ABC 31/03/17
· En la actualidad todos los servicios de protección son prestados por agentes adscritos a las Fuerzas de Seguridad del Estado
Apartir de mañana, 1 de abril, en España habrá solo 172 personas con escolta por decisión del Ministerio del Interior y todas ellas estarán protegidas por personal de las Fuerzas de Seguridad. Para algunos el dato podría ser excesivo, por lo que conviene recordar la situación en la que estábamos hace solo cinco años: por entonces 885 tenían escolta, de las que 273 contaban con servicio privado pagado por el Ministerio del Interior. Los últimos ajustes, según las fuentes consultadas por ABC, se han hecho hace solo unas semanas.
Evidentemente, el gran salto cualitativo en esta materia fue la declaración del fin del terrorismo por parte de ETA, el 20 de actubre de 2011, una vez que la banda quedó derrotada por el Estado de Derecho. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior comenzó a aplicar unas políticas de racionalización en esta materia que han permitido no solo un importante ahorro económico, sino destinar más medios humanos a los servicios de seguridad ciudadana y de lucha contra el crimen organizado.
La decisión sobre quién debe llevar o no escolta la toma la Secretaría de Estado de Seguridad a propuesta, sobre todo, de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que anualmente hace un análisis del riesgo de cada uno de los protegidos para evaluar si es necesario continuar prestándoles ese servicio.
Los criterios que se siguen son cada vez más restrictivos –siempre, por supuesto, respetando las garantías de seguridad–, y una vez que se toma la decisión de retirar la escolta a una persona concreta no tiene por qué quedar totalmente desprotegida. Así, por ejemplo, también existen las contravigilancias en los domicilios y lugares de trabajo, para las que se necesitan menos recursos humanos.
Desde la desaparición de la banda terrorista ETA el Ministerio del Interior tuvo claro que había que reducir de forma drástica el número de personas escoltadas, también porque era evidente que en el pasado se habían producido algunos excesos. De hecho, nada más llegar al gobierno el entonces titular del Departamento anunció un plan para estudiar cada situación concreta y a partir de ahí tomar las decisiones correspondientes.
Amenaza difusa
En julio de 2012 Interior anunciaba que 1.400 agentes hasta entonces dedicados a ese servicio serían trasladados para reforzar otras unidades, en especial de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado. Ya por entonces se afirmaba que «el nivel de riesgo no se corresponde con el número de policías destinados a esa tarea».
Por supuesto, el terrorismo yihadista y el crimen organizado son también amenazas muy serias, pero sobre todo en el primer caso se trata de un peligro más difuso, menos predecible, en el que la protección concreta de una personalidad es menos eficaz que los análisis de inteligencia en cada momento concreto.
Hay que tener en cuenta que, como mínimo, hay que destinar, cada día y como mínimo, cuatro agentes en dos turnos además de un vehículo por cada persona escoltada. El presupuesto para poder dar el servicio es, por tanto, muy elevado, y esa desaparición de la amenaza etarra, junto a la crisis económica de la que aún sufrimos las consecuencias, aconsejó la puesta en marcha del citado plan.
A la hora de evaluar el riesgo que pueda tener una persona se valora el cargo que ha ocupado u ocupa. Evidentemente, los expresidentes del Gobierno tendrán un servicio de escolta mientras vivan. Los ministros, dependiendo de la cartera que hayan tenido, la tendrán durante más o menos tiempo, lo mismo que otros altos cargos de la administración. Está claro que no es lo mismo alguien que ocupe la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de las más expuestas, que un cargo similar de cualquier otro ministerio.
En la judicatura, por ejemplo, sucede lo mismo. Muchos magistrados del Supremo no tienen protección, lo mismo que de la Audiencia Nacional, y sin embargo sí puede asignarse a un juez de cualquier localidad que lleve una investigación de crimen organizado y que está sufriendo presiones en su entorno.
Hay que destacar, no obstante, que no todas las personas protegidas lo son por el Ministerio del Interior. Las policías autonómicas y las locales, en su ámbito, también tienen agentes destinados a dar este servicio. Y por supuesto están los escoltas privados, en ocasiones pagados bien por los escoltados o por sus empresas.