El Govern catalán se retira de juicios por la presión de la CUP

· El pacto entre Junts pel Sí y la CUP para desbloquear el proceso soberanista incluye que la Generalitat se retire de la acusación en juicios por incidentes y disturbios durante protestas callejeras.

Una medida de gracia que contiene a varios de los detenidos por los disturbios que se vivieron en Barcelona en mayo de 2014 tras el desalojo del centro okupa de Can Vies. Según confirmaron fuentes del Departamento del Interior, del cual dependen todas las causas afectadas por el acuerdo con la CUP, sus servicios jurídicos mantienen las causas «bajo revisión» y todavía no se ha hecho efectiva la retirada de ningún caso concreto.

La marcha atrás del Govern, confirmada ayer por la consellera de Presidencia, Neus Munté, afectaría al menos a siete sumarios con unas 40 personas imputadas, según avanzó el diario Ara. Se trata de las causas contra activistas y movimientos que la izquierda antisistema puso sobre la mesa tras convertirse en el partido clave de la política catalana en las elecciones autonómicas del 27-S. Con las negociaciones para la formación de un nuevo Govern estancadas por la negativa de Artur Mas a retirar su reelección, la CUP decidió elevar la presión sobre sus interlocutores y en noviembre hizo públicas sus propuestas.

En el punto número 33 del documento –bautizado como Fil a l’agulla (hilo en la aguja)– se instaba a la Generalitat a que se retirara «como acusación de todos los procesos judiciales abiertos y pendientes por temas de persecución política, disidencia o desobediencia a leyes injustas». En el mismo apartado se recordaba que «la acusación pública corresponde a las fiscalías». Un argumento que ha facilitado que el Govern se plantee abiertamente apartarse de los casos y dejarlos en manos del Ministerio Público.

Munté se limitó ayer a certificar la «predisposición» del Govern a retirarse de las causas a consecuencia del pacto con la CUP. Fuentes de Interior, eso sí, señalaron varias «líneas rojas» que los servicios jurídicos de los Mossos no traspasarán en ningún caso. La Generalitat se mantendrá como parte acusadora cuando los imputados lo estén por haber atacado o lesionado a un agente policial, a algún otro funcionario o en el caso de que fueran detenidos por destrozar mobiliario urbano que pertenezca a la Generalitat.

Una de las causas incluidas en la lista es la que afecta a cuatro de los 72 detenidos por las cinco noches consecutivas de disturbios y enfrentamientos con la Policía que se vivieron en el barrio de Sants y en el centro de Barcelona tras el desalojo de Can Vies. La lista, eso sí, incluye casos por incidentes registrados desde 2011, cuando se incrementaron las protestas a consecuencia de los recortes sociales por la crisis. Los abogados de Interior estudian, por ejemplo, retirarse del juicio contra 12 imputados por un intento de boicot a Artur Mas en diciembre de ese año en la Universitat de Girona. También se incluye en la lista a otros 12 imputados en dos causas distintas por los incidentes durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 por la reforma laboral aprobada por el Gobierno y a los encausados en otros dos juicios durante la segunda protesta general de aquel año, el 14 de noviembre. En ese día se quemaron varios comercios –entre ellos una sucursal entera de la multinacional Starbucks– y los Mossos cargaron en varias ocasiones con pelotas de goma. Las lesiones que una de ellas provocó a una mujer, Ester Quintana, abrieron la puerta a que dos años después el Parlament de Cataluña vetara el uso de los proyectiles de goma.

Según explicaron ayer fuentes de Interior, el número de casos afectados podría ampliarse en los próximos meses, aunque por razones desvinculadas del pacto con la CUP. El conseller de Interior, Jordi Jané, ya ordenó tras su llegada al Govern en junio pasado que se revisaran todas las causas por desórdenes públicos en las que la Fiscalía ya cumpliera con el papel de acusación pública. Una actitud que, ya incluso antes de las elecciones del 27-S, llevó a los Mossos a apartarse del juicio contra activistas que causaron destrozos en la Bolsa de Barcelona durante las huelgas de 2012.

La decisión de la Generalitat recibió ayer el aval jurídico del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, quien sostuvo que el Govern «está en el ejercicio de su derecho» de retirarse de las causas que considere necesarias. Ciutadans, PSC y PP, por su parte, exigieron la comparecencia de Munté y Jané para que se expliquen en el Parlament.

EL MUNDO – 19/01/16