han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy su reconocimiento y la retirada del recurso interpuesto.
El conflicto tiene su origen en la reciente modificación técnica del decreto aprobado en tiempos de Patxi López. Un cambio, a petición de los integrantes de la comisión de expertos que evalúa e investiga cada caso, que el Ejecutivo del PP rechaza por considerar que «abre la puerta a la arbitrariedad» en la concesión de indemnizaciones. Pero que, desde Vitoria, defienden plenamente porque se ajusta «estrictamente» a la legalidad que marca la normativa internacional fijada por la ONU para la reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Mientras se resuelve esta «dificultad» legal, el Ejecutivo jeltzale continúa con el proceso de evaluación. Hasta la fecha, la comisión de la que forman parte entre otros los juristas Manuela Carmena y Álvaro Gil-Robles, ha llevado a cabo 120 entrevistas, el primer paso antes de buscar en los archivos de la dictadura toda la documentación posible para probar los hechos, desde muertes a lesiones que han provocado incapacidades totales o parciales. Este foro tiene previsto reunirse de nuevo a principios de septiembre para continuar con los expedientes, casi un centenar presentados a finales del pasado año, justo antes de que expirara el plazo.
Desde la Secretaría de Paz y Convivencia no se atreven a marcar plazos para la resolución de los dictámenes, pero esperan que a principios de 2015 todas las entrevistas estén hechas y que, una vez conocida la decisión del TSJPV, puedan zanjar la deuda ética con «estas víctimas sin amparo», tal y como las denominó Jonan Fernández en el balance del plan de paz y convivencia.
«Dolidas»
En dicho documento, está recogido el desarrollo de este primer decreto en marcha de reparación a víctimas de motivación política, pero también se expresa la voluntad de elaborar el segundo, el que abarca desde 1978 hasta la actualidad. Dicho documento lleva cierto retraso porque «no sería prudente», opinan, aprobarlo antes de conocer la resolución judicial sobre el primero y luego tener que modificarlo. El Ejecutivo de Urkullu espera también recibir numerosas solicitudes de amparo, sobre todo, referidas a casos de los 80.
Las víctimas de abusos policiales ya reconocidas o pendientes de serlo permanecen en contacto con el Gobierno vasco para conocer el desarrollo de su situación, ya que peligran las indemnizaciones que les corresponden. «Dolidas, incomprendidas e indignadas» se mostraron hace unas semanas en un acto público, en el que reclamaron a Rajoy que dé marcha atrás en el recurso y lo retire. «No somos víctimas de segunda, víctimas somos todas», subrayaron entonces el centenar de casos en vías de resolución.
Unas 40 víctimas reconocidas de los GAL, el Batallón Vasco Español o el grupo de extrema derecha Cristo Rey están pendientes de otro recurso del Gobierno del PP contra una parte de las indemnizaciones que les corresponden, según la Ley de Víctimas. En este caso, se les deniegan las ayudas con el argumento de ser personas que tuvieron «vínculos con ETA», algo que en Vitoria consideran «una barbaridad».
EL CORREO – 15/08/14