El juez procesa a cinco dirigentes de ETA desde 2004 por delitos de lesa humanidad

ABC – 28/10/15

· Históricos como «Antza», «Anboto» o Sorzábal se libran porque no hubo atentados mortales.

· Cinco dirigentes de las últimas cúpulas de ETA, entre ellos «Josu Ternera», han sido procesados por varios asesinatos en un ataque sistemático para eliminar a la población que se oponía a su proyecto totalitario.

Sucedió durante más de cincuenta años, hasta hace solo cinco, pero la Justicia únicamente puede perseguir los delitos de lesa humanidad desde el 1 de octubre de 2004, cuando dicho crimen se incluyó en nuestro Código Penal.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González envió ayer a juicio, además de a «Ternera», a los etarras Garikoiz Aspiazu, «Txeroki»; Mikel Karrera, «Ata», Ángel Iriondo, «Barabas» y Aitor Elizarán, como máximos responsables de la banda terrorista desde ese 1 de octubre de 2004.

El magistrado, quien inició esta causa al admitir a trámite las querellas de Dignidad y Justicia, les atribuye 25 asesinatos, algunos muy simbólicos como la voladura de la terminal T-4 de Madrid, en plena tregua, en la que murieron los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Este procesamiento es el primero que se produce por delitos de lesa humanidad cometidos en España, según explicaron a ABC fuentes jurídicas. Este crimen, un delito contra la comunidad internacional, implica que el asesinato se cometa «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella» o que los delitos se lleven a cabo «en razón de la pertenencia de las víctimas a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas o religiosas».

Eso buscó ETA: eliminar físicamente «a quienes aparecen como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos». Con ello, la banda pretendía «crear un clima de temor que anulara» a los sectores sociales de los que formaban parte las personas que se oponían a sus objetivos. El delito está castigado con hasta veinte años de prisión, con lo que esta causa puede retrasar la puesta en libertad de estos sanguinarios pistoleros.

Los cinco etarras son señalados por formar parte durante el periodo investigado de la cúpula de ETA, el órgano directivo de la banda, por lo que tuvieron «un alto nivel de capacidad decisoria». Ellos, desde esa posición, ordenaron los atentados, suministraron el material y podrían haber intervenido para evitar que sucedieran.

El magistrado enumera los atentados mortales que tuvieron lugar bajo la dirección de estos etarras. Entre ellos, el asesinato a tiros de Isaías Carrasco el 7 de marzo de 2008, en Mondragón; el asesinato, con bomba lapa, del inspector Eduardo Puelles, en Arrigorriaga, el 19 de junio de 2009; o el de los dos guardias civiles Enrique Saénz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad balear de Calviá, el 30 de julio de 2009.

La necesidad de que el delito de lesa humanidad incluya un resultado de asesinato o secuestro libra del procesamiento a algunos históricos etarras. Así sucede con la sanguinaria pareja que forman «Mikel Antza» y «Anboto». Ambos fueron detenidos el 3 de octubre de 2004, solo dos días después de que entrara en vigor en España el delito de lesa humanidad. ETA, por casualidad, no cometió ningún atentado mortal esos días, en una época en la que rebajó su carga asesina para evitar las reacciones de la sociedad, todavía convulsionada tras el 11-M.

La misma «suerte» tiene la arrestada en septiembre, Iratxe Sorzábal, quien se hizo cargo del «aparato político» en octubre de 2009, y desde entonces ETA no ha asesinado.

La inclusión del fugado «Josu Ternera» se debe a su «carisma y ascendencia» sobre los demás terroristas, explica el juez, quien ordena la detención e ingreso en prisión del etarra. «Txeroki», «Ata» e Iriondo cumplen condena en Francia por otras causas.

ETA, según el auto, combinó «la práctica del terrorismo y de la presión social para amedrentar», al Estado y a quienes «se oponían a su proyecto político». Ello, para «generar una situación insostenible para el Gobierno» que forzara una negociación política.

ABC – 28/10/15