El grave error de ayudar al separatismo en las instituciones

EDITORIAL – EL MUNDO – 15/01/16

· Cuando Pedro Sánchez presentó su candidatura a la presidencia del Gobierno no dudó en hacerlo con una gran bandera española decorando el escenario. Sin embargo, ayer el PSOE decidió hacer un favor a los separatistas de ERC y la antigua CDC al cederles dos senadores a cada uno para que puedan tener grupo propio en el Senado.

El líder de los socialistas busca estos días los apoyos necesarios para formar Gobierno y lo que desde su partido se justificó ayer como un «gesto de cortesía» es a todas luces un guiño a unas formaciones que cuando constituyan su grupo en el Senado lo primero que harán será pedir la autodeterminación de Cataluña y la disolución de la propia institución.

El Govern de Carles Puigdemont ya ha activado su hoja de ruta para desconectarse de España en el plazo de un año y medio. Este desafío no deja sitio a la ambigüedad. El bloque constitucionalista debe mostrar firmeza ante el reto del independentismo.

En este contexto, el camino a seguir es el que mostró ayer Ciudadanos, que dedicó su primera iniciativa parlamentaria a presentar una propuesta para reforzar políticamente al presidente en funciones, Mariano Rajoy, con el objetivo de dotarle de más fuerza en su labor de garantizar la unidad de España.

Pese a que un Gobierno en funciones está legitimado para adoptar las medidas que sean necesarias para frenar una eventual sedición del Govern o el Parlament, no estaría de más que el PP facilitase la tramitación de la proposición no de ley presentada por la formación naranja.

Es cierto que la norma ya contempla que un Ejecutivo en funciones tome decisiones ante cuestiones sobrevenidas, como pueda ser un intento de ruptura de Cataluña con el resto de España. Incluso puede promover la aplicación del artículo 155. Sin embargo, si la legitimidad que confiere la ley al presidente del Gobierno saliente se acompaña del respaldo político del Parlamento nacional, el Estado español estará en mejores condiciones de defenderse de los separatistas.

A la vista de lo que sucedió ayer en el Senado, la iniciativa de Albert Rivera serviría para obligar a que Sánchez y Pablo Iglesias se retrataran en esa votación. De hecho, el líder de Ciudadanos no ocultó su pretensión de que estos partidos «se mojen» en un asunto tan vital para los españoles como es la unidad del país.

Parar al independentismo debe ser la prioridad de la política española en los próximos meses. Los grandes partidos nacionales tienen que estar a la altura de las circunstancias y anteponer el bien del país a los intereses particulares de sus líderes. No se puede gobernar a cualquier precio.

Desde el PSOE se argumentaba ayer que el gesto que se ha tenido hacia ERC no es nuevo, puesto que ya se había hecho en anteriores legislaturas. Pero este argumento no es válido cuando la formación separatista forma parte de un Gobierno autonómico que ha ratificado su intención de romper con la legalidad y proclamar de forma unilateral la independencia.

España se juega mucho esta legislatura. Y también Cataluña. Si hasta ahora los inversores y empresarios habían seguido con cierto escepticismo el procés, en las últimas semanas su percepción de la situación política ha cambiado a peor.

No es casualidad que el índice de confianza empresarial en España haya caído por primera vez en más de tres años ante las peores proyecciones que los empresarios tienen para el arranque del ejercicio. Y tampoco que esa caída haya sido especialmente pronunciada en Cataluña, donde este indicador que elabora el INE ha disminuido un 2,7%, frente al 0,6% que ha crecido en Madrid.

Pese a la debilidad económica de la Generalitat, al Ejecutivo de Carles Puigdemont sólo parece importarle conseguir la independencia. El Govern se resiste a entender que Cataluña se financia desde 2012 con la respiración asistida del Estado central a través del FLA y que según Autoridad Fiscal (AIReF), podría haber cerrado 2015 cuadruplicando el déficit.

A cambio de tocar poder, Puigdemont no ha dudado en ceder ante la CUP con medidas, como el plan de choque social de 1.000 millones de euros, que nadie sabe cómo va a costear. Tampoco le ha temblado el pulso al colocar como vicepresidente de Economía a una figura que causa estupor entre los inversores, como es Oriol Junqueras. Un escenario inquietante que requiere la unidad de los partidos que defienden la Constitución.

EDITORIAL – EL MUNDO – 15/01/16