EL CORREO 24/10/13
· Quiere evitar un caos jurídico después del fallo de Estrasburgo y cuando la Audiencia Nacional ha recibido ya 36 recursos de reclusos que exigen su liberación.
El Tribunal Supremo quiere tomar las riendas para evitar que el varapalo de la corte de Estrasburgo a la ‘doctrina Parot’, además de la polvareda política que ha causado, provoque un guirigay jurídico y doctrinal entre todos los tribunales involucrados, sobre todo entre la Audiencia Nacional y las diferentes audiencias provinciales –las encargadas de dictaminar sobre los presos comunes–. El presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, tiene intención de convocar en breve, casi con toda seguridad la próxima semana, un pleno de este órgano para intentar establecer las líneas maestras a seguir a la hora de excarcelar a los 78 presos terroristas y delincuentes peligrosos que siguen entre rejas en la actualidad por la aplicación de la doctrina ahora anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El alto tribunal, que fue el que en 2006 dio luz verde a la práctica de ampliar el tiempo de condena efectiva, tiene pendiente la resolución de, al menos, cinco recursos de casación. La idea de Saavedra es aprovechar el primero de ellos, el del etarra Ignacio Pujana Alberdi, para establecer la hoja de ruta que guíe a los tribunales inferiores a fin de que no haya resoluciones contradictorias entre ellos que compliquen aún más la delicada situación provocada por la Gran Sala de Estrasburgo.
Aunque en teoría la reunión sería solo para abordar el caso de Pujana, la Sala espera poder unir a este expediente los otros que quedan por resolver y así fijar pautas, por ejemplo, si los procesos de excarcelación se deben iniciar de oficio o a instancias de parte con la presentación de un recurso de revisión ante el Supremo por el preso. En cualquier caso, explicaron fuentes judiciales, todos los expedientes se abordarán de manera individualizada, con un estudio de las circunstancias de cada recluso, todo ello con el objetivo de que no haya una avalancha de excarcelaciones al mismo tiempo.
Pujana, miembro del ‘comando Tontorramendi’ de ETA que asesinó al industrial Ramiro Salazar, fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional al no aplicarle la ‘doctrina Parot’ siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una excarcelación que fue recurrida por el Ministerio Público ante el Supremo.
Y mientras el Tribunal Supremo valora dar un paso adelante, el Constitucional no sabe aún cómo afrontar su parte del entuerto jurídico. La corte tiene pendientes de resolver 23 recursos de amparo, 22 de ellos de presos de ETA, contra la ‘doctrina Parot’. Un total de 17 casos están sólo a falta de sentencia y el resto en espera de ser admitidos o no a trámite. El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, aún no ha tomando la decisión de convocar pleno alguno porque la mayoría de los recursos están en la Sección Primera y este órgano podría resolverlos con independencia. Sin embargo, la cuestión es que solo el Pleno podría apuntar de manera definitiva el camino a seguir a todos los tribunales.
Las resoluciones del Supremo y el Constitucional deberían marcar la tónica de la Audiencia Nacional, pero el problema es que no hay tiempo, según admiten los responsables del tribunal central de instrucción. Ayer por la mañana eran ya 36 los etarras encarcelados que habían presentado recursos en la Audiencia Nacional para reclamar su inmediata excarcelación al amparo de la sentencia de la Gran Sala sobre Inés del Río. En breve, probablemente esta misma semana, los otros 20 presos terroristas que siguen entre rejas por la ‘doctrina Parot’ harán lo mismo.
Ernaga y Píriz
El viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia tiene convocado un pleno ordinario, pero en principio el orden del día solo debería tratar la petición de excarcelación, previa al fallo de Estrasburgo, que hicieron los etarras Josefa Mercedes Ernaga, condenada a 794 años por el atentado al Hipercor de Barcelona en junio de 1987 y en el que murieron 21 personas; y Manuel Píriz López, condenado a 61 años por el asesinato de un antiguo miembro de ETA, entre otros delitos. La primera lleva entre rejas 26 años y el segundo, 29. El órgano de gobierno del tribunal ya ha anunciado que solo se va a pronunciar sobre estos dos casos. Y la decisión que tomará no está del todo clara. Según los cálculos de la Fiscalía, Ernaga, aun sin la ‘doctrina Parot’, debería estar encarcelada hasta diciembre del año que viene, y a Píriz todavía le restan unos meses.
Pero más allá de fallar sobre estos dos expedientes, la intención de los 17 magistrados de la Sala de lo Penal es –sin llegar a decidir sobre el resto de reclusos– fijar la hoja de ruta a seguir para resolver la riada de recursos que ya ha comenzado a llegar, hagan lo que hagan el Supremo y el Constitucional. O sea, decidir, al menos, si esos expedientes deben estudiarse en la sala, en el pleno o en las diferentes secciones que juzgaron a los reos.
En cualquier caso, la idea es que ese estudio se haga siempre de forma individualizada, ya que responsables de la Audiencia Nacional consideran que algunos de los recursos que han llegado se refieren a presos que «quizá» podrían aún seguir en prisión sin la aplicación de la doctrina derogada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se tratan, en algunos casos, de terroristas con condenas a caballo entre el antiguo y el nuevo Código Penal y cuya situación jurídica hay que «estudiar con mucho detenimiento».
EL CORREO 24/10/13