No conozco unanimidad superior a la que concita entre nosotros el Concierto Económico. Todos, socialistas y nacionalistas, comunistas y conservadores, derechas e izquierdas, verdes y ecologistas, manifiestan su apoyo sin fisuras al meritado Concierto.
No conozco unanimidad superior a la que concita entre nosotros el Concierto Económico. Todos, socialistas y nacionalistas, comunistas y conservadores, derechas e izquierdas, verdes y ecologistas, absolutamente todos los representantes de la ciudadanía vasca que poseen alguna voz manifiestan su apoyo sin fisuras al meritado Concierto. Cualquier atisbo de que se ponga en cuestión el más mínimo de sus desarrollos normativos recibe una repulsa inmediata que procede de todos los rincones de nuestro país.
A mí, qué quieren que les diga, tanta unanimidad me desasosiega profundamente, me hace sospechar instintivamente que hay algo moralmente reprobable que, por íntima vergüenza, se oculta bajo toneladas de adhesión patriótica. Porque es que el asunto se las trae. Siguiendo los datos de mi admirado Ignacio Marco Gardoqui, resulta que Euskadi posee un régimen fiscal bilateral con España que nos garantiza, caso único en el Estado -salvo Navarra, claro-, una balanza fiscal positiva. Ahora que las reivindicaciones catalanas están de actualidad, es sorprendente notar que Cataluña tiene un saldo negativo equivalente a 624 euros por habitante y año, mientras que Euskadi lo tiene positivo de 229 euros también por habitante y año. Vamos, que además de ser los más ricos, somos los menos solidarios.
Pero no se trata sólo de eso, del privilegio que supone nuestro régimen de Concierto por el mero hecho de existir, sino que encima reclamamos el derecho a competir con el resto de España mediante rebajas en la presión fiscal sobre los beneficios de las sociedades. Una rebaja que, sin duda, podemos permitirnos gracias precisamente a nuestro privilegio financiero. Y cuando los tribunales lo cuestionan, todos gritamos indignados: ¿Se cuestiona nuestra capacidad normativa, se discute la piedra angular de nuestra autonomía!
Ustedes me perdonarán, debo de ser muy tonto, pero hay algo que no entiendo. Resulta que aquello que no admitiríamos ni por asomo en las relaciones entre ciudadanos (que los pobres financien fiscalmente a los ricos, una especie de redistribución a la inversa), aquello que nos resultaría execrable por contradecir a la más relajada noción de justicia, sin embargo, nos resulta unánimemente excelso cuando se trata de relaciones entre naciones, regiones, entes asociados o lo que sean. La idea que hay en el fondo es la de que fuera de nuestra sociedad existe un mundo prehobbesiano en el que cada uno es un lobo para los demás y en el que el egoísmo es norma.
Aunque, bien mirado, esta doble vara de medir para lo individual y lo colectivo no es tan extraña, hasta parece que se va a imponer como forma obligada de pensamiento en España. En efecto, obsérvese cómo ya la izquierda asume con naturalidad y desparpajo que lo que entre ciudadanos es criterio obligado de justicia, entre entidades nacionales o regionales lo es de ‘solidaridad’. Maravilloso hallazgo el de este término, tan bonito, que tal como se usa no es sino un sucedáneo laico de la antigua ‘caridad cristiana’. Porque obsérvese que la solidaridad de marras es voluntaria y graciable: cada uno mide su solidaridad según su interés (‘la caridad bien entendida empieza por uno mismo’) y hasta puede condicionarla al adecuado comportamiento ahorrativo del socorrido (‘dar a quien se lo merece’). Vamos, que su parecido con la justicia es pura coincidencia. ¿Se imaginan a un líder político defendiendo que los ricos sean voluntariamente caritativos (solidarios) con los pobres? Supongo que sí, pero en el siglo XIX. Pues si se trata de entes colectivos los tienen ahora mismo en su derredor.
Y la misma inversión individual-colectivo se produce en el pensamiento cuando se nos fundamenta el régimen financiero en los ‘derechos históricos’ de Euskalherria. ¿Pero es que nos hemos vuelto todos cínicos? La historia nunca ha sido criterio válido de justificación de ningún derecho. ¿Hasta ahí podíamos llegar! ¿Se imaginan a los nobles, los clérigos, los estamentos, los señores, las cofradías y demás personas del antiguo régimen diciendo a los revolucionarios liberales que sus derechos eran históricos como argumento para respetarlos? Pues eso precisamente, respondían los tímidos liberales, la única justificación de vuestros derechos es la historia, la tradición; y ha llegado el día en que la única justificación admisible para los derechos de las personas es el tribunal de la razón. Así que se acabaron los derechos por tradición. Si no hubiera sido así, conservaríamos el derecho de pernada, los mayorazgos, las alcabalas feudales y demás derechos históricos.
Bueno, pues algo que es evidente para las personas no lo es para los entes colectivos. Y resulta que éstos pueden ir por el mundo, en pleno siglo XXI, alegando la Historia como título suficiente para cualquier privilegio. Y no hablo del Derecho (con mayúscula) Civil propio, algo que cualquier comunidad puede conservar porque no entraña privilegio alguno, sino de derechos (con minúscula), derechos subjetivos en sentido estricto. Sencillamente sorprendente.
Oímos cómo Europa reclama la progresiva igualación de los regímenes fiscales; oímos a los franceses, y a tantos otros entre nosotros, clamar contra la deslocalización de empresas favorecida por el ‘dumping’ fiscal de los nuevos Estados socios. Nos proclamamos fervientes europeos. Pero, ¿oh maravilla!, en el caso concreto de Euskadi nos parece muy bien la práctica de la diferencia fiscal a costa de las comunidades menos ricas.
Es probable que yo esté equivocado, pero a mí tanta unanimidad me recuerda a las de las juntas de accionistas de las sociedades mercantiles. Allí acuden ciudadanos que disputarían interminablemente sus opciones ideológicas o identitarias cuando están fuera. Pero que aplauden todos a una cuando ya dentro les presentan una buena cuenta de resultados. En eso hay unanimidad, en el interés de que la empresa obtenga beneficios. Resulta que sólo considerando a Euskadi como una empresa, como ‘Euskadi, S.A.’, estamos todos de acuerdo. ¿Comprenden mi desasosiego?
J.M. Ruiz Soroa. El Correo, 30/10/2005