Falta un discurso político

· Después del simulacro de consulta en Cataluña, el presidente Rajoy no puede sentirse satisfecho

Muchos ciudadanos catalanes votaron ayer. Celebraron su ‘Diada bis’ en las urnas de cartón facilitadas por la Generalitat. En un simulacro de nulas consecuencias políticas; cierto. Pero votaron. Por mucho que el presidente Rajoy subrayara, con menos insistencia y consistencia de la debida, que lo acontecido ayer poco tenía que ver con una votación democrática, el hecho es que Artur Mas, sin esconderse, logró que los catalanes que llevan dos años movilizándose en los 11 de septiembre manifestaran su deseo de romper con España.

Teniendo en cuenta que ni fue un referéndum ni se trataba de la consulta decisiva porque la Constitución impide la celebración de preguntas secesionistas en el ámbito de una comunidad autónoma, el número de votantes cobraba una importancia capital para los organizadores. Pero lo más decisivo para que los nacionalistas catalanes sigan presionando al Gobierno de Rajoy es el hecho de que se haya podido celebrar la consulta. El Estado democrático ha logrado rebajar el perfil de la votación. Cierto. Pero el problema sigue ahí. Ibarretxe no se atrevió a tanto como Mas. Entendió que no podía celebrar un referéndum ilegal en cuanto el Tribunal constitucional lo invalidó. Se guardó la ley de consulta para mejor ocasión. Y convocó elecciones anticipadas. Pero el president de la Generalitat seguirá presionando. Y el Gobierno tendrá que ofrecer algo más que una postura defensiva. Porque los independentistas catalanes ya no están dispuestos a aplazar la solución a sus exigencias.

Durante las dos jornadas previas al 9-N fui testigo del ambiente de propaganda tan cuidadosamente preparado por la ANC y Omnium cultural, sostenidos por ERC y apoyados por el Gobierno de la Generalitat. Las farolas de las calles de pueblos y ciudades «adornadas» con bolsas amarillas que recordaban a la gente la importancia de la cita dominical. Los voluntarios que, en grupos de tres, apuraban las últimas horas de la campaña llamando a los portales con pasquines incitando a los vecinos a que no dejaran pasar la oportunidad de acudir a las urnas de cartón. Y las radios. La RAC , como si se tratara de los muecines llamando insistentemente a la oración, cumpliendo con su cometido. Los locutores repitiendo hasta la saciedad que ellos iban a votar. Y, entre proclama y proclama a favor de la «libertad», insertaban anuncios publicitarios que, en lugar de promocionar artículos de consumo o programas propios en el caso de las cadenas públicas, consistían en poner la voz de Carme Forcadell cuando le emplazó a Artur Mas de esta guisa: «President. ¡Ponga las urnas!». En este plan.

Ya ha pasado el 9-N. Y el Gobierno de Rajoy no puede estar satisfecho. Artur Mas, a partir de hoy, con la carta que le dirigirá al presidente del Ejecutivo, piensa en su nueva etapa. Ya ha exprimido todo el capítulo de la consulta en sus diferentes versiones. Sabe que no se puede comparar con el proceso de Escocia en donde el referéndum fue legal y además ganó el «No» porque las más importantes empresas anunciaron su intención de trasladar sus sedes a Inglaterra si Escocia se independizaba. Pero confía en que se abra un margen de negociación similar al prometido en Escocia. Quizás los 23 puntos con los que se presentó en La Moncloa.

Pero no le queda mucho tiempo. Tampoco muchas opciones. O agota la legislatura. O convoca elecciones anticipadas. En los dos casos necesita ayuda. Desde que fue perdiendo fuerza en 2012, sabe que CiU ya no aglutina apoyos. El defensor a ultranza del derecho a votar resulta que le tiene aversión a la convocatoria de nuevas elecciones porque sabe que, si se presentase solo, acabaría por confirmar su fracaso. Si agota la legislatura, necesitaría por lo menos al PSC. Si convoca elecciones, tendría que pactar un programa electoral «especial» para que ERC admitiera una coalición extraordinaria.

En Cataluña, se ha dado cierta prudencia empresarial a la hora de manifestar públicamente los temores frente a un posible proceso de ruptura con España mientras el primer banco estadounidense por activos, JP Morgan recomendaba a sus clientes no invertir en deuda española por la incertidumbre que generaba el ascenso de Podemos en las encuestas de intención de voto y el desafío soberanista de la Generalitat.

Desde el resto de España, el nuevo líder del PSOE, superando a su antecesor Zapatero, al proponer todo tipo de iniciativas que logren apaciguar a los independentistas, debilita el discurso constitucionalista. El PSOE dando volantazos, forzado por el PSC. A los de Iniciativa per Catalunya ya no le siguen ni los suyos. UPyD denuncia las trampas del proceso. Como Ciudadanos. Pero el PP sigue a la defensiva. Con una falta de discurso constitucionalista por parte del Gobierno, que clama al cielo. Ese mensaje del respeto a la ley y la democracia ha resultado correcto pero insuficiente. Tan técnico en lo jurídico, tan poco sólido en lo político.

Horas antes de que se produjera el simulacro de consulta grupos de ciudadanos movilizados en torno al Manifiesto ‘Libres e iguales’ leían el mismo texto en diferentes ciudades. En él, se referían a la votación del ayer como «un acto simulado de democracia con la intención de privarnos de una parte de nuestra soberanía ciudadana (la de los españoles) y de mutilar nuestros derechos políticos». Pero los nacionalistas llevan muchos años trabajando por su causa. Los ciudadanos liberales, tan defensores del individualismo y tan recelosos de lo gregario parece que acaben de despertarse. Y no tienen quién les defienda. Al Gobierno de Rajoy le falta un sólido argumento político.