EDITORIAL
· Prohibir o permitir la entrada de una bandera en un estadio no es una mera cuestión administrativa. El Gobierno no debe limitarse a ser espectador pasivo del sainete
UN juez de Madrid revocó ayer la decisión de la Delegación del Gobierno de impedir el acceso de aficionados que portasen banderas esteladas al estadio Vicente Calderón en la final de Copa del Rey. Más allá de las opiniones que suscite este fallo judicial, que viene a dar la razón a una asociación de abogados de Barcelona defensora del independentismo, no cabe otra opción que respetarlo y acatarlo. Es lo que hará la Delegación del Gobierno, porque la gran diferencia entre el Ejecutivo y las instituciones catalanas es que el primero obedece las resoluciones de los tribunales y las segundas, a menudo las desprecian sin mayores consecuencias. Este respeto al orden democrático, sin embargo, no debería estar reñido con una defensa desacomplejada por parte del Gobierno de una medida que este jueves anunció su más alta representante en la comunidad de Madrid. Prohibir o permitir la entrada de la bandera independentista catalana no es una mera cuestión administrativa o judicial, aún menos en el momento actual de España, en el que un presidente y un Parlamento autonómico hacen alarde de su objetivo de romper el país. Mariano Rajoy no debería permanecer pasivo ante un sainete en el que es España la burlada. No debería perder la oportunidad de manifestar la posición del Ejecutivo de la nación al respecto y revalidar su compromiso con una unidad que la mayoría de los ciudadanos desea, y todos necesitamos. Aquí no caben los cáculos electorales.
La docilidad frente a los abusos del secesionismo no genera más que el envalentonamiento de quienes se han propuesto acabar con España. La estelada es un símbolo político alegal que el nacionalismo emplea para desvirtuarlo todo. Desde la historia hasta el deporte. Es posible, como sostiene el juez, que la libertad de expresión ampare a quienes quieran lucir la estelada en un estadio si prefieren eso a portar la maltratada senyera, que es una bandera oficial, o la del Barcelona. Sin embargo, es igual de respetable el criterio de la Delegación del Gobierno porque pretendía prevenir posibles actos violentos, y el de la Fiscalía cuando interpreta que se trata de un uso abusivo de esas libertades. En el fondo subyace una perniciosa permisividad con el independentismo que choca con el criterio mayoritario de los españoles. Este tipo de fallos judiciales pone de manifiesto que las normas frente a esos abusos no son lo suficientemente explícitas. Tampoco está claro en nuestra legislación si acallar con silbidos el himno nacional, o abuchear al jefe del Estado, es delito. Son demasiados casos en los que la interpretación de la ley beneficia a quienes quieren destruir la soberanía nacional. Merece la pena revisar algunas leyes para evitar interpretaciones subjetivas de un mismo hecho cuando tiende a favorecer conductas contra la unidad de España. Merece la pena defender España.