ABC 18/05/17
EDITORIAL
· No es extraño que Banderas se harte y decida no continuar con un proyecto que, en definitiva, es un riesgo empresarial y que mejoraría la imagen y la economía de su ciudad natal
LA extrema izquierda política, representada por Podemos y sus franquicias locales, a los que se unen los calumniadores anónimos de los 140 caracteres, no pierde ocasión para demostrar lo rancio de sus planteamientos sobre la relación de la iniciativa privada y el progreso social. El último ejemplo ha sido el aluvión de críticas injuriosas contra el actor Antonio Banderas, con el complemento tóxico de las redes sociales, que han arruinado, al menos temporalmente, un proyecto cultural de primer nivel para la ciudad de Málaga. El Ayuntamiento malagueño quería recuperar un espacio emblemático, el edificio del cine Astoria, y contaba con un proyecto liderado por Banderas, quien siempre que puede hace público su compromiso con Málaga. Banderas pretendía convertir este espacio muerto en un centro cultural y gastronómico de nivel internacional, y probablemente lo habría conseguido ayudado por la repercusión de su imagen y el atractivo de la ciudad. Sin embargo, la izquierda extrema se ha convertido en un coro de difamadores profesionales que atacan todo cuanto sea aportación privada al desarrollo económico. Insultan a Amancio Ortega por su donación de 400 millones de euros a la sanidad pública. Dejan a Barcelona sin nuevas iniciativas hoteleras, en pleno crecimiento de la industria turística. Cercenan la Operación Chamartín, dejando en terreno baldío el área natural de crecimiento de Madrid por el norte. Como hoy recoge la información de ABC, en toda España los gobiernos populistas municipales, aupados por el PSOE, torpedean más de 14.000 millones de inversión privada.
No es extraño que Banderas se harte y decida no continuar con un proyecto que, en definitiva, es un riesgo empresarial y que mejoraría la imagen y la economía de su ciudad natal. Por supuesto, su proyecto, como el de cualquier otro, tendría que pasar todos los filtros legales. Pero el problema no ha sido de legalidad –es lo que menos preocupa a una ideología que considera la ley como un instrumento al servicio de la acción política–, sino de sectarismo ideológico. La extrema izquierda está convirtiendo la actividad pública, sea política, cultural, periodística o de cualquier índole, en una fuente de amenazas e infamias para quienes desean dar un paso al frente y asumir responsabilidades con la sociedad y el interés general. Esta visión de lo privado como un peligro para el ciudadano es propia de regímenes totalitarios, de los que ya se sabe con qué eficacia reparten la pobreza entre la población. La impunidad de las redes sociales en la difusión exponencial de los insultos y las calumnias hace aún más destructivo ese vocerío. La mejor respuesta a esta estrategia de intimidación contra la sociedad y la iniciativa privada es la perseverancia de los amenazados e insultados en sus responsabilidades. No ceder terreno a los que sólo saben sembrar sal.