En pensiones, no “podemos” asumir ideas que no sumen

LUIS MARÍA SÁEZ DE JÁUREGUI – ABC – 08/07/17

· «El sistema de pensiones necesita una reforma, pero resulta sorprendente que no se tomen en consideración modelos como el sueco, que apuesta por la contributividad»

Ya está. La reforma estructural del sistema de pensiones que tantos años lleva discutiéndose ya está aquí. Nadie lo dice de manera expresa, pero basta leer entre líneas para concluir que, a la sordina, nos encontramos a las puertas de un nuevo modelo de pensiones. Y no es el mejor. Esta semana Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley para reformar el sistema de pensiones y garantizar la financiación de la Seguridad Social. Vamos a pasar por alto la estocada mortal que supone este movimiento de Podemos para la Comisión del Pacto de Toledo, foro en el que todos los partidos estaban trabajando para concluir una propuesta de reforma conjunta antes del verano. El ninguneo de la formación de Pablo Iglesias a dicha Comisión deja a su presidenta, Celia Villalobos, en una situación más que comprometida. Pero, como digo, obviemos este hecho y vayamos a algo mucho más sustancial.

Podemos y sus confluencias proponen, entre otras cosas, volver al modelo que fija en 65 años la edad ordinaria de jubilación y se permite a partir de los 61 años para aquellas personas que hayan alcanzado la pensión máxima. Es decir, la derogación de las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 y Mariano Rajoy de 2013. Esta propuesta, en sí misma, supone un incremento del gasto en pensiones de más de un 28 por ciento en los próximos diez años, lo que significa que, al déficit actual de 18.000 millones de euros, habría que sumarle otros 42.000 millones adicionales en los próximos diez años.

Sin embargo, y aquí es donde quería detenerme un instante. Podemos propone oficialmente una medida con la que ya se han mostrado de acuerdo anteriormente PP y PSOE: la creación de nuevos impuesto para financiar las pensiones. Las de viudedad en el caso de PSOE y PP; y las de jubilación ahora en el caso de Podemos. Y cuando los tres partidos mayoritarios del Congreso coinciden en lo mismo –cosa bastante infrecuente–, resulta difícil pensar que más tarde o más temprano no terminen sacándolo adelante.

La creación de nuevas figuras impositivas para financiar las pensiones actuales taparía una parte del agujero de la Seguridad Social, pero estaría condenando a la desaparición de las pensiones futuras. Porque, a largo plazo, esa sería la consecuencia final de desvincular las pensiones de los esfuerzos de cotización de uno de los trabajadores.

Hasta ahora, el principio que regía el sistema de pensiones era: tanto contribuyes durante tu vida laboral a financiar la pensión de los jubilados, tanto percibirás cuando te jubiles tú. Existe una correlación. Pero dejará de existir en el momento en el que una parte importante de las pensiones de jubilación pasen a financiarse vía impuestos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Reflexionemos: las partidas a financiar vía impuestos son tantas, y las perspectivas de déficit del Estado en su conjunto tan poco halagüeñas, que las pensiones acabarán siendo reducidas a la mínima expresión: serán asistenciales. Y lo que es más importante, habremos terminado con el principio de contributividad que rige nuestro sistema desde su creación.

Y habremos terminado con ese principio porque, ¿alguien cree que se pagarían pensiones de más de 1.500 euros, como las actuales, financiadas en más de un 28 por ciento por impuestos indirectos como el IVA o el Impuesto de Sociedades, en un país con un alto déficit presupuestario estructural, con grandes bolsas de pobreza y altas tasas de paro?

La propuesta de Podemos también defiende el destope de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social por considerar que «los hogares de menor renta contribuyen el doble en comparación con los de mayor renta». Sin embargo la realidad demuestra que esto no es así. A diferencia de lo que asegura esta formación, los trabajadores con un salario comprendido entre el mínimo profesional y la pensión máxima –2.573 euros– aportan a la arcas de la Seguridad Social lo que el sistema establece y, sobre todo, conservan su contributividad; es decir, recibirán como pensionistas tanto como aporten como trabajadores.

Algo que no ocurre con las personas con un salario entre la pensión máxima –2.573 euros– y la base máxima de cotización –3.751 euros–. Para todo ellos, el sistema carece de contributividad porque están aportando al sistema como trabajadores más de lo que el sistema les reportará en un futuro como pensionistas. De hecho el sistema les está imponiendo un gravamen o tipo marginal oculto que va aumentando conforme el salario se va aproximando a la base máxima de cotización. De modo que no son las rentas más bajas las que más contribuyen proporcionalmente a financiar la Seguridad Social.

El sistema de pensiones necesita una reforma, pero resulta sorprendente que no se tomen en consideración modelos como el sueco, que, siguiendo el principio del sistema de reparto y público, apuesta por la contributividad.

LUIS MARÍA SÁEZ DE JÁUREGUI ES DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE AXA – ABC – 08/07/17