Editorial, ABC, 31/8/12
Una enfermedad no redime la culpa de un asesino. No hay criterio que obligue a ahorrar a Bolinaga un minuto de cárcel si médicamente no es imprescindible su excarcelación
LA puesta en libertad del etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga era el desenlace más previsible a la vista de cómo han evolucionado los acontecimientos. Sobre todo, tras la obsequiosa visita del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, al etarra y a los médicos del centro donostiarra donde es tratado por su cáncer. La comparación con el caso de Juan Ignacio de Juana Chaos es inevitable. Este etarra, actualmente huido, fue también puesto en libertad por el juez Castro, como quería entonces el Gobierno socialista, pese a tratarse de un chantaje con forma de huelga de hambre. Justo es reconocer que en el caso de Bolinaga hay un diagnóstico de cáncer. Pero no es terminal, ni requiere un tratamiento que no pueda serle administrado —por ahora— en prisión, según dictaminó la forense de la Audiencia. La desautorización de esta profesional y el precedente que se ha sentado para casos similares no serán gratuitos en el futuro porque ETA siempre toma nota de estos episodios en los que el Estado responde con confusión. Afortunadamente, la decisión del juez Castro es apelable ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la impugnación de su auto paralizaría la salida de Bolinaga. Ahora bien, el recurso depende exclusivamente de la Fiscalía, lo que debería hacer por coherencia con su oposición a la concesión de la libertad condicional de Bolinaga, aunque no recurriese la del tercer grado penitenciario. Tiempo nuevo, sin duda, el que afronta la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida aún por Javier Zaragoza, que pone ahora, en frenar la salida de Bolinaga, todo el empeño que en su día puso en facilitar la de De Juana Chaos.
La excarcelación de un preso cuando su enfermedad requiere tratamiento hospitalario o cuando está próximo su fallecimiento es una decisión que nadie puede criticar. Por el contrario, el sentido humanitario de la ley penal se hace especialmente exigible en el ámbito penitenciario. Pero una enfermedad, por grave que sea, no redime la culpa de un asesino implacable, feroz secuestrador, que estuvo dispuesto a dejar que Ortega Lara muriera de hambre en su tumba de Mondragón. No hay criterio humanitario que obligue a ahorrar a Bolinaga un solo minuto de cárcel mientras médicamente no sea imprescindible su excarcelación. El Gobierno debe reflexionar sobre el coste de este lamentable episodio, que ha sido una cadena de errores, porque tenía otras formas de gestionarlo. El «caso Bolinaga» ha abierto una fractura con las víctimas de ETA que se debe reparar urgentemente.
Editorial, ABC, 31/8/12