Los que justifican la mesa de partidos y el debate de Europarlamento ocultan que la una y el otro nunca tendrían lugar de no exigirlo ETA. Es una falacia que tras relegalizar de facto a Batasuna, violar los procedimientos democráticos y conceder que «el pueblo vasco tiene derecho a decidir incluso sobre su vínculo con el Estado», los terroristas pasarán a dialogar amigablemente.
No es ningún secreto que ETA y sus socios llevan años intentando entrar en las instituciones internacionales. Su objetivo es que alguien influyente reconozca que han tenido razones para matar, y que admita que la banda representa la soberanía vasca en lucha inmemorial contra España, potencia ocupante. La invitación a exponer sus argumentos en sede internacional ya resulta suficiente para convertir su inmunda propaganda en razones respetables, aunque los medios no se compartan del todo. Y todos los nacionalismos irredentos europeos, del flamenco al escocés pasando por el catalán y el corso, apoyan su pretensión porque esperan aprovechar el precedente sentado. Es posible que en el futuro el debate europeo sobre el “proceso de paz vasco-español” (porque esa es la imagen que se va a dar, una Paz de Westfalia entre Euskalherria y España) sea comparado con la autodeterminación explosiva de las repúblicas de Yugoslavia, la secesión más pacífica de Chequia y Eslovaquia o la independencia de las repúblicas bálticas, tutelada por la OTAN.
Al fin y al cabo, un Estado miembro de la Unión aceptará someter al arbitrio de terceros, en un Parlamento sin responsabilidades en el asunto –mientras se elude el debate en los parlamentos español y vasco-, las reclamaciones independentistas de una minoría muy violenta y fanatizada que pretende arramplar con todo un territorio (territorialidad) y someter a sus habitantes (autodeterminación a la fuerza) a cambio de la paz (el proceso en marcha). Esto ya se sabía. Lo que nadie se esperaba es que la invitación a ETA partiera… del Gobierno del Estado democrático que ETA combate a muerte, y justo cuando la banda pedía negociar las condiciones de su disolución. Y todo para mostrar “la soledad del PP”. A la luz de este disparate, se comprende que Zapatero despierte tanta curiosidad internacional como gobernante de inesperadas iniciativas.
Con la mira puesta en el reconocimiento internacional, los etarras han perseverado hasta ser escuchados en los despachos más influyentes del mundo, de Ginebra a Nueva York pasando por el Vaticano. Han mentido y ocultado sus crímenes, obteniendo el apoyo de numerosas instituciones internacionales y el de intelectuales de moda como el ubicuo Saramago, tropiezo de todas las sopas, pacifistas profesionales como Pérez Esquibel, y declinantes pavos reales que intentan atraer la atención haciendo la rueda, caso de Mario Soares y Cossiga.
Los sucesivos gobiernos españoles de la democracia han reaccionado tarde y mal ante esta ofensiva inacabable. Quizás porque les parecía absurda y sin futuro alguno, en todo caso con arrogante dejadez. Organismos financiados por nuestro bolsillo, en particular las Naciones Unidas y su dirección de Derechos Humanos en Ginebra, han terminado dando más crédito a la lluvia de denuncias de la nube de “organizaciones cívicas” proetarras que a las explicaciones del Estado español y a las razones de las víctimas de ETA. Los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas se deleitan redactando siniestros informes donde España aparece con una calificación de Estado torturador y policial peor que la de Marruecos o Cuba. La explicación es muy sencilla: por cada hora de trabajo y cada euro que el Estado o las organizaciones españolas han dedicado a este asunto, ETA y sus adlátares han dedicado cien veces más. Por la parte que me toca, puedo asegurar que las propuestas y advertencias que hemos hecho desde organizaciones como Basta Ya han sido sistemáticamente ignoradas desde que gobierna Zapatero, deshaciendo los prometedores progresos anteriores.
