ABC – 28/11/15
· En sus alegaciones dice que es «una declaración de intenciones» y que no tiene «fuerza legal».
· El Parlamento catalán considera que la declaración de ruptura con el Estado que aprobó el pasado 9 de noviembre con los votos de Junts pel Sí y la CUP es «solo una declaración de intenciones», no tiene «fuerza legal» y «manifiesta más una aspiración o deseo que una disposición vinculante».
Estos son algunos de los argumentos que incluye la Cámara catalana en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que le pide que rechace impugnar esta declaración ya suspendida cautelarmente tras admitir a trámite el recurso del Gobierno. La Mesa del Parlamento catalán remitió ayer al TC el escrito que acordó presentar con el apoyo de cinco de sus miembros: los cuatro de Junts pel Sí y uno de Cataluña Sí que es Pot, y los votos en contra de Ciudadanos y PSC.
En el texto de alegaciones, los servicios jurídicos de la Cámara aseguran que la resolución «ha sido adoptada en el ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno» y solo puede ser valorada en ese contexto. El texto añade que «la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, solo es, y no es nada más que una declaración de voluntad y de intenciones porque ese es el único alcance que puede tener como acto de ejercicio de la función del impulso de la acción política y de gobierno». Alegan que la resolución responde al mandato político adquirido por los grupos parlamentarios que han ejercido la iniciativa (JpS y la CUP), como consecuencia de las elecciones catalanas.
Defienden en su escrito que ese mandato está fundamentado en los programas políticos de las formaciones que «de forma clara y explícita tenían como objetivo político prioritario iniciar el proceso de creación de un estado catalán independiente».
En su opinión, eso implica que la resolución independentista se apoya «directamente» en los principios básicos de la democracia y el pluralismo político, y obtiene su legitimación del voto ciudadano. El escrito de alegaciones, además, defiende que las formaciones que la impulsaron han alcanzando «mayoría suficiente para iniciar ese proceso» porque lograron mayoría en escaños e incide en que la resolución que lo inicia es de naturaleza estrictamente política, informa Ep.
Considera el texto remitido al TC que la doctrina establecida con la sentencia del TC contra la declaración de soberanía del Parlament de 2013 «que reconoce la posibilidad que las relaciones parlamentarias de impulso político puedan producir efectos jurídicos, aunque estos no sean vinculantes». Por ello, pide que sea replanteada para reconocer la plena capacidad del Parlament de expresar el pluralismo ciudadano.
Además, en el texto aseguran que permitir que el TC intervenga en este tipo de cuestiones, sería tanto como admitir la existencia de un control sobre el mismo ejercicio libre de la función parlamentaria de impulso político, «con el resultado constitucionalmente censurable de extender la jurisdicción del TC a un ámbito que debe quedarle vetado». Es por ello que solicitan al Tribunal Constitucional que «no se extralimite e invada la esfera propia de la actuación del Parlament».
Aunque obedezca a una mera estrategia jurídica, el hemiciclo catalán no duda ahora en devaluar una declaración de ruptura que ha provocado críticas y hasta alguna deserción en sectores de Convergència, que lo ven como una concesión al discurso más rupturista de la CUP a cambio de que los antisistema apoyen la investidura de Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat. Una concesión por ahora estéril, ya que la CUP se mantiene hasta la fecha en su «no» a Mas.
ABC – 28/11/15