Nuestros gobernantes no sólo hacen mal las cosas, sino que reclaman su derecho a equivocarse al grito de: «¡El PP lo hizo antes!». Efectivamente, ‘Josu Ternera’ se fugó en 2002, al verse imputado en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Pero un gobernante está obligado a escarmentar en errores ajenos.
El domingo pasado, el magistrado emérito del TS Martín Pallín escribía un artículo en El País, El policía y el lechero, a propósito de la famosa definición de Churchill sobre la democracia, ese estado de confianza en el que si llaman a la puerta de tu casa a las seis de mañana deduces que será el lechero. En sentido estricto, ojo, que también se llamaban lecheras hace años a los coches de la Policía, con un empleo más polisémico del lenguaje.
Explicaba el magistrado emérito, en sintonía con Rubalcaba, que haber seguido a Troitiño, haberlo vigilado incluso, era ilegal, que «el derecho a la libre deambulación sólo puede verse afectado por orden judicial». La libre deambulación no se ve impedida por una discreta vigilancia. Martín Pallín debería pensar que la libre circulación del asesino emérito (ex asesino le llamaba Luis Solana, como si fuera un empleo eventual o no imprimiera carácter) sí debería haberse visto coartada por su falta de documentación: tenía el DNI caducado y carecía de pasaporte. ¿Cómo pudo cruzar tantas fronteras con tan pocos papeles, si no es por negligencia policial? Troitiño debe de ser la piedra angular del Estado de Derecho, porque no recuerdo otro artículo de este hombre en defensa del derecho a la libre deambulación de Manuel Pizarro, el presidente de Endesa a quien seguían un sargento y un cabo de la Guardia Civil en los tiempos de la OPA a Endesa.
Nuestros gobernantes no sólo hacen mal las cosas, sino que reclaman su derecho a equivocarse al grito de: «¡El PP lo hizo antes!». Efectivamente, ‘Josu Ternera’ se fugó en 2002, al tener noticia de su imputación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Era entonces parlamentario de Euskal Herritarrok. Fue designado por los suyos como representante en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que no presidente, señora Cospedal. Un detalle simpático, el de poner al carnicero a la comisión vegetariana.
No fue el primer caso: Pipe San Epifanio, diputado de HB y dirigente de ETA, tomó el olivo en 1991. También se había fugado Zubimendi, parlamentario de HB en la legislatura 1994-1998, y no fue el último. Jon Salaberria, parlamentario de Sozialista Abertzaleak, se fugó en 2005, para ser detenido en 2008, junto a ‘Thierry’, Suberbiola y Ozaeta. La etarra Maite Aranalde fue puesta en libertad bajo fianza en 2009 y se fugó, como había hecho su padre, Jokin Aranalde, en 2002. A la vista de estos datos, parece claro que ETA suele meter terroristas en el Parlamento bajo distintas etiquetas y que, parlamentarios o no, los terroristas se escapan si no se les vigila.
Un gobernante está obligado a escarmentar en errores ajenos. No puede invocar su derecho a equivocarse, salvo en decisiones que le afecten exclusivamente a él.
El ministro del Interior ha negado tajantemente la información que daba ayer este periódico: «Ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni los servicios de inteligencia saben nada de esa historia que se ha publicado, que es más fruto de una imaginación calenturienta que de la realidad». ¿Y usted cómo lo sabe, don Alfredo? Si yo fuera un agente del CNI al cabo de las andanzas de Troitiño, no le iba a decir a usted ni mu. ¿Para que me cayera un puro por vigilar a un asesino emérito?
Santiago González, EL MUNDO, 27/4/2011