Lo peor es que el debate de Estrasburgo forma parte de la degeneración de la democracia española, donde la clase política hace y deshace a capricho, difama a las instituciones que no controla, organiza agresiones contra sus rivales y miente a la opinión pública con singular desparpajo. Porque debemos recordar que el PSOE jamás dijo a sus votantes que aceptaría la internacionalización del contencioso con ETA con la excusa de obtener un apoyo que ya disfruta; al contrario, margina a Rosa Díez, la única que se atiene a su compromiso con los electores que le votaron. Ni Enrique Barón adelantó que defendería un acto ilegal como la presencia de una delegación de ETA-Batasuna en el hemiciclo de Estrasburgo. Pequeños aperitivos, en todo caso, de otros sapos gigantescos que en nombre de la paz se nos irán presentando para ingerirlos con agradecimiento.
Durante estos años ha existido la ilusión de que las instituciones europeas eran un apoyo seguro contra el terrorismo y el nacionalismo étnico. ¿Pero cómo esperar en lo sucesivo que Europa apoye la lucha contra lo que ETA representa cuando es el propio partido del Gobierno, con sus socios, quien pone en entredicho una resistencia cívica y democrática que nos ha costado centenares de vidas? Si el “proceso” fracasa y vuelven los asesinos, ¿volveremos a pedir que ETA-Batasuna sea considerada una organización terrorista, tras haberla presentado en sociedad y declarado que constituye un “interlocutor necesario” para una paz que, según Patxi López, “exige compartir algunas razones del otro”? (¿Qué razones, Patxi? ¿Las que había para asesinar antes o para dejar de hacerlo ahora?)
La cosa está clara. Fuera cual fuera su hermosa intención, el gobierno de Zapatero se ha unido al coro de bienpensantes y almas bellas que ve en ETA una organización algo violenta pero con una causa justa que puede resolverse amigablemente. Naturalmente, la mayoría de las organizaciones y personajes que han justificado todo estos años a ETA dicen actuar siguiendo móviles humanitarios: conseguir el final de la violencia. Proclamar ahora que nadie tiene derecho a matar a otro es pura banalidad, pero se convierte en algo mucho peor cuando se sugiere que el asesinato obedece a la intransigencia de la víctima. Y este es el mensaje que, quiérase o no, saldrá el día 25 del galáctico hemiciclo: ETA tenía razones para matar.
No se me escapa que la absurda idea de que el Parlamento europeo delibere sobre el “proceso de paz” tiene muchos partidarios. Son más o menos los mismos que apoyan la mesa de partidos, la intimidación de las víctimas y demás chanchullos en curso. Es lógico, porque las razones para apoyar estas cosas son las mismas, y se resumen en un relativismo ético y político insondable. Superando al Groucho Marx que decía “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”, los mismos que se afanan en justificar la mesa de partidos y el debate de Estrasburgo pretenden escamotear el hecho de que la una y el otro nunca tendrían lugar de no exigirlos ETA. Lo que roza el sarcasmo es que, además, nos pidan tragar sin rechistar la estúpida falacia de que los terroristas serán razonables después de que les hagamos todas las concesiones que quieran. Que tras relegalizar de facto a Batasuna, violar los procedimientos democráticos con mesas extraparlamentarias, atacar la autonomía judicial manipulando la fiscalía, y conceder que “el pueblo vasco tiene derecho a decidir incluso sobre su vínculo con el Estado”, entonces los terroristas se apaciguarán y pasarán a dialogar amigablemente el reparto de carteras con socialistas y nacionalistas gobernantes.
La verdad: si se trataba de conseguir la paz como fuera, paz a la franquista, nada hubiera sido más sencillo que dar la razón a ETA desde el principio. Nos hubiéramos ahorrado funerales, dolor y persecución. Estafa, inmensa estafa la de Estrasburgo.
(Carlos Martínez Gorriarán es profesor de Filosofía en la Universidad del País Vasco)
Carlos Martínez Gorriarán, ABC, 24/10/2006