EL MUNDO – 01/04/15 – SANTIAGO GONZÁLEZ
· Recordarán ustedes que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había fallado contra la Generalidad por vulnerar el derecho de una escolar a recibir clase en castellano como lengua vehicular en Educación Infantil, tal como habían reclamado sus padres. Un Gobierno presidido por Jordi Pujol había aprobado el 7 de enero de 1998 la Ley de Política Lingüística, que en su artículo 21.2 decía: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».
Seguramente no estaba el artículo entre los propósitos del padre de la patria, pero hay que tener en cuenta en su descargo que en aquellos años estaba muy entregado al latrocinio y a la ocultación y se le pudo colar semejante muestra de debilidad en la primera ley que aprobó en 1998. Las cosas son como son y luego, a la hora de poner en práctica las leyes, no se puede estar a todo. De ahí que Mas (que bastante tiene con lo suyo) se distrajera en el derecho de una niña de Barcelona, a la que negó su educación en castellano.
La cosa, seamos justos, no venía sólo de Mas. Maragall y Montilla ya habían denegado a los padres ese derecho y habían sometido a las familias al trámite de agotar instancias judiciales para reclamar la escolarización en castellano como lengua vehicular. Los xarnegos nunca podrán competir con los genuinos catalanes, no ya Montilla, que lo era full time y stricto sensu, sino Maragall, nieto del megapoeta, pero xarnego vocacional al fin y al cabo. De ahí que en la maña de hacer pasar el tiempo para que el derecho no les fuera reconocido hasta que los beneficiarios estuvieran en segundo de carrera, no podían competir con Artur Mas y su severa gobernanta para la educación, entiéndase como se quiera este concepto.
Veníamos diciendo que, el pasado mes de enero, el TSJC había fallado contra la Generalidad y le había impuesto la condena de indemnizar a la menor con 7,36 euros por cada una de las clases en castellano que no le impartió mientras cursaba Educación Primaria, amén de un euro adicional por cada hora de incumplimiento y otro por el sobreesfuerzo que se le impuso a la alumna, o sea, un total de 3.000 euros.
Aquí viene el problema de los Maragall y Montilla para equipararse a los nacionalistas de verdad: a ninguno se le hubiera ocurrido la perversidad Rigau (tengo para mí que esto no ha podido salir de ella sola: ha tenido que echarle una mano Homs, ese portento). El Tribunal Superior ha tumbado el recurso del Govern, en el que alegaba que la niña podía hablar en castellano en el recreo y computaba los recreos como horas lectivas. Tiene cojones Romanones, con la tropa. Y Montoro les pagará las indemnizaciones con cargo al FLA. Y Rajoy haciendo escala en el Prat para ofrecer a Mas la posibilidad de disputarle a codazos la foto junto a Merkel. ¿Cómo les van a tomar en serio?
EL MUNDO – 01/04/15 – SANTIAGO GONZÁLEZ