La increíble respuesta a las sentencias del Supremo contra la inmersión lingüística dada por los partidos catalanes CiU y PSC –acaban de firmar un pacto en el que acuerdan, de hecho, incumplirlas– constituye un paso más, de extraordinaria gravedad, en su línea de constantes desafíos a la legalidad vigente.
No hay que ser un finísimo jurista -basta con ser intelectualmente honesto- para constatar, sin duda alguna, que los sistemas de inmersión lingüística aplicados desde hace años en España chocan de manera frontal con el principio de cooficialidad previsto en nuestra ley fundamental.
Reconociendo, como era lógico, la existencia de lenguas regionales, nuestra Constitución las consideró cooficiales en sus zonas respectivas, junto al castellano, lengua común de todos los ciudadanos españoles. Que, a partir de tal declaración de cooficialidad, el castellano haya podido desaparecer de algunos territorios como lengua vehicular de la enseñanza es un misterio nada difícil de explicar: una combinación del sectarismo lingüístico de los nacionalistas y la falta de coraje de los no nacionalistas acabó pronto por conducir al disparate de que cientos de miles de niños no pudieran estudiar en castellano, pese a ser esa una de las lenguas cooficiales del país en el que viven.
Pues bien, parece que ese disparate político y jurídico -fuente, durante años, de incontables atropellos de los derechos personales- está a punto de acabarse, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que, ajustándose a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la resolución que resolvió el recurso del PP contra el Estatuto catalán, han declarado que la inmersión lingüística constituye una violación obvia y flagrante del principio de cooficialidad que nuestra Constitución estableció.
Algunos lo afirmamos así con claridad en cuanto pudimos leer la sentencia del Constitucional, pero han sido necesarios los recientes pronunciamientos del Supremo para que la doctrina en materia lingüística del máximo intérprete de la Constitución se haga jurídicamente operativa, poniendo así las bases de lo que de inmediato debería suceder: que en las comunidades donde existe el sistema de inmersión se reformen las leyes que lo regulan para proceder a derogarlo.
La increíble respuesta de los dos primeros partidos catalanes (CiU y PSC) -que acaban de firmar un pacto para la investidura de Artur Mas en donde acuerdan, de hecho, incumplir las citadas sentencias del Supremo- constituye, sin embargo, un paso más, de extraordinaria gravedad, en su línea de constantes desafíos a la legalidad vigente. Y si ello es muy preocupante en el caso de CiU, lo es mucho más en el del PSC, que, con el rumbo ya perdido por completo, insiste en la política de marginalidad que lo ha llevado a obtener, aún no hace un mes, los peores resultados de su historia. Estos son, al fin, los lodos de la política de confluencia con los nacionalistas que Zapatero, irresponsablemente, inauguró con los efectos demoledores que hoy están bien a la vista.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 26/12/2010