Tras ocho meses de continuos retrasos, PSOE y PP dieron esta semana un empujón a la reforma de la ley integral de víctimas del terrorismo que tramita el Congreso de los Diputados. Han hecho falta más de veinte prórrogas para que ambos partidos, con mayoría en la Cámara, pactaran un paquete de enmiendas y desatascaran así una iniciativa que parecía abocada a no ver la luz.
¿Satisface la propuesta a todos los partidos y a sus beneficiarios? En términos de contenido, sí. Pero algunos de los cambios impulsados por socialistas y populares no han sentado demasiado bien a algunas formaciones, entre ellas, el PNV. La parte más polémica se sitúa en el mismo prólogo del texto. En él se cierra la puerta, aunque de forma indirecta, a cualquier negociación entre el Gobierno y ETA, una cuestión que los jeltzales consideran «de naturaleza partidaria» y que, a su juicio, no debería estar recogida en una norma «cuyo objetivo es reconocer y garantizar la atención a las víctimas».
Las asociaciones de afectados han subrayado en reiteradas ocasiones el valor del consenso en una regulación especialmente sensible. La proposición inicial contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, lo que suscitó el aplauso de los damnificados. Pese a que las modificaciones acordadas entre PSOE y PP han despertado los fantasmas del desencuentro, las diferencias de criterio que han manifestado los grupos con representación en la Cámara Baja no auguran, a priori, la ruptura del espíritu inicial, si bien no se descarta que el proyecto final deba ser sometido a una votación por partes.
Los dos grandes partidos no solo están satisfechos con el acuerdo alcanzado, sino que confían en que la ley nazca con el aval de un amplio consenso político. «Habrá cosas a las que se tendrá que decir que no, obviamente -en alusión a algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos-, pero todos estamos bastante de acuerdo. No creo que haya nada de lo que planteamos que no pueda ser asumido por el resto», explica el diputado del PSOE Antonio Hernando. En la bancada del PP también se congratulan del pacto con los socialistas, un ejercicio «difícil» que se sale de la «tónica general» que mantienen las dos fuerzas en Madrid. Alfonso Alonso asegura que ambos partidos han tratado de recoger «las principales demandas de las asociaciones de víctimas, algunas incluso de un calado político». Una docena de agrupaciones comparecieron el pasado mes de septiembre en la comisión de Interior para dar cuenta a los parlamentarios de sus reivindicaciones.
El representante popular valora así como un logro que la proposición de ley recoja un rechazo implícito a la negociación entre el Gobierno y ETA. «No se puede entender de otra manera», expresa. En este sentido, apela a la responsabilidad de todos los grupos para que la normativa salga adelante «con el mayor apoyo posible». «La ley de víctimas no puede ser un campo de batalla», defiende.
Una actitud «poco leal»
Si algo ha sentado mal desde un principio a los partidos minoritarios del Congreso ha sido que socialistas y populares cerraran sus enmiendas sin tener en cuenta la opinión del resto. «No resulta del todo leal hacia quienes hicimos un esfuerzo para llegar a un acuerdo respecto a la proposición inicial que ni siquiera se nos consultaran esos cambios», reprocha el jeltzale Emilio Olabarria. Entre la treintena de enmiendas presentadas por PSOE y PP hay una en concreto que choca con «la forma de pensar» del PNV.
Se trata de la segunda propuesta de ambos partidos y se enmarca nada menos que en la exposición de motivos o preámbulo de la normativa. Su contenido es el siguiente: «El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones». Una afirmación que ha sido entendida como un rechazo a cualquier negociación entre el Gobierno y ETA.
Olabarria, que afirma que el contenido material de la proposición de ley es correcto, no comparte, sin embargo, que se incorporen a la misma «elementos partidistas que son más propios de la política que del resarcimiento a las víctimas». Los jeltzales están abiertos a «debatir» un apartado que consideran «discutible», si bien son conscientes de que su petición podría caer en saco roto.
Y es que la necesidad de cerrar la puerta en la ley a una negociación con la banda terrorista es una de las demandas que la inmensa mayoría de los colectivos de víctimas ve como un gesto de «responsabilidad moral». «Aquí tiene que haber vencedores y vencidos, debe ganar la libertad», remarca el diputado popular. Alonso confía en que los grupos expongan sus discrepancias, pero que «a la hora de votar, respalden la proposición». «Esta no es una ley para las víctimas, sino la ley de las víctimas», remarca.
Motivación política
El PNV ha presentado once enmiendas. La más controvertida ha sido su apuesta por reconocer a las víctimas de motivación política o, lo que es lo mismo, a las personas que sufrieron acciones ilegales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 9 de octubre de 1977». «Tan rechazable es intentar subvertir el orden constitucional democrático por medio de la violencia como impedir su advenimiento violentamente», justifica la formación nacionalista en su escrito. Olabarria cita como ejemplo las víctimas de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976: cinco trabajadores murieron y más de cien resultaron heridos, la mayoría de bala, a resultas de los disparos efectuados por la Policía al desalojar una iglesia en la que se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. Tanto IU como ERC han planteado iniciativas similares.
Esta propuesta, que ya fue objeto de una fuerte polémica en Euskadi, parece no tener recorrido en Madrid. En el PP lo tienen muy claro. Consideran que incluir este reconocimiento en la normativa acabaría por «desvirtuarla» y por caer en la «equiparación» entre unos afectados y otros, algo que no están dispuestos a aceptar. «No sé cuántas leyes tiene que haber, pero lo que deben tener en cuenta es que esta es una ley para las víctimas del terrorismo», advierte el socialista Hernando.
Los partidos debatirán a partir de ahora las enmiendas; primero en la ponencia, y luego en la comisión de Interior. De esta última saldrá el dictamen definitivo, que será aprobado en el pleno del Congreso. El proceso podría llegar a alargarse más de medio año, si bien se prevé que la mayoría que aglutinan socialistas y populares permita agilizar los plazos. La actividad de la Cámara Baja finaliza el próximo día 30.
EL CORREO, 5/6/2011