EL MUNDO – 04/07/16 – SANTIAGO GONZÁLEZ
· A veces da la impresión de que la función política del PSC, más en tiempos como estos, es mejorar la opinión que cualquiera pudiera tener del PSOE. Miquel Iceta ha apuntado a la vía canadiense como un posible modelo para el soberanismo autóctono.
Debo confesar que la insistencia socialista no ha conseguido convencerme de las bondades de la reforma federal en la que tanto insisten. Pero reclamar la vía canadiense como un plan b si la cosa federal no entusiasmara al independentismo catalán se me escapa más aún. O debo estar más atento o el primer secretari del PSC debería esforzarse más en sus explicaciones. «No sé si en España son conscientes de que el 48% de los catalanes quiere irse y que hay que hacer algo», ha dicho en una portentosa confesión de extranjería. Y con un manifiesto, desconocimiento de la Ley de la Claridad y sus condiciones.
Elisa de la Nuez explicaba razonablemente en estas páginas el sábado lo que era la vía canadiense para líderes desinformados. Insistiré un poco. El 25 de noviembre de 2003, el artífice de la Ley de la Claridad, Stéphane Dion, impartió su primera conferencia en España y a mí me cupo el honor de presentarla. Por la mañana, la Fundación para la Libertad, que había organizado el evento, lo llevó a las sedes de los partidos vascos, en los que sólo pudo entrevistarse con dirigentes del PP y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren. Ningún dirigente nacionalista se avino a un encuentro y ningún dirigente socialista asistió aquella misma tarde a la conferencia.
Durante el almuerzo, que se celebró en el hotel López de Haro y al que asistió el embajador de Canadá en Madrid, preguntó al entonces ministro de Relaciones Intergubernamentales por qué la Clarity Act y él respondió con la claridad que informaba su ley: «Porque en Canadá no hay una Constitución como la española», con su artículo 2 tan explícito sobre la soberanía nacional como patrimonio de todos los españoles.
La Ley de la Claridad no es una vía para hacer más fácil e indolora la vía a la independencia, sino más bien lo contrario, una carrera de obstáculos que el Gobierno liberal organizó para dificultar la ruptura. En Canadá las provincias pueden organizar referendos y Quebec había convocado dos, en 1980 y 1995. En el primero, el Partido Quebequés perdió por 19 puntos. En el de 1995, por 1,16 (49,42% contra 50,58%). Los obstáculos eran: una pregunta clara y una mayoría clara, concepto en el que la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá a la cuestión planteada por Dion insiste en 13 ocasiones. Será el Parlamento el que fije la mayoría clara. En ningún caso lo sería un 52%. Mucho menos, el 48% del que habla Iceta. La mayoría debe ser cualificada por dos razones: por la irreversibilidad del viaje y porque una mayoría frágil podría cambiar durante las negociaciones.
Si se dieran ambas claridades, comenzaría un proceso negociador en el que la provincia secesionista debería reconocer el mismo derecho a una parte de sí misma que prefiriese permanecer ligada a la Federación, una Barcelona que quisiera seguir siendo española, por ejemplo. También habría que negociar la compensación por grandes obras de infraestructuras que la Federación hubiera realizado en la provincia.
«En Canadá, la doble pregunta (del referéndum ilegal) se consideraría una manipulación», dijo Dion recientemente en Barcelona. También aquí, según debe de parecerle al TSJC, que ha sentado en el banquillo a los artífices de aquello.
EL MUNDO – 04/07/16 – SANTIAGO GONZÁLEZ