IGNACIO CAMACHO-ABC

En el laboratorio nacionalista de la escuela, la defensa del castellano tiene la importancia de una cuestión de Estado

CAMINO cegado: con las «becas Wert» tumbadas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno tendrá que buscar otra fórmula para garantizar en Cataluña la enseñanza del –y en– castellano. En realidad, el método de la LOMCE hace tiempo que estaba en punto muerto, toda vez que apenas se habían acogido a él un centenar de familias al año y ni siquiera consta que Hacienda hubiese reclamado a la Generalitat el dinero adelantado. Fue un error político, aunque bienintencionado, y ahora sabemos que también una chapuza jurídica condenada al fracaso. Pero la cuestión de fondo sigue pendiente y debe ser abordada con la irrenunciable importancia de un verdadero asunto de Estado.

Sobre la inmersión lingüística cabe un debate pedagógico sobre la velocidad de aprendizaje, la cohesión escolar, los resultados académicos o la segregación de los niños. Sin embargo, su existencia no responde tanto a un paradigma educativo como a un programa político. Eso es lo que interesa de veras al nacionalismo: el sometimiento de la enseñanza a su principal objetivo, que es el de la construcción de una sociedad identitaria concebida con principios unívocos. El soberanismo catalán, que carece de soporte étnico, religioso o ideológico, se aglutina a partir de la lengua como base de sus mitos; el idioma es la característica primordial de su sentido de pertenencia, el marchamo diferencial con que se identifica a sí mismo. Y su imposición excluyente en la escuela, concebida como laboratorio doctrinal, constituye la herramienta decisiva para la creación del imaginario adánico, fundacional, de un pueblo involucrado desde la misma infancia en la conciencia de un destino.

Por tanto, no se trata de una discusión, siempre posible, sobre los métodos didácticos o su potencial de rendimiento, sino sobre la libertad de elección y la igualdad de derechos, sobre la marginación del castellano como lengua común de los españoles y sobre un marco de convivencia civil basado en la tolerancia y el respeto. Y también, por supuesto, sobre el cumplimiento de la ley y de unas sentencias que las autoridades catalanas han considerado siempre inoperantes ante su terco empeño. Se trata de que España sobreviva como proyecto, de que siga siendo una nación de ciudadanos iguales o se convierta en una simple agregación de territorios acogidos a diferentes fueros y privilegios.

El Estado no puede desfallecer en ese esfuerzo. Está obligado a encontrar la manera de preservar su propia existencia sin resignarse al abatimiento. El veredicto del Constitucional no sólo demuestra que la Ley Wert estaba mal hecha sino también que acaso el reparto de competencias estatutarias haya ido demasiado lejos. Pero eso ya no tiene remedio. Lo que sí lo tiene es la sistemática voluntad nacionalista de implantar de forma unilateral su modelo. Y hay que hallarlo pronto porque ya se ha perdido demasiado tiempo.