El mensaje del Rey

Se puede leer entre líneas en su discurso la necesidad de alumbrar un gobierno de unidad nacional integrado por personalidades de diferentes partidos e independientes

El mismo día en que falleció Santiago Carrillo –uno de los principales artífices de la Transición– y dos días después de la multitudinaria manifestación independentista de Barcelona, el Rey estrenó la nueva página web de la Casa Real publicando una carta personal de claro contenido político que ha suscitado una notable controversia. Se trata de la primera vez que al margen de los tradicionales discursos de Navidad el jefe del Estado se dirige a los españoles y les transmite un mensaje político, pero obviamente, no partidista. La intervención regia plantea dos tipos de cuestiones: la primera es determinar si el Rey está facultado o no para llevar a cabo este tipo de actuaciones; y la segunda se refiere a la oportunidad política de la misma.

Desde una perspectiva constitucional no cabe ninguna duda de que el Rey puede dirigirse en cualquier momento a la nación, con la única condición de que su discurso sea conocido de antemano y aprobado por el presidente del Gobierno, quien lo refrenda y asume la responsabilidad del mismo. Así ha ocurrido en este caso, dado que el Rey comunicó el lunes personalmente a Mariano Rajoy su intención de publicar la carta y el contenido de la misma, y el presidente mostró su conformidad. De esta forma, y desde un punto de vista jurídico, es evidente que la responsabilidad política por el contenido del mensaje debe asumirla el presidente del Gobierno. Pero al margen de estas consideraciones formales podemos preguntarnos si el Rey podría haber publicado la carta en contra de la voluntad expresa del jefe del Gobierno. La respuesta es positiva, aunque en ese caso la responsabilidad sería exclusivamente suya. El Rey podría hacerlo en el ejercicio de la función arbitral y moderadora de las instituciones que le atribuye el artículo 56 de la Constitución («El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones»). Esta función arbitral y moderadora no siempre ha sido bien comprendida. Tiene su origen en la obra de Benjamin Constant, quien retomando la vieja noción romana de auctoritas elaboró su doctrina del «poder neutro y moderador». Ahora bien, si el genio jurídico de Roma depositó la auctoritas en el Senado, Constant la atribuyó al jefe del Estado, esto es al Monarca. Con arreglo a nuestra Constitución, el Rey es una institución que carece de poderes efectivos de decisión política, es decir, no tiene potestas, pero se configura como un órgano dotado de auctoritas. Ningún sistema político puede sobrevivir sin instituciones a las que la sociedad reconozca auctoritas, y en momentos de crisis, su actuación se hace aún más imprescindible. Desde esta óptica, tampoco se puede olvidar que la auctoritas de Don Juan Carlos se ha visto erosionada por el proceso judicial abierto a su yerno y por el accidente de caza por el que ya pidió perdón a los españoles. No cabe duda de que el Rey, con su mensaje difundido el martes, quiere poner de manifiesto que ante la grave crisis que atraviesa el país, está en condiciones de ejercer esa función arbitral y moderadora.

Si analizamos el contenido de su mensaje comprobamos, efectivamente, que su intervención cumple una función arbitral y moderadora. Ocurre que, lamentablemente, muchos políticos y periodistas no han querido leer el texto completo. Así lo han interpretado, erróneamente a mi juicio, como una respuesta al desafío independentista catalán al que se calificaría de quimera. Ese y no otro sería el significado de la apelación del Monarca a la unidad nacional: «Estamos –dice en su mensaje– en un momento decisivo para el futuro de Europa y de España y para asegurar o arruinar el bienestar que tanto nos ha costado alcanzar. En estas circunstancias, lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas». Frente a cualquier sectarismo, el Rey llama a recuperar los valores de la Transición. Su llamada a la unidad no tiene por destinatario único ni principal, Artur Mas. El mensaje va dirigido a todos los políticos de uno y otro signo ideológico, pero sobre todo a los dirigentes de los dos grandes partidos, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, y a los diputados nacionales de ambos. Ante el riesgo cierto de que los logros alcanzados –en términos de libertad y bienestar– durante los últimos treinta años se vengan abajo, no ya por la crisis económica sino por la falta de respuesta política institucional adecuada a la misma, el jefe del Estado advierte de la necesidad de anteponer los intereses generales de España a los intereses personales y partidistas que son los que hoy prevalecen en nuestro país.

En última instancia, el mensaje del Rey recuerda mucho a las llamadas a la unidad y a la sensatez que el jefe del Estado italiano, Giorgio Napolitano, realizaba durante los últimos años de desgobierno berlusconiano. En Italia, fue igualmente el jefe del Estado quien hace un año propuso la candidatura de Mario Monti y logró su investidura como primer ministro por el Parlamento, ante la falta de confianza que inspiraban a los italianos y al resto del mundo los dirigentes de los partidos tradicionales. El Rey no puede ignorar que, según los últimos sondeos, el 85% de los españoles desconfía del presidente del Gobierno y un 89% tampoco tiene confianza en Pérez Rubalcaba. No resulta por ello muy difícil leer entre las líneas de su discurso una defensa implícita de la necesidad de alumbrar un gobierno de unidad nacional integrado por personalidades de diferentes partidos e independientes, profesionalmente competentes y con prestigio dentro y fuera del país. Gobierno que elabore la imprescindible hoja de ruta para salir de la crisis y que ni el Gobierno Rajoy ni el Gobierno Zapatero fueron capaces de articular.