«¿Han explicado a los catalanes que perderían sus derechos en España?»

EL CORREO 09/04/14

· El presidente del Gobierno asegura que «no bastan las urnas para que un acto sea democrático» y recuerda que también es preciso «el respeto a la ley»

Ni propuestas para mejorar la financiación de Cataluña ni para aumentar las competencias de esta comunidad autónoma para que se sienta a gusto en el encaje del Estado. Mariano Rajoy se limitó a enumerar los preceptos legales que impiden al Parlament convocar un referéndum de autodeterminación. «Perdónenme la vanidad, pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes», espetó el presidente del Gobierno a los portavoces de CiU, ERC y ICV en la Cámara autonómica, que defendieron en Madrid la potestad de esa institución de celebrar una consulta independentista.

Una intervención, muy aplaudida por la bancada popular, en la que fijó de manera clara la postura de su Gobierno. «¡Qué gran oportunidad ha perdido Artur Mas de debatir con Mariano Rajoy con luz y taquígrafos!», comentó Soraya Sáenz de Santamaría en una conversación informal con los periodistas en el pasillo del Congreso tras las palabras de su jefe de filas. Un diputado popular, por el contrario, ponía en duda que, «dado el nivel demostrado» por los portavoces catalanes, el presidente del Gobierno hubiera hecho bien en tomar la palabra en el debate. Rajoy trufó sus argumentos jurídicos con apelaciones a los sentimientos que unen a catalanes y españoles.

El presidente, que nunca emplea su lengua materna –gallego– ni para cerrar los mítines del PP en Galicia, llegó a pronunciar una frase en catalán. «La feina ben feta», dijo el jefe del Ejecutivo para resaltar el amor por el trabajo bien hecho.

Rajoy, no obstante, retó a los defensores de las tesis separatistas a que expliquen a los catalanes que si siguen por esta senda «perderían todos los derechos que les corresponden en España como ciudadanos españoles, incluido el de la libertad de entrada y circulación en su propia patria», declamó. Una alusión a una de las cuestiones más polémicas, la posibilidad de que los jubilados catalanes que perciben una pensión del Estado español puedan perderla.

El jefe del Ejecutivo, además, atacó una de las premisas que más repiten los nacionalistas: que la democracia no se entiende sin las urnas. «No bastan las urnas para que un acto sea democrático. ¿Qué es lo que falta? El respeto a la ley», sentenció.

Rajoy, en un tono firme pero alejado de estridencias, reclamó a los partidos que apoyan la consulta que no pongan de ejemplo el referéndum separatista que celebrará Escocia el próximo mes de septiembre. «Y no me hablen de Escocia, porque si tuviera la mitad de la mitad de las competencias que tiene Cataluña, no se tomarían tantas molestias».

Ilegalidad
El jefe del Ejecutivo explicó que no es posible atender la solicitud del Parlament de celebrar un referéndum de autodeterminación «porque no lo permite la Constitución». Y esto es así porque, «independientemente del uso que se le quiera dar, es una competencia indelegable», remachó.

Rajoy recurrió a su habitual retranca gallega para afear al presidente de la Generalitat su decisión de quedarse en Barcelona y, de paso, para justificar el ‘no’ del Ejecutivo. «No es algo que podamos resolver el señor Mas, aunque hubiera venido hoy, y yo con un café. Ni aunque nos tomáramos quinientos cafés seguiría faltándonos lo que no tenemos: la potestad que la Constitución nos niega».

El presidente incidió en su disposición al diálogo, pero sobre «los problemas reales de los catalanes», es decir, que mantiene su negativa a especular sobre cualquier posibilidad de negociar una consulta para testar el grado de apoyo a las tesis independentistas. «Un diálogo dentro de los límites que nos exige la Constitución y sobre aquellas cuestiones que la Constitución nos permite dialogar», zanjó.

El jefe del Ejecutivo retó también a CiU, ERC e ICV a que utilicen la única puerta que, a su juicio, está abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de las cosas: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Una posibilidad que, de antemano, también cuenta con el rechazo del Gobierno y del PP porque entienden que no se dan las condiciones para emprender una reforma de este calado y que, en cualquier caso, la nueva Constitución podría ser aprobada con menos apoyo que la actual.