El Ejecutivo sostiene que ETA está tan débil que es útil dejar que la izquierda abertzale se vaya fortaleciendo a cambio de anular a la banda. Es posible que la razón práctica esté sustentada, pero así, paradójicamente, hoy puede ocurrir que el Constitucional permita regresar a las instituciones a una formación que respaldó el asesinato de casi 900 personas y se niega a condenar a ETA.
No es probable que nadie se llame a engaño, pero por si acaso: no hay una división entre el PSE y el Gobierno respecto a Bildu, sino un reparto de papeles que se produce estudiadamente desde hace meses y que ha sido administrado como sus protagonistas han creído más oportuno política y electoralmente.
El pasado mes de septiembre, ETA hizo público un comunicado decepcionante también a la luz de las expectativas creadas por la izquierda abertzale. Sus dirigentes habían difundido desde la primavera anterior que la banda prácticamente estaba dispuesta a abandonar la violencia. Le habían pedido una tregua permanente y verificable para empezar el camino que les haría recuperar el protagonismo hacia su legalización. ETA se despachó con el simple anuncio de que hacía algunos meses que había decidido «no llevar a cabo acciones armadas», Batasuna, lejos de recriminarle su tacañería, alabó su iniciativa y el Gobierno manifestó públicamente que el comunicado era «absolutamente insuficiente».
Sin embargo, ese planteamiento no se correspondía con la predisposición del Ejecutivo. El mismo día del comunicado, un miembro del Gobierno defendió la siguiente tesis: la izquierda abertzale ha dado pasos, Batasuna y ETA no son lo mismo, el proceso Bateragune por el que fue encarcelado Otegi (por intentar refundar la formación ilegalizada bajo la autoridad de la banda) no se sostiene y, además, hay que tener en cuenta que pronto hay unas elecciones que hay que resolver. Habida cuenta de que la sensibilidad de la opinión pública vasca -que, según los propios socialistas, premió con la Lehendakaritza sus esfuerzos en la última negociación- es distinta sobre estos asuntos a la del resto del país, el mensaje tenía que ser distinto.
No hacía mucho que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, había sido desautorizado por el lehendakari, Patxi López, por haber escrito una carta en la que, tras mantener contactos conocidos por el Gobierno con la izquierda abertzale, había solicitado al presidente vasco que liderase la «pacificación». «Lo que Batasuna tiene que hacer es condenar a ETA», aseguró López mientras el ministro Rubalcaba reconocía el derecho a discrepar de Eguiguren con el que aseguró no estar de acuerdo. No menos escándalo provocó que el mismo protagonista se mostrara partidario de legalizar Batasuna.
En realidad, lo que Eguiguren había hecho era enseñar su estrategia antes de tiempo. Al final, el lehendakari está abanderando la reivindicación de Bildu, mayoritariamente aceptada en el País Vasco, mientras el Gobierno ha recurrido duramente las listas en el Supremo sabedor de que otra cosa no hubiese sido entendida en el resto de España. Pero comunicándose en secreto con los magistrados de los altos tribunales para hacerles llegar que vería con buenos ojos una lectura de la ley menos rigurosa. Una posición cuyo representante más espontáneo sería el ministro de Justicia quien, en privado, ha comentado su incomodidad con las ilegalizaciones. Así, no resulta creíble que los jueces progresistas del Supremo estuviesen a favor de legalizar Bildu sabiendo que el Gobierno estaba en contra.
El Ejecutivo sostiene que ETA está tan débil que es útil la estrategia de dejar que la izquierda abertzale se vaya fortaleciendo a cambio de anular a la organización. En su día se esgrimieron también otras razones. ¿Qué pasa si no son legalizados y dan un paso atrás, o ETA…?, se preguntaban en el entorno de la Lehendakaritza. Es posible que la razón práctica esté sustentada, pero así, hoy, paradójicamente, puede ocurrir que una decisión del Constitucional haga que regrese a las instituciones una formación (Batasuna) que reivindica haber respaldado el asesinato de casi 900 personas y se niega a condenar a ETA.
Ángeles Escrivá, EL MUNDO, 5/5/2011