Ibarretxe debería recordar la hoja de ruta de su partido ante la instalación de la central térmica en Amorebieta. La mayoría de los lugareños, incluidos los del PNV, eran contrarios a la central. Arzalluz, Imaz y Urkullu convocaron una asamblea local del partido para explicarles la autosuficiencia energética y otras ensoñaciones soberanistas. Les dejaron solos para votar y el 65% lo hizo en contra.
Hace cinco años, el lehendakari explicaba la buena nueva de su plan entre los agentes sociales. El 9 de octubre de 2002 recibió a una representación de Confebask. El mismo día, su presidente, Román Knörr, leyó un comunicado de su organización en el que advertía de los graves problemas económicos y de la fractura social que supondría el desarrollo de aquel programa.
Las reacciones al comunicado fueron dos: al día siguiente, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas de Ajuria Enea comenzó a contrarrestarlo con una encuesta telefónica para conocer la ‘verdadera’ opinión de los empresarios vascos, mientras Arzalluz dedicaba durísimas descalificaciones personales a Knörr.
Un mes más tarde, el portavoz del PNV dio a conocer la encuesta en el Parlamento vasco. El Señor escribe derecho con renglones tortuosos. Eran 409 empresarios, no sabemos cuántos de entre ellos estaban subvencionados, y el resultado fue concluyente. Los capitanes de empresa vascos eran más soberanistas que el común de sus conciudadanos. Más partidarios de la ‘consulta’ (un 87%) que la media; deseaban con más intensidad el éxito de la misma (el 70%); creían en mayor medida que era la clave de la paz (55%) y la mitad de ellos consideraban que era un factor de crecimiento económico (un 50%). El 71% quería selecciones deportivas nacionales; el 73% gestionar en exclusiva los recursos propios; el 73%, un poder judicial propio y el 56% la doble nacionalidad.
La encuesta de la semana pasada era universal. Quizá por eso daba resultados más modestos que si hubieran buscado sólo la opinión de los banqueros. Frente al 70% de los empresarios partidarios de la consulta, sólo el 64% de los vascos está en contra de su prohibición y acudiría a votar el 59%. El problema de la última encuesta es el mismo que tiene el lehendakari: él ya sabe qué va a votar aunque no haya definido todavía la pregunta.
Todo el plan Ibarretxe tuvo como referencia estelar el modelo quebequés, pero cuando nos visitó un protagonista excepcional de aquel asunto, el ministro de Relaciones Intergubernamentales de Canadá, Stéphane Dion, que dio una conferencia en Bilbao el 25 de noviembre de 2003, el lehendakari no mostró interés por entrevistarse con él, y los partidos del tripartito que tantos viajes habían hecho a Canadá, ni siquiera se acercaron al hotel Ercilla para oírle.
Tendrían que haber acudido, porque el padre de la Ley de la Claridad explicó de manera muy sencilla el fundamento de la misma: el Estado Federal ha de tomar nota de la voluntad de secesión de una parte de su territorio y tomar medidas para atender dicha voluntad con respeto a unas determinadas reglas: A) La pregunta ha de ser clara. No vale invocar el reconocimiento del derecho a decidir, ni la pregunta del referéndum andaluz, algo como: ‘¿es usted partidario de la secesión de la C.A.V. para constituir un Estado propio?’
B) La expresión de una mayoría secesionista debe ser cualificada y reiterada. Esto debe ser así porque la secesión es una decisión irreversible, que no se puede tomar con un coyuntural 51% de los votos. Dicho de otra manera: es una paradoja que el derecho a decidir exista mientas el independentismo es minoritario y que, en la primera ocasión que rebasara el 50% de los votos desaparezca para siempre.
C) La negociación se hará poniendo sobre la mesa todas las cuestiones pendientes, incluso las inversiones realizadas por el Estado Federal en la provincia secesionista para negociar los plazos de la indemnización, el precio de la libertad.
D) La provincia que aspira a la secesión aceptará, por el mismo principio democrático que invoca, la negativa de algunas partes de su territorio. Por ejemplo, el ‘no’ del Ayuntamiento de Vitoria.
Claridad sería llamarle ‘referéndum’ a lo que el partido-guía de los vascos llama ‘consulta’, pero que política y moralmente será considerado un referéndum al día siguiente, si lo gana. Ibarretxe debería recordar ahora la hoja de ruta seguida por él y su partido ante la instalación de la central térmica de Boroa en Amorebieta. La gran mayoría de los lugareños, incluidos los afiliados al PNV, eran contrarios a la central. Arzalluz, Imaz y Urkullu convocaron una asamblea local del partido para explicarles la cuestión, la autosuficiencia energética y otras ensoñaciones soberanistas. Les dejaron solos para votar y el 65% lo hizo en contra.
La alcaldesa, Begoña Azarloza, anunció un referéndum en el término municipal. El PNV inició contra ella procedimiento de expulsión, así como a los seis concejales que la habían secundado. Cuatro meses más tarde, Azarloza daba marcha atrás por las presiones y anunció que en lugar del referéndum, iba a hacer una encuesta.
Es un modelo para el lehendakari. Una encuesta es entretenida, da de qué hablar y no causa destrozos mayores en la convivencia. Tiene, además, una ventaja añadida: quien paga al gaitero pide la tonada.
Santiago González, EL CORREO, 29/10/2007