EL CORREO 05/12/12
El Gobierno vasco en funciones denuncia que «rompe todos los consensos» y estudia si el proyecto de ley es constitucional.
SAN SEBASTIÁN. Si alguien pensó alguna vez que existía alguna posibilidad de alcanzar un consenso en educación estaba equivocado. La reforma de la enseñanza que prepara el Gobierno central fue ayer el objeto de un desacuerdo generalizado por parte de las autonomías no regidas por el PP, cuyos responsables llegaron a amenazar con la insumisión y acusaron al ministro de Educación, como lo hizo la consejera vasca en funciones, Isabel Celaá, de haber «roto todos los consensos». «El tratamiento que hace de las lenguas es inaceptable y brutal desde una perspectiva legislativa», afirmó.
En este contexto poco se podía esperar de la Conferencia General de Educación, que reunió en Madrid al ministro José Ignacio Wert con los responsables educativos autonómicos para debatir el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El encuentro, al que no pudo acudir Celaá (en su lugar asistió la viceconsejera Marian Ozcariz), comenzó con una queja formal por parte de los representantes de Euskadi, Cataluña, Canarias, Asturias y Andalucía. Todos ellos se negaron a reconocer la validez de la reunión como trámite previo para dar el visto bueno al anteproyecto. La consejera catalana en funciones, Irene Rigau, fue más lejos y, tras expresar sus quejas, abandonó el encuentro.
El nuevo borrador con el que Wert sorprendió ayer a sus interlocutores da un paso más atrás en uno de sus aspectos más polémicos, el del tratamiento de las lenguas cooficiales. El cambio abre la posibilidad, antes negada, de que estas lenguas sean evaluadas en cada centro docente. «El ministro va de un texto a otro, lo que se trae entre manos es un ejercicio esquizofrénico. Nos ha estado haciendo trabajar sobre un texto que era una pantomima, porque apenas 24 horas antes de la conferencia nos ha presentado un borrador completamente diferente», aseguró Celaá.
Es un cambio que no le sirve a la consejera, para quien el borrador «es una propuesta hecha por el PP y para el PP, que viene a reproducir casi miméticamente la política educativa de la Comunidad de Madrid». «Es un proyecto –añadió– de la derecha pura y dura que, en vez de acercar posiciones, ahonda aún más la sima que nos separaba».
El borrador clasifica las asignaturas en tres tipos de materias: troncales (castellano, la primera lengua extranjera y Ciencias), específicas (una amplia lista entre las que se hallan Religión y Educación Física) y de especialidad, donde se encuadra la lengua cooficial, que pierde de esta manera su condición troncal.
Apropiarse de competencias
El proyecto establece que si en alguna localidad no existe oferta docente pública o concertada para estudiar en castellano, «los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados» y el gasto lo tendrá que sufragar el Gobierno autonómico. Además, plantea que las administraciones educativas «podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano».
A juicio de Celaá, el tratamiento que se le da en el borrador a las lenguas cooficiales «rompe todos los consensos». «Wert supera todas las barreras y hace que las lenguas cooficiales aparezcan en un entramado que es como una selva porque no hay forma alguna de garantizar qué desarrollo curricular van a tener», señala. Para la consejera, el texto se apropia además «de forma inaceptable de la competencia para configurar el sistema bilingüe cuando este aspecto siempre ha estado en manos del Gobierno Vasco».
El borrador recoge una vieja aspiración de la Conferencia Episcopal al dar a elegir obligatoriamente a los alumnos entre ir a clases de Religión o a la de Valores Sociales y Culturales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Si su nombre no termina cambiando, estas dos últimas asignaturas sustituirán a la Educación Cívica y Constitucional, que era la asignatura que en el anterior borrador iba a suplir a la extinta Educación para la Ciudadanía.
El Gobierno da en su texto más peso a las evaluaciones y cede a los centros docentes la potestad de que al finalizar el segundo o tercer curso de Educación Primaria realicen una «evaluación individualizada». El ministerio, no obstante, no especifica si el suspenso de este examen supondrá la repetición de curso o no. «De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente del centro deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas». El resto de las reválidas –término que no le gusta en absoluto a Wert– también sufren pequeñas modificaciones. La prueba del sexto de Primaria, que era una evaluación sin valor, pasa a manos de las comunidades autónomas. En cambio, el ministerio mantiene en su poder los controles de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato.
Fuentes del Departamento vasco de Educación señalaron ayer que sus servicios jurídicos han comenzado a estudiar el borrador del proyecto para evaluar si cabe presentar un recurso de inconstitucionalidad, tarea que previsiblemente deberá decidir el próximo Ejecutivo de Urkullu. Las mismas fuentes indicaron que de una primera lectura se deduce que el nuevo texto «invade más competencias que el anterior porque intenta legislar en un campo como es la normalización lingüística».
Nueva reunión el día 19
Las quejas de los consejeros críticos con el borrador surtieron efecto durante la reunión de ayer. Después de tres horas de debates el resultado más trascendental del encuentro es que se celebrará uno más el próximo día 19. Marian Ozcariz, entre otros, había presentado al comienzo de la conferencia un defecto de forma porque no se había cumplido el plazo mínimo de diez días entre la remisión de la documentación ministerial a las comunidades y la convocatoria. La consejera catalana de Educación en funciones, Irene Rigau, fue más allá y se marchó al considerar «inadmisible» el borrador por restringir la enseñanza en catalán. Wert le replicó horas más tarde y dijo que «en la reforma no hay ningún elemento que minusvalore la importancia del catalán».
EL CORREO 05/12/12