EL MUNDO – 21/05/16
· Anuncia la presentación inminente de la primera ley de Seguridad Social propia Puigdemont pide dimisiones tras anular el juez el veto a la bandera independentista en la final de Copa.
El independentismo catalán recibió ayer una inyección de moral que le permitirá inundar mañana de esteladas el Vicente Calderón. El veto a la bandera independentista en la final de la Copa del Rey decretado por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha acabado, de momento, con victoria soberanista. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid acordó ayer permitir el acceso con esteladas al estadio durante la final de mañana entre el Barcelona y el Sevilla. La Delegación del Gobierno había apelado a la Ley del Deporte para prohibir esta bandera por motivos de seguridad.
La prohibición de las esteladas y, sobre todo, la decisión judicial de ayer ha dado alas a un movimiento soberanista que parecía bajo de moral en los últimos meses. Los partidos independentistas han mostrado recientemente sus discrepancias en el Parlament de forma abierta, por ejemplo con los criterios para aprobar los presupuestos del próximo ejercicio. Y también la Asamblea Nacional Catalana, una entidad clave en el desarrollo de la movilización soberanista, está en un proceso interno de renovación de sus dirigentes con una pugna entre dos facciones.
Sin embargo, todos ellos parecen haber vuelto a unirse a propósito del asunto de las esteladas. Ayer, poco después de conocerse la decisión judicial que permitirá exhibir mañana las banderas en el estadio, se supo que los grupos políticos de Junts pel Sí –la alianza en el Parlament de CDC y ERC– y de la CUP tienen previsto presentar la semana que viene la proposición de Ley Integral de Protección Social Catalana. Se trata de la primera de las tres leyes de «desconexión» que quieren impulsar los partidos soberanistas para seguir con la hoja de ruta hacia la independencia.
«Los trabajos están avanzando mucho y muy bien. La semana que viene presentaremos el texto», explicaron fuentes parlamentarias a Europa Press, que destacaron que ya sólo se están cerrando flecos de la ley que debe dar forma a la Seguridad Social de la supuesta Cataluña independiente.
El anuncio fue toda una sorpresa, ya que se desconocía que los independentistas pretendían relanzar en este momento el proceso soberanista presentando la primera ley de la «desconexión». Las reuniones que se estaban desarrollando no habían sido públicas y sólo se sabía que el objetivo era diseñar una agencia que dependa sólo de la Generalitat para la gestión de las prestaciones sociales.
La norma que incluirá la estructura de este organismo iniciará su trámite parlamentario como proposición de ley y los partidos que la impulsan esperan que se pueda debatir su aprobación final en otoño, tras superar todos los filtros reglamentarios con los votos a favor de las fuerzas soberanistas. Desde principios de abril, los diputados de Junts pel Sí, Natalia Figueras y Chakir el Homrani, y de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, se han reunido periódicamente para redactar la ponencia sobre la futura ley.
Para sortear un posible veto del Tribunal Constitucional, los impulsores de la norma cambiaron la denominación de la Ley de Seguridad Social, que pretendía este organismo, por la de Protección Social.
El compromiso de la hoja de ruta soberanista que debe llevar a la «desconexión» en 18 meses contempla la aprobación de las tres leyes que deben facilitar los pilares de un futuro país –la Hacienda propia, la Seguridad Social y el régimen jurídico–.
En efecto, las otras dos ponencias que Junts pel Sí y la CUP mantienen abiertas son sobre las leyes para crear una administración tributaria y un régimen jurídico catalán. El PSC y C’s han presentado diversos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el inicio de la tramitación de estas ponencias.
Coincidencia o no, lo cierto es que con el anuncio de la primera ley de la «desconexión» y con la decisión judicial sobre las esteladas, los líderes soberanistas estaban ayer exultantes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se apresuró a pedir dimisiones por la prohibición de las esteladas y reclamó en particular la de Concepción Dancausa si ella no dimite. «Cuando un representante intenta conculcar un derecho democrático y no se sale con la suya, debe asumir responsabilidades», afirmó el president.
Puigdemont aseguró que en un «país normal» el Gobierno destituiría a Dancausa, ya que «ha intentado prohibir una estelada perfectamente legal». Además, pidió una rectificación a los ministros y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que defendieron a la Delegada del Gobierno. «Tienen un problema muy serio si creen que palabras como democracia pueden encarcelar a alguien; yo ya sé que intentan encarcelar o condenar a quien ha garantizado el ejercicio de la democracia», indicó el presidente catalán, quien aprovechó su discurso para cargar de paso contra el proceso judicial abierto contra Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N.
Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la asociación de juristas Drets –que fue la impulsora del recurso contra la prohibición de las banderas independentistas– y la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes hicieron un llamamiento a llenar de esteladas el Vicente Calderón. «Esta será la mejor manera de celebrar la victoria de la libertad de expresión y de demostrar de manera pacífica que las esteladas son un símbolo que nos identifica», destacaron las entidades, quienes recordaron que la resolución judicial detalla que esta bandera «no incita a la violencia, ni al racismo, ni a la xenofobia ni a cualquier otra forma de discriminación».
Con la decisión judicial, estas asociaciones anularon su iniciativa de repartir 10.000 banderas escocesas que habían anunciado en señal de protesta por si no se podía entrar con la estelada.
EL MUNDO – 21/05/16