EL MUNDO – 29/04/15
· La política de «paz y convivencia» del Gobierno vasco sufrió ayer un varapalo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara sus principales aportaciones al decreto de reconocimiento e indemnización a las víctimas de abusos y excesos policiales entre el nacimiento de ETA en 1960 y la Constitución de 1978.
La historia se remonta al Ejecutivo de Patxi López, que, con la actual líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, al frente del Departamento de Justicia, abrió en 2012 una vidriosa vía administrativa para reconocer e indemnizar a este tipo de víctimas –sobre todo, muertos por error, en controles policiales, en manifestaciones antifranquistas u obreras– en los estertores de la dictadura, cuando ETA comenzó a actuar. No hubo problema hasta que el posterior Gobierno de Iñigo Urkullu introdujo unos cambios que pusieron en cuestión no sólo los populares, sino también los socialistas: reformó el decreto para abrir más el abanico hacia aquellos solicitantes de indemnizaciones que no contaran con pruebas de peso de haber sufrido abusos policiales pero que, según la valoración de una comisión integrada por expertos en leyes, derechos humanos e historia –como Álvaro Gil Robles o Manuela Carmena– y por el propio Gobierno, fueran aun así víctimas. A diferencia de la anterior norma, ésta no fue acordada con el PP.
La Abogacía del Estado la recurrió por considerar que se trataba de un «cajón de sastre», y algunas víctimas, arropadas por el Ejecutivo vasco, denunciaron en rueda de prensa la actitud del Gobierno de Rajoy, al que ahora el Tribunal Superior vasco ha dado la razón en lo sustancial: Euskadi está reconociendo a víctimas sin pruebas «fehacientes», sin informes médicos oficiales. El Gobierno vasco deberá dar marcha atrás –no prevé recurrir–, aunque al menos no se verá en la tesitura de tener que reclamar lo pagado a los afectados, un pequeño grupo de más de 230 solicitantes en estos años –en su mayoría, sin vinculación con ETA y la izquierda abertzale–, porque no ha habido perjuicio a la Hacienda pública, según el Tribunal, gracias al Concierto Económico.
Los jueces también fallan que el decreto anulado genera inseguridad jurídica en lo que respecta al baremo de subvenciones por lesiones, basado en el «genérico» Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eso sí, rechaza evitar que estas víctimas puedan dar charlas en los colegios vascos, cosa que a juicio del Gobierno podría dañar la imagen de las Fuerzas de Seguridad. Los jueces dicen que el Ejecutivo debería actuar contra cada persona en concreto.
Muchos apuntan como responsable del desaguisado al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y a su mala interlocución con la oposición y las instituciones tanto dentro como fuera del País Vasco. Fuentes socialistas hablaron de «imprudencia». «Han preferido el enfrentamiento estéril y buscarle rentabilidad política», dijo Mendia. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, se felicita porque se acabe con «un coladero sin control».
Los beneficiarios
· Indemnizaciones. Quienes no entraran en la Ley de Memoria Histórica pueden cobrar hasta 390.000 euros si el grupo de ‘valoración’ lo determina.
· Personas. Los últimos datos hablan de 231 solicitudes. De ellas se habrían resuelto 63 casos, 19 por fallecimiento.
EL MUNDO – 29/04/15