ABC – 11/01/16
· Las citas xenófobas de Puigdemont contra los «invasores» le servirán de poco cuando tenga que pedir más dinero al invasor para pagar farmacias, hospitales, residencias y colegios públicos.
· El hecho de que el Gobierno central se encuentre en funciones no impedirá la activación de los procedimientos judiciales.
El pacto de investidura de Carles Puigdemont se cumplió estrictamente y el hasta ayer alcalde de Gerona ya es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña gracias a los votos y la abstención de los diputados anticapitalistas y ante todo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Cataluña inaugura un nuevo escenario para el viejo conflicto civil que se desarrolla en su seno entre el totalitarismo nacionalista y el constitucionalismo democrático. Es un escenario en el que desaparecen actores políticos, Convergència y Unió, que representaban el núcleo de la sociedad catalana, burguesa y urbana, formado por clases medias nacionalistas.
Es un nuevo escenario para que las mismas tensiones de los últimos años se agudicen y hagan crisis en un enfrentamiento con el Estado, al que precederán y seguirán nuevas disensiones civiles entre catalanes. Y, evidentemente, fugas de capitales y de empresas. Un enfrentamiento, por cierto, para el cual el Estado sigue tan armado legalmente como hace meses, porque el hecho de que el Gobierno central se encuentre en funciones no impedirá la activación de los procedimientos judiciales y constitucionales adecuados contra la secesión. El Estado es más que el Gobierno. Lo que sucedió ayer en el Parlamento catalán fue descrito con tranquilo cinismo por Artur Mas: «Hemos conseguido lo que no nos dieron las urnas». En efecto, las fuerzas separatistas perdieron el plebiscito que habían convocado tras las elecciones autonómicas, porque no lograron superar el 50 por ciento de los votos. Pero en una nueva pirueta de inmoralidad política, se olvidaron del plebiscito para abrazarse a la mayoría absoluta que resultaba de sumar los escaños de la CUP a los de Junts pel Sí.
Mas tiene razón –la lucidez aparece en las agonías finales– y su reflexión invita a la oposición no nacionalista a perseverar en su lucha política por no ser silenciada con la mordaza del separatismo. El pacto de hierro entre la CUP y Junts pel Sí tiene ese regusto chavista de la deslegitimación de todos los disidentes. Es la esencia del nacionalismo agresivo: situar a los críticos como traidores a un pueblo que sólo los nacionalistas representan. El objetivo de las últimas elecciones no fue otro que la imposición de la Cataluña nacionalista a la no nacionalista. Por eso, el choque de trenes será en Cataluña. Los daños sociales y económicos serán en Cataluña. La crisis de legalidad se sufrirá en Cataluña. El gobierno que forme Carles Puigdemont se topará inmediatamente con la realidad de una administración quebrada y controlada financieramente por el Ejecutivo central. En diciembre pasado, la Generalitat tuvo que aceptar el control diario por el Estado de sus pagos a proveedores a cambio de recibir más de 3.000 millones de euros para atender miles de facturas impagadas. Así seguirán las cosas y la independencia no será más que la estafa permanente de los separatistas a los catalanes que se dejan estafar.
No habrá independencia porque el Estado no lo permitirá y porque Cataluña no se la puede financiar. Lo dejó bien claro ayer Mariano Rajoy, que cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, en su intervención. De lo que tiene que preocuparse Puigdemont es de los recados que ayer mismo lanzó la CUP, al recordar que prestan su apoyo «a la creación de la República, pero no a los recortes». No olvide el nuevo honorable que los de la CUP no tienen más opción que ser antisistema y anticapitalistas para seguir existiendo y no acabar convertidos en una versión de ERC. El fervor independentista no tapará las necesidades diarias de una sociedad con desempleo, sin financiación exterior y con servicios públicos quebrados. Las citas xenófobas del ilustrado Puigdemont contra los «invasores» le servirán de poco cuando tenga que pedir más dinero al invasor para pagar farmacias, hospitales, residencias y colegios públicos.
Quizá, esta conciencia de que Cataluña quebrará sin Madrid –ese ente odioso que saca las castañas del fuego a la Generalitat cada dos por tres– hizo que Mas mandara al PSOE el aviso de que no quieren un gobierno central del PP o del PP y Ciudadanos. Es decir, los nacionalistas vuelven a querer al PSOE, sobre todo Mas, quien recordará con agrado la diplomacia de sofá que practicó con Zapatero para lograr el Estatuto de 2006, origen inmediato de esta discordia separatista. Los nacionalistas conocen bien la horma del PSOE y saben que el ofrecimiento de apoyo para gobernar provoca en los socialistas un reflejo condicionado, una predisposición a aceptar lo que sea con tal de echar al PP. Hay que confiar en que, en esta ocasión, el PSOE recuerde que si hoy tiene 90 escaños es por aquellas decisiones de ser comodín de los nacionalismos más sectarios.
ABC – 11/01/16